Este jueves, a partir de las 12:00 de manera virtual, se realizará el informe anual de actividades del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) y me gustaría compartir algunas reflexiones y dudas respecto al derecho al acceso a la información y la protección de datos personales.
Con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su intención de desaparecer los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para integrarlos a la administración pública centralizada, el primer reto de estos organismos es sobrevivir y mantener su autonomía.
¿Por qué la relevancia? Porque el gobierno, los sujetos obligados, no pueden ser juez y parte en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Al igual que en materia electoral, se requiere de árbitros que estén fuera de la cancha para regular la parte técnica sobre el cumplimiento de estas obligaciones y que se garantice el cumplimiento de estos derechos de la ciudadanía.
Han sido años de lucha para que la transparencia sea una realidad como parte de la real demanda de la rendición de cuentas de los gobiernos en el combate a la corrupción. Gracias a instituciones como el INAI o el IZAI hemos podido tener una radiografía de en qué se utiliza cada peso que gastan los gobiernos, o al menos en teoría.
Uno de los retos que también tienen que sortear estos organismos es que la transparencia sea efectiva y no parcial, como ha sido hasta ahora, pues aunque contamos con herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) para indagar en la información pública, aún sigue habiendo lagunas en la información.
Me explico. Uno de los ejes temáticos que quizá atraen mayor interés de la ciudadanía es en el ejercicio del recurso público a través de la contratación de obras, bienes y servicios, ya sea por licitación o por adjudicación directa, y aunque este concepto forma parte de las obligaciones de los sujetos obligados, no se trasparentan todos los contratos.
Lo ideal sería que la información que se carga en estas plataformas sea vinculante, que los montos de los contratos efectivamente correspondan con las partidas presupuestales de cada ejercicio fiscal y que se trasparente el 100%, no solo lo que al sujeto obligado le conviene para cumplir con esta obligación.
Y aunque contamos con alternativas como las solicitudes de información para que los sujetos obligados transparenten lo que demanda la ciudadanía, atendiendo a lo que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, si el propio ciudadano desconoce que se tiene un contrato con determinada empresa por cierto monto, ¿cómo solicita esa información cuando desconoce que existe?
De ahí la importancia de que la transparencia sea al 100% y que se vincule con el presupuesto anual de cada sujeto obligado, como en este ejemplo, que hablamos de temas presupuestales, aunque igual podrían ser sueldos, nóminas, listas de raya (cuando existen), balance de cuentas desglosado peso por peso (y no un resumen como en el Congreso de la Unión), entre muchos otros ejemplos.
Por otra parte, con el proceso de vacunación que ha revelado varias irregularidades en el país, me surge otra duda. Con esto de la intervención de los Servidores de la Nación en las Brigadas Correcaminos (cuya función no está clara ni ha sido especificada mediante un decreto, un comunicado, un oficio, algún documento oficial), al parecer están realizando el levantamiento de datos a quienes recibirán la vacuna.
Se ha comentado que además de solicitar copia de la CURP y la credencial de elector, los Servidores de la Nación están solicitando otros datos, sin siquiera un aviso de privacidad ni de protección de datos personales, mucho menos se aclara en qué se utilizarán esos datos y cabe la duda si entre esa información están teniendo acceso al expediente clínico de cada persona, lo cual sería una violación muy grave a la confidencialidad.
Como dije, estos temas deberían ser regulados por un árbitro externo a los sujetos obligados. ¿Por qué molesta tanto al presidente los órganos como el INAI? El argumento de un “excesivo gasto” parece más un pretexto que justifique su aversión a la transparencia, la cual resulta muy cara en la medida en que los sujetos obligados se niegan a ser transparentes.
Por lo pronto, veremos los avances en el último año desde el IZAI, el último año en el que participó la comisionada Norma Julieta del Río, hoy integrante del INAI. Fue un año marcado por la pandemia del COVID-19, sí, pero también donde se impulsaron acciones por la transparencia proactiva y se ejecutaron acciones para que los sujetos obligados cumplieran con sus obligaciones.
Lo que tengan que decir los comisionados Samuel Montoya y Fabiola Torres será interesante en plena coyuntura por la posible desaparición de los organismos autónomos.
