Este martes el Banco de México (Banxico) dio a conocer que durante el 2020 el país recibió más de 40 mil 600 millones de dólares por concepto de remesas familiares, un crecimiento anual del 11.5% respecto al 2019, aun en condiciones de pandemia.
El monto a primera vista parece impresionante, pues equivale a casi un 50% más del presupuesto del que dispone Zacatecas, y se podría pensar que ese flujo de dinero bien pudo haber motivado la llamada Ley Banxico, con la que se pretende obligar al Banco de México a comprar los dólares en efectivo que las instituciones bancarias no puedan colocar en los bancos de Estados Unidos.
La verdad es que el 98.9% de las remesas recibidas en el país fueron por transferencias electrónicas; solo el 0.7% (unos 276 millones de dólares) se manejaron en efectivo y según el propio Banco de México, en realidad no ha habido gran problema en que las instituciones bancarias coloquen esos dólares en bancos norteamericanos.
Si acaso unos 102 millones de dólares (un 2%) serían excedentes de divisas, un exceso de dólares almacenados en los bancos que no se han podido repatriar o colocar en el mercado nacional.
No es gratuito que tantas voces cuestionen la llamada Ley Banxico, que en resumen plantea que Banxico compre a los bancos sus excedentes de dólares o divisas; que esos dólares entren a las reservas internacionales; y que luego Banxico contrate los servicios de bancos mexicanos para reenviar las divisas excedentes a Estados Unidos.
Según el dictamen, estos excedentes que no pueden colocarse o ser repatriados afectarían a comerciantes dedicados al turismo y familias de migrantes a las que llegan las remesas, además de fomentar “un mercado negro de divisas” y la posibilidad de que los bienes incautados en la lucha al crimen y la corrupción se devalúen y pierdan su valor de uso social.
Esto no cayó bien en dos grupos: el Banxico y los connacionales. En el caso de Banxico, de inicio la iniciativa atenta contra su autonomía, sin olvidar que se le obligaría a integrar ese exceso de divisas a las reservas internacionales, con el riesgo de que ingrese dinero de procedencia ilícita que comprometería esas reservas con las cuales se paga la deuda externa y sirve de colchón para necesidades emergentes del país.
Por el otro lado, a los migrantes no cayó bien la noticia de que se les usara de pretexto para impulsar esta iniciativa, pues la verdad es que los paisanos nunca o rara vez han tenido problemas para manejar dólares.
Los propios datos de Banxico indican que el mayor flujo de dólares se registra en las zonas fronterizas, en centros turísticos con gran afluencia de viajeros internacionales o en las poblaciones con altas tasas de migración internacional. El dinero en efectivo, como ya se dijo, representa una proporción insignificante para el total de remesas recibidas.
El gran problema, sin embargo, ha sido las altas tasas de interés que cobran las empresas de envíos de dinero y para mejorar esta situación se requiere modificar el sistema bancario. Mientras en Estados Unidos se pueden realizar estas transferencias desde un celular, en cajeros automáticos o efectuar operaciones en bancos comunitarios, en México el sistema es muy tardado.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya tienen un plan: los Bancos del Bienestar se encargarán de administrar el envío de remesas, especialmente en las localidades de alta marginación, lo que dicen, contribuiría a mejorar el tipo de cambio, a pesar de que estos Bancos del Bienestar no están del todo regulados.
Por el contrario, estas iniciativas lo que están fomentando es una especie de “criminalización” de los migrantes, como si en las remesas pudiera haber margen para la operación con dinero de procedencia ilícita, sin olvidar que una imprudencia financiera pondría en riesgo las reservas internacionales y todo lo que implicaría para el país.
¿Cuál es el interés de fondo con esta iniciativa?, ¿facilitar operaciones con recursos de procedencia ilícita?, ¿quién se beneficiaría con la propuesta? Una cosa es segura: ni los migrantes, ni Banxico, ni las instituciones bancarias tendrían un beneficio.
