Con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque seguramente los legisladores pasaron la madrugada de este miércoles discutiendo (y votando en contra) cada una de las 412 reservas al dictamen.
El debate fue desgastante y no era para menos. Por un lado, quienes defendían el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y acusaban la privatización de bienes nacionales, mientras del otro lado acusaban retroceso y el hecho de privilegiar energías contaminantes por encima de las energías limpias, atentando contra la libre competencia.
Tal vez uno no entienda mucho de términos técnicos en varios temas, pero es difícil que se preste a confusiones el hecho de que en la oferta de energía eléctrica se garantice en primer término los Contratos de Cobertura Eléctrica con compromiso de entrega física y en segundo lugar, el suministro de energías limpias.
Claro que hay muchos otros puntos que generaron un álgido debate desde hace días y que llegó a un momento tenso durante la discusión del dictamen de reforma en la Cámara de Diputados, principalmente porque se entienden condiciones “preferenciales” para la CFE frente a la iniciativa privada y organismos que dependen de la Comisión tendrían la voz cantante para la autorización de esos contratos. Hasta le tocó a la Comisión Reguladora de Energía.
Cierto es que el 60.6% del mercado eléctrico mayorista estaba acaparado por competidores privados, pero no era para menos. Amén de las reformas en administraciones previas que permitieron esta situación, ningún gobierno se preocupó por dar viabilidad a la CFE.
¿Por qué la importancia de esta acción? Según he tratado de entender el Proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador (y este cambio de paradigma en la forma de gobernar), la Cuarta Transformación buscaría la soberanía nacional, incluyendo los recursos y riquezas del país, y en esa línea se trataría de lograr la autosuficiencia y cortar con la dependencia de otras naciones, principalmente a las que llaman “economías neoliberales”.
Yo recuerdo que hace ya como dos o tres décadas el costo de la energía eléctrica, la luz en nuestros hogares, era muchísimo más económico, pero la verdad es que ese costo tenía un subsidio del gobierno que con el tiempo se fue eliminando, aunado al incremento en el costo de producir energía eléctrica en un país que no contaba con la infraestructura suficiente para garantizar el abasto a un precio que no impactara en el bolsillo de las familias.
También me viene a la mente ese movimiento encabezado por el hoy presidente, quien hace unos años llamó a una especie de “insurrección” en el estado de Tabasco (mi estado natal) para que las familias dejaran de pagar su recibo de la luz. Recientemente se les condonó ese “adeudo” a 607 mil 165 usuarios domésticos, por un monto superior a los 11 mil millones de pesos.
Una “nada” si se considera que la propia CFE ha estimado un daño por 412 mil millones de pesos por subsidios, arriegos cambiarios y de inflación, bajo despacho y tarifas crecientes de haber continuado el esquema vigente hasta antes de la reforma votada este martes en la Cámara de Diputados.
¿Pero es conveniente? Muchos dirán: “si no es ahora, ¿cuándo?”. El problema es que ante una pandemia por el COVID-19 que ha generado numerosas pérdidas a la economía del país, ambos temas (salud y economía) deberían estar entre las prioridades y los efectos de esta reforma quizá alcancen a impactar en el bolsillo de familias que hoy apenas sobreviven en medio de esta crisis sanitaria.
Lo cierto es que la tormenta invernal que ha impactado en Estados Unidos, principalmente en Texas, dejó ver la alta dependencia de México para abastecerse de gas para la producción de energía y, en consecuencia, el funcionamiento de numerosas industrias (grandes empresas) en el norte del país.
Buscar en este momento esa soberanía energética tal vez no sea lo más adecuado. Incluso se pudo pensar en otra ruta, primero generando las condiciones para que la CFE fuera, en efecto, un organismo competitivo y en condiciones de garantizar el abasto actual y reducir paulatinamente la participación de la iniciativa privada.
No sería la única medida a la que México estaría obligado en esa búsqueda de soberanía. Habría que plantear la creación de una rama derivada de la CFE enfocada en energías limpias para así atender a los tratados internacionales como el T-MEC y evitar afectaciones en una economía global. Recuérdese la caída del 11.7% en la Inversión Extranjera Directa durante el 2020. ¿De qué tamaño podría ser la caída si no hay condiciones claras, si no hay certeza para inversionistas?
Lo que me queda claro es que esta reforma, aunque no contaba con las condiciones para transitar en la práctica reduciendo su impacto negativo, fue aprobada “fast track” con la aplanadora de la mayoría en turno, como si se previera una pérdida en las urnas el próximo 6 de junio. Al tiempo.
