Hoy la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) está poniendo la muestra (o sirviendo de conejillo de indias) con el proceso interno para la renovación de la Rectoría, Unidades Académicas y el Consejo Universitario en medio de esta pandemia por el COVID-19.
Los aspirantes tuvieron que recurrir a la virtualidad para hacerse notar y desarrollar sus campañas para ofrecer sus propuestas. Y aunque el proceso no ha estado exento de múltiples denuncias por irregularidades de todo tipo (hasta amenazas para coaccionar el sentido del voto), también hay otra preocupación cada vez más creciente: el sistema de votaciones.
Las condiciones de esta contingencia sanitaria evidentemente limitan las aglomeraciones, lo que ha implicado un enorme reto para la Máxima Casa de Estudios y al parecer la alternativa para la jornada electoral será una votación electrónica a fin de evitar exponer la salud de la comunidad universitaria.
Sobra decir que se han detectado fallas en la plataforma e incluso en los registros, tal como ha ocurrido en el Instituto Nacional Electoral (INE) desde que en el 2014 fue aprobado el voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero.
Recordemos que en el proceso electoral 2015-2016 aún se tenía la modalidad del voto por correo postal, que para ese proceso tuvo un costo de 92 mil 190 pesos por voto recibido. En total se recibieron solo 80 votos, pero se invirtieron más de 7 millones de pesos.
Para la elección del 2021 el INE ha dispuesto en sus lineamientos la posibilidad del voto por correo postal y de manera electrónica para los mexicanos radicados en el extranjero; sin embargo, los paisanos han insistido en que se dé prioridad al voto electrónico y que se agilicen los trámites para poder participar.
¿Por qué es importante este punto? Porque si consideramos el precedente que está dejando en este momento la Universidad Autónoma de Zacatecas, nuestro país pudo haber planificado con tiempo la posibilidad de que la jornada electoral se desarrollara de manera electrónica, sin exponer a la ciudadanía a nuevos contagios mientras hace largas filas en las casillas electorales.
Desde el año pasado, incluso cuando se discutía la distribución de los presupuestos, ya se sabía que la pandemia por el COVID-19 seguiría haciendo mella durante todo el 2021. La solución que encontraron fue destinar más de 311 millones de pesos para instalar “filtros sanitarios” en cada una de las 164 mil 550 casillas electorales.
Tal vez con ese recurso se pudo desarrollar una plataforma confiable, cuyo sistema no se “cayera” como aquella anécdota de Manuel Bartlett, y generara no solo mejores condiciones para votar en medio de una pandemia, sino que se daría certeza sobre la confidencialidad (el voto es secreto, en teoría) y se tendría mayor inmediatez en el cómputo de los resultados.
Por supuesto que hay que considerar que no toda la población tiene conectividad a internet, o computadora o un celular desde el cual pudiera emitir su voto de manera electrónica. Pero sería una ventaja considerando que las localidades urbanas, y las más pobladas, son las que concentran el mayor número de contagios en el país.
Si se siguiera una estrategia mixta, aplicando el voto electrónico en las zonas urbanas con mayor conectividad y el voto “tradicional” en las casillas instaladas en las zonas rurales, tal vez se atenderían dos frentes de manera simultánea: sacar el proceso electoral sin exponer la salud de la población.
El problema es que las autoridades no logran ponerse de acuerdo sobre las competencias y el trabajo coordinado que haga cada vez más eficientes los procesos electorales.
Si consideramos que desde el Gobierno de México existe la intención de “desaparecer” los organismos autónomos como el INE, y que incluso los consulados (que dependen del Gobierno de México) se han negado a colaborar con el órgano electoral para la credencialización y registro de mexicanos radicados en el extranjero, difícilmente una estrategia así podría prosperar.
O tal vez hay que pensar mal y que mantener el sistema electoral y de votaciones tal como está permitirá a los partidos políticos (y a los gobiernos coludidos) meter mano en el proceso y “operar” el día de la elección. ¿De verdad hay ventajas en exponer la salud de la población por mantener un coto de poder?
