Todavía no inicia formalmente el periodo de campañas, pero ya nos atosigaron con la lluvia de spots del proceso electoral 2020-2021 y la invasión de publicidad en nuestras redes alegando que fulanito o sutanita son la respuesta en cualquier encuesta.
Se trata de un periodo en el que las casas encuestadoras hacen su agosto, algunas más profesionales que otras, y otras más vivales que solo le ven la cara a los aspirantes. Por supuesto, algunos de estos ejercicios de medición no han sido recientes. Algunos se han dedicado a medir con tiempo los posibles escenarios electorales para este proceso y mes a mes nos ofrecían sus resultados.
Evidentemente la pandemia por el COVID-19 también incidió en un cambio en la dinámica de las encuestadoras y durante el 2020 en general tuvieron que realizarse vía electrónica o telefónica.
El problema es que en este boom de encuestitis se llegaron a confundir las diversas variantes, entre una encuesta en forma, un sondeo, un estudio demoscópico y hasta una votación en las redes sociales basados en el número de reacciones. Como si no tuviéramos suficientes bots para las campañas negras (o echarse porras), ahora también participan en estos ejercicios de medición.
Y lo peor es que hay quienes presumen los resultados como si fueran la mera verdad, como si el número de likes en una publicación o la cantidad de seguidores en las fanpages de Facebook o en sus cuentas de Twitter ya fuera elemento suficiente para decir que son los favoritos.
Bajo esa lógica, las Kardashian deberían ser nuestras candidatas a los diferentes cargos de elección popular. O sea, seamos realistas y centrémonos en mediciones con método científico, comprobables y sobre todo, de quienes ya tienen la experiencia en realizar este tipo de ejercicios.
Y claro, cada una utiliza sus métodos y entre más elaborados, más cuestan porque implican levantar y procesar un mayor número de datos, con características muy específicas. Luego hay quien piensa que las encuestas están amañadas porque pagó la persona que va ganando. Como si las casas encuestadoras no fueran empresas que pagan impuestos y generan empleos. O sea, ofrecen un servicio y si hay pago, lo realizan. ¿Cree que alguien que va perdiendo va a dar a conocer las encuestas por las que está pagando?
Por supuesto, estos ejercicios de medición también han sido útiles para las cúpulas que al menos en este proceso electoral han llevado la voz cantante en la designación de candidaturas. No es gratuito que cada semana la promoción de aspirantes vaya variando según la zona donde se pretenda levantar una encuesta. Se busca escalar puntajes y con suerte, ser “los elegidos”.
Llama la atención, por ejemplo, el caso de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en cuya convocatoria se determinó que el método de elección de precandidatos y candidatos sería a través de una encuesta si había más de un registro al mismo cargo de elección popular.
Ahora imaginemos de qué tamaño fue el problemón al considerar que tan solo a diputaciones federales por mayoría relativa se registraron más de 3 mil 500 aspirantes, cuando únicamente hay 300 escaños a disputar. A ese número agréguele las gubernaturas, las presidencias municipales, las diputaciones locales y demás cargos a renovar en la elección del 6 de junio.
Si el método de selección definido fue una encuesta, ¿cuántas encuestas habrá tenido que realizar la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA?, ¿cuántas faltan por hacer?, ¿cuánto han erogado en realizar dichas encuestas? Porque no es trabajo gratis, no son aportaciones del “pueblo bueno y sabio”. ¿De verdad las prerrogativas les dan para tanto?
Hagamos cuentas: serán 15 gubernaturas, 300 diputaciones federales de mayoría relativa, 923 presidencias municipales o alcaldías y 642 diputaciones locales de mayoría relativa a renovarse en este proceso. En total: 1 mil 880 cargos. Y a ello hay que sumarle regidurías, sindicaturas, concejales, etc. Serían casi 21 mil cargos a votar, aunque no todos tendrían que someterse a una medición por encuesta.
A ojo de buen cubero, considerando que cada encuesta tenga un costo (bajita la mano) de unos 50 mil pesos, MORENA tendría que haber invertido unos 94 millones de pesos tan solo para su proceso interno de selección de candidatos. Apenas el 4.2% de las prerrogativas que tendría el partido para este año, que ascienden a 2 mil 195 millones de pesos.
Pero más allá del gasto realizado, ¿por qué en ningún caso se dieron a conocer los resultados de las encuestas?, si la opacidad iba a marcar la designación de candidatos en muchos casos, ¿valía la pena erogar ese recurso?, ¿o simplemente nunca se realizaron?
