Cuando se trata de mujeres y su participación en la vida pública a menudo se confunde su visibilidad con una política real de integración en la toma de decisiones, por lo que ha sido frecuente tener gobiernos que no han incidido en los problemas de fondo que aquejan a este sector de la población.
Hace muchos años, cuando Vicente Fox aún era candidato a la Presidencia de la República, llamó la atención por sus mensajes en los que diferenciaba “las mexicanas y los mexicanos”.
En aquel entonces, ya con cincuenta años de lucha feminista en México y Latinoamérica, de pronto fue visto como una acción afirmativa por visibilizar a las mujeres en el espacio público, pero en algunos casos se llegó a confundir con una política con perspectiva de género que también contrastaba con la ideología del partido al cual representaba.
Desde entonces a la fecha muchos han sido los avances en la participación de las mujeres en la vida pública y política del país, pero tener gabinetes “paritarios” como existen actualmente no es garantía de contar con gobiernos que trabajen con una perspectiva de género.
Desde hace ya algunas décadas organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) han trabajado en introducir a sus estudios y estadísticas una perspectiva de género con la finalidad de que los gobiernos puedan tomar mejores decisiones y con base en esta información, planificar las políticas públicas adecuadas.
Dichas políticas tendrían que ser transversales y aplicarse en cada proyecto, programa y actividad de las administraciones públicas de cualquier nivel, pero si las cabezas de los gobiernos no tienen la capacidad para comprender cómo es trabajar con una perspectiva de género, difícilmente se incidirá en un cambio para las mujeres.
Pongamos como ejemplo la pandemia del COVID-19 y la afectación en el ámbito laboral. Durante varios meses han sido diversos los estudios y estadísticas que dan cuenta de que en los últimos meses las mujeres han sido las más afectadas.
No solo hubo mayor pérdida de empleos en el caso de las mujeres, también aumentó la proporción de quienes laboran en la informalidad o quienes no están en condiciones de laborar, a pesar de necesitar un ingreso, debido a la carga familiar con las clases a distancia o el cuidado de otros familiares.
Por un lado, se plantearon estímulos a las empresas que retuvieran empleos, pero nunca se especificó si era requisito o si habría estímulo adicional por tratarse de mujeres. Del otro lado, se implementó un programa de microcréditos para negocios que habían sobrevivido a la pandemia, con estímulos específicos para aquellas microempresas dirigidas por mujeres. Eso es aplicar la política pública con perspectiva de género.
