Hablando de pensiones…

El empleo formal con seguridad social en México garantiza una pensión o jubilación a los trabajadores al cumplir con la edad y semanas cotizadas requeridas por la institución de que se trate, ya sea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En la mayoría de los casos la edad para jubilarse es de 65 años y un período aproximado de 30 años de empleo y para pensionarse la edad mínima es de 60 años de edad, en otros casos la edad de los hombres para pensionarse es de 30 años de servicio y las mujeres de 28 años de servicio. Cabe destacar que la población de 60 años y más pasó de 9.1% del total de la población en el año 2010 al 12.0% en el año 2020.

En el país se ha venido observado un proceso de envejecimiento demográfico, es decir, por un aumento en la proporción de personas de 60 años y más y la disminución de la población infantil y joven, por lo que se ha incrementado la población de adultos y adultos mayores, ya que la edad mediana en el año 2010 era de 22 años y en el año 2020 fue de 29 años.

La esperanza de vida en el mundo y en nuestro país ha aumentado considerablemente, ya que en 1970 se ubicó en 61 años, en el año 2000 en 74 años y en 2010 llegó a 75 años, mientras que en el año 2019 fue de 75.1 (72.2 para los hombres y 78.0 para las mujeres).

En razón de lo anterior, existe la necesidad de plantear políticas públicas orientadas a mejorar el ciclo de vida de los adultos mayores, principalmente en acceso a servicios de salud y pensiones, entre otros.

Ahora bien, al mes de enero de 2021 la ocupación informal ascendió a 28.9 millones de personas. La informalidad laboral engloba a todas aquellas ocupaciones ejercidas por personas cuyas condiciones de trabajo no están reguladas por un marco legal, situación que implica que las personas ocupadas en estas condiciones no cuentan con un contrato escrito, ni seguridad social ni derecho a pensión, por lo tanto, tendrán que ahorrar para su vejez o seguir trabajando.

Por otra parte, existen trabajadores que tienen la necesidad de tener otro trabajo porque los ingresos de un empleo no son suficientes para satisfacer las necesidades familiares.

También está el caso de personas ocupadas en un empleo y que además de tener derecho a una pensión, ya sea del IMSS o del ISSSTE, también tienen derecho a otra pensión como IMSS e ISSSTE o también de otro sistema de pensiones. Existen muchas discrepancias en los esquemas de pensiones del IMSS, ISSSTE, CFE y PEMEX, y los mecanismos mediante los cuales se realiza el pago de pensiones.

En este último caso vamos a poner el ejemplo de un catedrático de la universidad que cumplió 30 años de servicio y a su vez trabajó en gobierno, percibe el 100% del sueldo devengado en la universidad más la pensión de gobierno, se dan casos de jubilados que reciben de 40 a 60 mil y otros que perciben alrededor de 100 mil pesos mensuales, lo cual contrasta con pensionados que perciben una pensión mensual de 5 mil pesos.

A partir del año 2019 la nueva administración federal activó el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que consiste en un apoyo económico de 2 mil 550 pesos bimestrales, para los adultos mayores de 65 años y más que viven en los pueblos integrantes de los pueblos indígenas y de 68 años para el resto del país. Para los pensionados y/o jubilados que reciben pensión del IMSS o ISSSTE también se integra en su cuenta de pensión.

El 21 de marzo, el Ejecutivo Federal anunció que la pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años en lugar de los 68 años. Aseguró el presidente que “Este plan dará inicio en julio del año en curso y se incrementará gradualmente hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales en el año 2024”. Promesas de transferencias monetarias en medio de la pandemia….

Existe la necesidad de modificar algunos parámetros, como por ejemplo privilegiar a los adultos mayores que habiendo cotizado para el sistema de pensiones no reciben una pensión justa, así como los que a la fecha no tienen acceso a una pensión por haber laborado en la informalidad o quienes no trabajan, para que tengan derecho a una pensión mínima garantizada.

Habría que poner un tope en la pensión universal considerando que hay quienes gozan de una pensión más que justa y que tienen asegurado el poder adquisitivo de su pensión.

Creo que no fue una decisión razonada en base a la economía del país, ni en los sistemas actuales de pensiones. Por una parte, la economía del país registró un pésimo desempeño en el año 2020 al registrar una caída del 10.0%, la Inversión Extranjera Directa fue menor en 11.7% a la cifra preliminar de 2019; también en el año 2020 se registró una disminución de 647 mil 710 empleos formales, entre otros.

Para crecer es necesario atraer inversiones productivas que generen empleos con salarios justos y prestaciones y para atraer inversiones se requiere crear las condiciones de infraestructura adecuada para que se instalen las empresas, asignando de manera eficiente las inversiones en obra pública, debe existir estabilidad política para atraer la confianza de los inversionistas. Invertir en capital humano, educación y salud.

Al parecer, esta fue una decisión desesperada.