Hará cosa de un año, apenas en mayo del 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno buscaría medir la felicidad y el bienestar como indicador de desarrollo del país, alejándose de las proyecciones sobre el crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB). Cosas neoliberales.
Congruente con su política social, desde el inicio de su administración impulsó los llamados Programas del Bienestar y gran parte de estos se concentraron en la región sur del país a fin de abatir las brechas de pobreza y marginación, porque “por el bienestar de todos, primero los pobres”.
A tal grado ha llegado esta política social que hoy la Secretaría del Bienestar es una de las dependencias federales con mayor presupuesto, solo por debajo de las fuerzas armadas.
Tan solo para este año se han destinado 154 mil millones de pesos a los diferentes Programas del Bienestar, aunque su aplicación se ha puesto en duda luego de los resultados de la auditoría a las Cuentas Públicas 2019, el primer año de gobierno.
Para este 2021 se han considerado más de 135 mil millones en Pensiones del Bienestar para más de 8 millones de adultos mayores; más de 16 mil millones en Pensiones para el Bienestar de personas con discapacidad, con 900 mil beneficiarios; más de 2 mil millones del Programa del Bienestar para niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, con 190 mil beneficiarios; así como más de 28 mil 980 millones para el programa Sembrando Vida, con 430 mil beneficiarios.
Sin embargo, hay detalles en la aplicación de los programas que han generado incertidumbre sobre su eficacia. Pongamos como ejemplo el programa Sembrando Vida, que se concentró en gran medida en los estados del sur del país para que la población se concentrara en la producción de frutales. Baste decir que según los informes de la Auditoría Superior de la Federación, falleció más del 90% de las plantas.
Además, hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del cuestionario ampliado del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en el que llama la atención que en promedio el 25% de los hogares en el país se beneficia con algún apoyo o ayuda social del gobierno.
Sin embargo, la distribución también es irregular, pues la mayoría de los apoyos se concentra también en el sur del país. La transferencia de recursos del gobierno es mayor en el estado de Guerrero, donde el 43.2% de los hogares recibe un apoyo; en Oaxaca es el 42.0%; en Chiapas, el 38.1%; en Hidalgo, el 32.9%; y en el estado de Tabasco, el 32.6 por ciento.
Sobra decir que los estados del norte se encuentran por debajo del 20% de los hogares que recibe algún apoyo del gobierno. Sin embargo, el hecho de que un hogar reciba transferencias de recursos del gobierno no necesariamente se traduce en salir del umbral de pobreza y marginación.
Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su última actualización del Índice de Pobreza Laboral al cuarto trimestre del 2020 (meses después de levantado el Censo del INEGI), muestra que es justo en los estados del sur del país donde se concentra la mayor proporción de población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria.
Así tenemos que en Chiapas el 64.3% de la población tenía un ingreso laboral menor al costo de la canasta alimentaria; en Guerrero, el 58.6%; en Oaxaca, el 56.6%; en Hidalgo, el 51.0%; y en el estado de Veracruz, el 50.9 por ciento.
Al cierre del 2020, en el mes de diciembre, eran 12 entidades federativas que tenían entre un 45% y un 75% de su población en esta condición: Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Esta dinámica podría llevarnos a pensar que los programas sociales no necesariamente se han traducido en un mayor bienestar para la población, especialmente en el sur del país. Lo único cierto es que se está generando una dependencia de las trasferencias del gobierno para que la población pueda cubrir sus necesidades elementales.
Sin embargo, una verdadera política social y económica que pretenda abatir los índices de pobreza y marginación buscará revertir los factores que motivan esta pobreza y marginación. No es gratuito que los estados en la región norte del país tengan la proporción más baja de población que no tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, como tampoco el hecho de que reciban menos apoyos del gobierno.
Su cercanía con la frontera con Estados Unidos, su política económica basada principalmente en el desarrollo industrial y agropecuario, han permitido ofrecer mejores condiciones laborales y salariales a la población. En cambio, en el sur del país no ha habido una política real para su desarrollo económico y social ni en esta ni en las administraciones anteriores.
Es muy paradójico que se trate de la región con mayores riquezas en recursos naturales, pero nunca se haya aprovechado su potencial sin poner en riesgo la sustentabilidad. Sería imposible pensar en industrializar la selva lacandona, por poner un ejemplo, aunado a que su posición geográfica no es muy apta para el comercio internacional que se concentra hacia la frontera norte.
En cambio, tiene potencial para comerciar con la región centro y sur del continente, aunque no ha sido aprovechada y aunque hoy se impulsan proyectos como el Tren Maya o el corredor transístmico, al menos en el corto plazo no se traducirán en mayores oportunidades de desarrollo para el sur del país, con el riesgo de que en el largo plazo dichos proyectos tampoco cumplan con sus fines ni generen el desarrollo tan anhelado. ¿Qué alternativas hay?
