Con frecuencia al escuchar hablar de pobreza vemos que se asocia a lo económico, como si tener dinero fuera suficiente para dejar de ser pobre. Debemos ir más allá del ingreso, porque hay normas sociales y profundos intereses políticos en este tema. Muchas de las veces es el sistema el que propicia mayores brechas de desigualdad.
Preguntaba el profesor Amartya Sen “¿igualdad de qué?”, a lo que el mismo respondía “de las cosas que nos importan para construir el mundo al que aspiramos”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. Dicho en otras palabras, la pobreza es la carencia al acceso de alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Por lo tanto, se considera pobre toda aquella persona que no reúna las condiciones que caracterizan una vida digna.
De igual forma, la desigualdad no se trata solo de la riqueza, el patrimonio neto, o de los ingresos, el sueldo bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe “Desarrollo Humano y COVID-19 en México”, nos invita a reflexionar sobre las desigualdades estructurales, las vulnerabilidades de los grupos rezagados del desarrollo para enfrentar las crisis y la extrema fragilidad de la población ante eventos como la pandemia COVID-19.
El informe analiza las desigualdades en las tres dimensiones del Índice de Desarrollo Humano (IDH), salud (esperanza de vida al nacer), educación (años promedio de instrucción y años de instrucción esperados) e ingreso (ingreso nacional bruto per cápita); así como la dimensión de género como factor transversal facilitador del desarrollo.
De acuerdo al informe, a partir del cálculo del IDH ajustado por la desigualdad, México pierde un 22.5% de su índice global a raíz de las disparidades sociales, agudizándose en la dimensión de los ingresos. La desigualdad de ingreso a su vez se correlaciona con la movilidad social. En México al menos 7 de cada 10 personas que nacen en el quintil más pobre no logran superar la línea de pobreza, situación que se agudiza en la región sur del país.
La baja movilidad se concentra en los extremos de la distribución socioeconómica. Además de los aspectos de riqueza e ingreso, la movilidad también se refleja en movilidad educativa, ocupacional y de salud, determinando la resiliencia de las personas ante emergencias como la del COVID-19.
Al mismo tiempo, la evolución de la tecnología representa contrastes en cuanto a sus resultados para el desarrollo, ante una emergencia sanitaria en la que se requieren nuevas modalidades académicas y de teletrabajo, las tecnologías siguen teniendo un efecto en la ampliación de brechas, principalmente en las poblaciones más vulnerables ya que las políticas de confinamiento impuestas por la pandemia han acelerado el proceso de automatización laboral.
Salud
Entre los cambios realizados en el sector salud por el actual gobierno, relevantes para las condiciones a la llegada de la pandemia, destacan la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y los cambios en las reglas para el abasto de medicamentos.
La entrada en vigor de la reforma implicó la desaparición del Seguro Popular, sin que se hubieran definido reglas claras para la operación del nuevo sistema de salud, generando incertidumbres en la proporción de los servicios, confusiones sobre la operación que a la fecha no terminan por resolverse.
Además de la dificultad en la transición a un nuevo sistema de salud universal, el país atraviesa por un problema de desabasto de medicamento. Destaca que el sector salud mexicano tiene uno de los presupuestos relativamente más bajos entre los países de la OCDE, situándose en el tercer lugar con menor gasto corriente en salud como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
Y sin embargo, el sector salud incurrió en un subejercicio equivalente al 2.6% del presupuesto total asignado a la función salud para 2019.
Dado que la crisis originada por la COVID-19 provoca impactos sistémicos, la revisión de las causas del aumento en la mortalidad debe contemplar los efectos de fenómenos como la violencia, los feminicidios o el índice de suicidios. Resulta esencial reconocer que estas situaciones precisarán de medidas adicionales para atender la salud mental, la seguridad y el bienestar económico de las personas.
En México, una parte importante de los trabajadores en el sector informal depende de un ingreso diario, lo que les impide respetar largos periodos de confinamiento. Esta condición, asociada a menores niveles de protección social y dificultades de acceso hospitalario, aumenta la probabilidad de presentar una elevada tasa de morbilidad en ese grupo.
Educación
México se encuentra por debajo del promedio del grupo de países con desarrollo humano alto en ambos niveles de capacidades: educación primaria y educación terciaria. Dichos rezagos se agudizan particularmente en las poblaciones indígenas, aquellas con alguna condición de discapacidad, o aquellos grupos debajo de la línea mínima de ingresos.
Si bien el IDH no contiene indicadores que miden calidad, se observa un bajo desempeño general para México en temas como los resultados de las tres dimensiones de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), la proporción entre estudiantes y docentes, y el acceso a Internet en las escuelas de educación básica, entre otros.
La propagación del virus y el incremento de las tasas de contagio y defunciones obligaron a las autoridades educativas a buscar estrategias que permitieran a las y los estudiantes continuar sus estudios, poniendo en evidencia la poca preparación del sistema educativo; la brecha tecnológica y digital que existe en el país, por falta de acceso a computadores e internet; así como los efectos de desigualdad acentuada que tuvo la pandemia en la población, principalmente en los grupos más vulnerables.
Las estrategias para continuar con el ciclo escolar consideran el uso de medios digitales y tecnológicos, con lo que las y los estudiantes de todos los niveles educativos han tenido que cursar sus estudios en línea. Sin embargo, en México, solo el 44.3% de los hogares cuentan con equipo de computación y únicamente 56.4% cuenta con conexión a Internet.
En el ámbito rural, las cifras son considerablemente menores: 20.6% y 23.4% de los hogares cuentan con computadora y con conexión a Internet, respectivamente. Asimismo, las diferencias en materia de posesión de una computadora y de acceso a Internet son muy pronunciadas.
La brecha digital tiene también un efecto sobre el cuerpo docente, pues muchos de ellos no cuentan con capacitación para el uso de las tecnologías en procesos pedagógicos, ni con los materiales didácticos para ese mismo fin, enfrentado complicaciones en el proceso de enseñanza.
Una de las recomendaciones para la disminución de desigualdades y una educación inclusiva consiste en dar prioridad a generar e implementar acciones concretas que garanticen una educación inclusiva, donde se integre plenamente a las poblaciones normalmente excluidas como la indígena, las personas con discapacidad, migrantes, entre otros, considerando sus necesidades en el proceso de aprendizaje y garantizando su bienestar y vida digna.
Ingresos
Otro elemento de vulnerabilidad en la población se relaciona con la formalidad del empleo. A finales de 2019, la tasa de informalidad del empleo en México alcanzaba el 56.2 por ciento. Son las mujeres en la informalidad el grupo con menores salarios y el más afectado por los despidos. Además, las reducciones en los ingresos tienen efectos desiguales en los diversos grupos sociales.
México presenta un estancamiento porque a pesar de mantener un progreso en la provisión de servicios básicos para gran parte de su población, la calidad de estos no se ha reflejado en ingresos más igualitarios. Ello profundiza rezagos importantes en los grupos de la población indígena, con discapacidad y aquellos por debajo de la línea de los ingresos, incluyendo la brecha transversal de género.
Por otra parte, entre los últimos datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (COVENAL) se encuentran las variables relacionadas con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), mediante el cual se puede observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y si estos son suficientes o no para adquirir la canasta alimentaria.
La brecha entre los ingresos laborales entre mujeres y hombres ocupados en el país en el cuarto trimestre de 2020 es de $856.52, la cual es $162.17 mayor que la del tercer trimestre de 2020.
Por su parte, el poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita de los trabajadores en el país tuvo una disminución de 2.5% y al pasar de $1,819.55 en el cuarto trimestre de 2019 a $1,773.43 el cuarto trimestre de 2020. Un total de 12 entidades presentaron un aumento en su ingreso real per cápita en comparación con el año anterior, Zacatecas registró un aumento de 9.1 por ciento.
El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 37.3% en el cuarto trimestre de 2019 a 40.7% en el cuarto trimestre de 2020. Entre los factores que explican este incremento se encuentra la disminución anual de 2.5% en el ingreso laboral real y el aumento en los precios del valor monetario de la canasta alimentaria durante el mismo periodo.
El aumento en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020 a nivel nacional fue de 3.4 puntos, lo cual se vio reflejado en un incremento de la pobreza laboral en 24 de las 32 entidades federativas.
En contraste, ocho entidades presentaron una disminución anual en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso, entre ellas el estado de Zacatecas observó una reducción de 1.5 puntos, al pasar de 45.3 en el cuarto trimestre de 2019 a 43.8% en el cuarto trimestre de 2020.
Indicadores de ocupación de mujeres en Zacatecas
De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el cuarto trimestre 2020 las mujeres ocupadas en Zacatecas con acceso a los servicios de salud, alcanzó la cifra de 83 mil 329, mientras que en el mismo trimestre de 2019 las mujeres que tenían este servicio fueron 85,498, equivalente a una variación de (-)2.5 por ciento. Este indicador en los hombres fue de (-)0.8 por ciento.
El número de mujeres ocupadas en el cuarto trimestre de 2020 con ingresos inferiores a un salario mínimo y hasta tres salarios mínimos aumentó 11.8% en comparación con las mujeres ocupadas en el cuarto trimestre de 2019 con el mismo nivel de ingresos.
En el mismo lapso, creció el número de mujeres ocupadas con ingresos superiores a cinco salarios mínimos. Por su parte, las mujeres que no reciben ingresos y las que no especificaron, disminuyeron en 21.7 por ciento.
Muchas personas que nacen en medio de la pobreza, han tenido la capacidad de evolucionar y a base de esfuerzo han logrado superar el hambre y las enfermedades. Desafortunadamente con frecuencia el lugar que ocupa una persona en la sociedad sigue estando determinado por su género, discapacidad o riqueza. Si no somos capaces de implementar políticas destinadas a prevenir las desigualdades, éstas se profundizarán.
Muy bueno !