Por primera vez en Zacatecas todos los ayuntamientos y los sistemas de agua potable y alcantarillado presentaron en tiempo y forma sus cuentas públicas y por ello estos documentos, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, fueron remitidos a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que continúe con el proceso de fiscalización.
En sesión ordinaria, se destacó que en esta ocasión ningún municipio ni organismo operador solicitó una prórroga, además de que todos hicieron la entrega de sus informes.
Cabe recordar que en el primer año de la 63 Legislatura hubo tres municipios que no presentaron la cuenta pública de 2018 y durante el segundo año faltaron los documentos relativos a 2019 de dos municipios y un organismo operador.
La iniciativa de la Comisión de Vigilancia fue aprobada por unanimidad, por lo que se enviarán las cuentas públicas a la ASE para que inicie los trabajos de auditoría que corresponden.
También durante la sesión legislativa se exhortó al Gobierno del Estado a que no se autorice el regreso a clases presenciales hasta que todas las escuelas tengan acceso al agua potable, un recurso vital en la estrategia de prevención del COVID-19, y a pesar de que este miércoles iniciará la vacunación del personal docente en todo el estado.
Además, se propuso una reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas que complementa otra iniciativa presentada anteriormente a fin de que en la creación de dos sindicaturas se puedan incluir en boleta aparte durante un proceso electoral. En ese tenor, una sindicatura sería para la representación jurídica del municipio y la segunda, para la elaboración y presentación de la Cuenta Pública.
Asimismo, se presentó una iniciativa con la que se pretende replantear la estrategia de combate a la violencia contra las mujeres con una adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el establecimiento de cuatro ejes.
El primero es la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria; el segundo es el diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres para identificar los actos constitutivos de delito; el tercero es establecer espacios públicos libres de violencia; y el cuarto, el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas.
Como parte de la sesión ordinaria, los diputados pretendían designar al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, pero ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría calificada. Se emitieron siete votos a favor de Juan Carlos Martínez Barrionuevo, uno a favor de Geovanna Magdalena Guerrero y 15 nulos.