La falacia de la “libertad de expresión” siempre se manifiesta en cada proceso electoral como promesa de los candidatos a un cargo de elección popular. Sin embargo, la constante ha sido restringir esa libertad de expresión no solo a través de la amenaza o el homicidio por el ejercicio de la labor periodística, pues más recientemente prevalece la dinámica de descalificar y demeritar el trabajo periodístico si no “agrada” a la voz gobernante.
En México hay registros de este fenómeno desde tiempos de la Colonia, cuando comenzaron los primeros “pasquines” que desde el anonimato hablaban de una verdad que contradecía a los canales oficiales, esos que siglos más tarde se “institucionalizarían” a través de la prensa.
Recuérdense los últimos años del Porfiriato y cómo la prensa tenía que ofrecer únicamente la versión del presidente, so pena de sufrir consecuencias severas, una dinámica que se mantuvo en las etapas posteriores a la revolución y que ha sobrevivido hasta nuestros días.
Por mucho que el actual mandatario federal ha intentado desacreditarla, la organización Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha unos 139 asesinatos de periodistas en México, sin contar amenazas, en posible relación con la labor periodística.
De ese total, 47 casos se registraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ya van 19 en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. El caso más reciente fue el de Gustavo Sánchez Cabrera, director del medio digital Noticias Minuto a Minuto, asesinado el pasado 17 de junio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Si bien existe un protocolo de protección a periodistas ante circunstancias que ponen en riesgo el ejercicio de su labor, de poco o nada ha servido, más allá de generar una estadística. Pero resulta muy curiosa la dinámica de respaldar el periodismo de investigación, ese que denuncia las irregularidades de los gobiernos, mientras no se trate de quien lo celebra.
Basta ver las estadísticas de agresiones a periodistas para darse cuenta de que en administraciones anteriores, ante el periodismo de investigación, la censura (en todas sus formas, incluyendo la violencia) era la constante. Era otra dinámica, una donde las redes sociales no tenían tanta penetración como hoy.
Aunque actualmente han disminuido los registros de agresiones a periodistas en relación con otras administraciones, han surgido otras formas de agresión contra el oficio periodístico. El presidente Andrés Manuel López Obrador podrá asegurar que se ha reducido esta incidencia, que no hay censura, que no hay restricción a la libertad de expresión; sin embargo, en cada mañanera vemos un ejercicio de desacreditar a esos medios que osan contradecir su versión.
Ante tales circunstancias, se apela a quién está “detrás” de cada medio de comunicación y aunque las fuentes de financiamiento puedan ser cuestionables, no por ello deja de importar la información que ofrece el periodismo de investigación, ese que hoy ha permitido tener “otros datos” del presidente. Sin cuestionamientos, no habría esas precisiones necesarias que, ante su omisión, solo generan opacidad y la sospecha de que un gobierno esté actuando conforme a lo que permiten las leyes.
Veamos el caso de Zacatecas, que ha vivido la alternancia en las últimas dos décadas y que también ha vivido momentos diferentes para ejercer el periodismo. Si bien solo se han documentado dos asesinatos de periodistas, no han sido menos las amenazas y agresiones contra el gremio, especialmente si se va en contra de la “línea oficial” del gobierno.
Hoy vemos una nueva alternancia y también se vislumbran algunos cambios que incidirán en el ejercicio periodístico. Más allá de las diferencias que pudiera haber entre la Coordinación de Comunicación Social y medios de comunicación, en general el gobernador Alejandro Tello se curtió y transitó en medio de la crítica, de los señalamientos, del “estigma” de presunta complicidad con supuestos malos manejos de la administración anterior.
Sin embargo, hoy que se cuenta con un gobernador electo, preocupan ciertas conductas de quienes se ha rodeado durante la campaña y hasta la fecha, pues en algunos casos han emitido amenazas contra algunos periodistas por el ejercicio de su labor. Recuérdese el caso de Gabriel Contreras Velázquez, director del medio digital Agenda Política, quien logró una orden de restricción contra Enrique Bernáldez Rayas por presuntas amenazas. No ha sido el único caso, pero sí de los más recientes y de los pocos que se han hecho públicos.
Al gobernador electo y al equipo del que se rodea deberían tener claro que el oficio periodístico consiste fundamentalmente en cuestionar e incomodar, porque solo así se puede generar una retroalimentación para los gobiernos. El periodismo crítico es el que permite los “otros datos” de los gobiernos, esos que les dan legitimidad entre sus gobernados.
Quien aspira a la vida pública y política, debería ser consciente de que estará ante el escrutinio público y que la piel delgada no sobrevive a la crítica. Porque más allá del periodismo crítico, siempre queda el cuento del traje nuevo del emperador…
