Ilegal, contratación de Trash en Guadalupe

En su revisión a las Cuentas Públicas 2019, la Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó que el Ayuntamiento de Guadalupe no se apegó al marco normativo ni atendió a la supremacía de leyes al celebrar un contrato de prestación de servicios con la empresa Trash Recolección de Residuos Sólidos SA de CV.

Entre las principales observaciones al contrato, que ameritaron la integración del Expediente de Investigación RP-19/16-033-01 y el seguimiento de ejercicios posteriores en el 2020, destaca: ceder a un particular la obligación constitucional de brindar el servicio, además de no presentar la evidencia documental sobre el cumplimiento de los preceptos legales relativos a la Gestión y Concesión de los Servicios Públicos, establecidos en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

Entre estos últimos sobresale: las cláusulas de la concesión y los requisitos del concesionario, como contar con capacidad técnica y financiera, las obligaciones de vigilancia por parte del Ayuntamiento, el análisis técnico financiero cuyo resultado determinó la imposibilidad para prestar el servicio de limpia, el impacto financiero y legal de las relaciones laborales afectadas con dicha acción, la justificación del subempleo o desempleo y el destino final que se daría al parque vehicular con el que se prestaba el servicio anteriormente.

El Ayuntamiento, entonces encabezado por el alcalde Julio César Chávez Padilla, tampoco presentó evidencia de la autorización de la Legislatura del Estado, la autorización de las dos terceras partes del Ayuntamiento, así como la verificación de contar con capacidad técnica y financiera y las de vigilancia de las obligaciones derivadas del contrato.

Además, respecto al procedimiento de licitación pública nacional, no fueron presentadas las propuestas ni el dictamen técnico y económico según lo establece la Ley de Adquisiciones, y que garantiza que los licitantes, en este caso Trash, tuvieran la capacidad financiera y de infraestructura, así como las mejores condiciones para prestar el servicio, incluyendo el análisis de costo-beneficio.

Todo lo anterior, y según lo que arroje el expediente de investigación, podría derivar en responsabilidades administrativas para los integrantes del Comité de Adquisiciones, desde el presidente y síndico municipales, el tesorero, el secretario de Gobierno y los directores de Servicios Públicos y de Desarrollo Económico y Social del municipio.

Faltas graves

En su Informe Ejecutivo sobre las Cuentas Públicas de Guadalupe para el ejercicio fiscal 2019, la ASE también observó un monto de 6 millones 645 mil 620.47 pesos que derivan en la integración de expedientes de investigación por faltas graves.

La principal obra en el Pliego de Observaciones RP-19/16-002 por un monto de 6 millones 162 mil 787.04 pesos por pago de laudos laborales resueltos en contra el municipio, derivados de recisiones laborales realizadas durante la administración 2013-2016, de la cual el actual alcalde Julio César Chávez Padilla formó parte como secretario de Gobierno, con alcance al ejercicio fiscal 2019.

El motivo de la observación es que las erogaciones señaladas no se apegaron al procedimiento para configurar la recisión laboral según la Ley del Servicio Civil del Estado ni fueron presentados los expedientes de juicios laborales que fueron resueltos; sin embargo, las observaciones se atribuyen al entonces alcalde y a la síndico municipal, por las omisiones en la administración 2013-2016.

En materia laboral también se emiten las recomendaciones RP-19/16-003-01 y RP-19/16-004-01, para que las recisiones laborales se apeguen al artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y para la vigilancia de criterios en el Programa Especial de Retiro Voluntario.

Feria de la Virgen 2019

Por otra parte, la ASE promovió la recomendación RP-19/16-013-01 respecto al proceso de contratación de servicios de la empresa Pista de Hielo Ice Mountain SA de CV, derivada del Pliego de Observaciones RP-19/16-013, debido a que el Ayuntamiento de Guadalupe no presentó el proceso de adjudicación o licitación pública que garantizara las condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otros.

A través de dicha persona moral se contrataron los servicios presentaciones artísticas de Majo Aguilar,  Grupo Liberación, Banda Cuisillos, Poder del Norte, Julio Preciado, Bebeto, Jorge Medina, Conjunto Primavera, Río Roma, entre otros conceptos que implicaron una erogación de 5.2 millones de pesos.

Áreas de donación, deudas con proveedores y nepotismo

Asimismo, en la revisión de la ASE se determina que en el ejercicio fiscal 2019 el área de donación de la Privada San Andrés no correspondía con lo establecido en el Código Urbano del Estado de Zacatecas, además de la omisión en el proceso de regularización de los asentamientos irregulares Las Cascadas, Las Flores, Valle de San Ramón y Aragón; la recuperación del área de donación del fraccionamiento Lomas del Convento y colonia La Fe.

Por otra parte, la Auditoría emitió la recomendación RP-19/16-023-01 para verificar y comprobar el saldo contable con Multiservicio San Ramón por 12.5 millones de pesos carentes de comprobación y soporte documental, así como evidencia documental del rendimiento del combustible.

Asimismo, la ASE promovió la integración del expediente de investigación RP-19/16-032-01 debido a la contratación de personas familiares de regidores del municipio, derivado de la nota periodística titulara “Regidores de Guadalupe, reyes del nepotismo”, publicada en el periódico Imagen de Zacatecas por el periodista Alejandro Wong, donde ofrece una relación de la contratación de familiares de regidores en el periodo 2018-2021.

Según el Informe Ejecutivo, en total la ASE promovió 10 acciones de integración de expedientes de investigación; 18 recomendaciones y 9 acciones de seguimiento en ejercicios posteriores.