La nueva Ley de Hacienda Municipal propuesta por el Ejecutivo estatal en noviembre pasado, como parte del Paquete Económico 2022, parece creado con una sola intención: asfixiar a los municipios hasta que accedan a que el estado asuma sus funciones de recaudación de las contribuciones municipales.
La actual ley, publicada en 2013, ya establece las generalidades en el cobro de impuestos, derechos, contribuciones y aprovechamientos, pero respeta la facultad de los municipios para establecer la base de cobro de cada concepto.
En su estructura, la actual ley considera cuatro títulos correspondientes a impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Y en el caso de los impuestos, abarca: predial, adquisiciones, anuncios y propaganda, juegos permitidos, así como diversiones y espectáculos públicos.
En cambio, en la propuesta de nueva Ley de Hacienda Municipal se plantean siete títulos, cada uno con sus capítulos y secciones correspondientes en los que se detallan todos los conceptos tributarios, tal como se establecen ya en las respectivas Leyes de Ingresos de os 58 municipios.
Sin embargo, en esta propuesta se invade la esfera de las facultades y atribuciones del municipio, pues es el estado el que establece las bases de cobro de cada concepto tributario, y en todos los casos implica un incremento respecto a lo que habían propuesto los 58 municipios en sus leyes de ingresos para el 2022.
En la exposición de motivos, se señala que la propuesta de Ley de Hacienda Municipal se basa en que “tiene que pagar más el que tenga más”, acorde con los principios de la nueva gobernanza, aunque en el contenido de la iniciativa parece que no es así.
Por poner un ejemplo, se eliminan los cobros diferenciados en el impuesto predial por zona de residencia, donde la tarifa es más económica donde hay menor plusvalía. Con la nueva ley, prácticamente todos los predios en todos los municipios pasarán por el mismo rasero y todos los contribuyentes pagarán con la misma base de cálculo, con cuotas elevadas, sin considerar las condiciones socioeconómicas que tiene cada municipio en particular.
No obstante, la nueva gobernanza parece que no hizo un análisis a fondo en este sentido, pues es evidente el desconocimiento de la situación geográfica y económica de cada región. Con esta base de cálculo, pagarían con una misma tarifa de cálculo contribuyentes en zonas residenciales de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas y contribuyentes en zonas rurales de Mazapil o El Salvador.
Lo más grave es que parecen ignorar que son justamente quienes más tienen los que más se amparan para no pagar sus impuestos. Si no, recuérdese el ejemplo de los impuestos ecológicos (un impuesto estatal), en el que las grandes empresas se ampararon para evadir el pago de este gravamen.
Pero volviendo a la propuesta de Ley de Hacienda Municipal, en el apartado de permisos y licencias, en los giros comerciales hay incrementos promedio del 25% respecto a lo que se proyecta en las leyes de ingresos de los 58 municipios, aunque en algunos casos el aumento puede ser mayor.
Y existen otros ejemplos, como las callejoneadas, con un incremento de casi el 100% respecto a las propuestas de Leyes de Ingresos de los municipios; en licencias para venta de alcohol, de más del 200%, en los diferentes servicios que ofrece el Registro Civil, incrementos del 50 al 100 por ciento.
Aunado a estos incrementos, la nueva Ley de Hacienda Municipal no establece en ningún apartado la posibilidad de otorgar incentivos o estímulos fiscales a los contribuyentes, lo que poco motivará a la población a pagar sus impuestos del ejercicio fiscal en curso, mucho menos a ponerse al corriente con adeudos de años anteriores.
Esta situación es evidente que pondría en aprietos a los municipios, pues difícilmente alcanzarían las metas de recaudación proyectadas y eso se traduciría en insuficiencia presupuestal para cumplir con sus programas y acciones establecidos en sus respectivos Presupuestos de Egresos.
Tal vez por eso en los primeros artículos de la Ley de Hacienda Municipal se establece la “posibilidad“ de que los municipios celebren convenios de coordinación con el estado para que la Secretaría de Finanzas asuma las facultades para el cobro de contribuciones.
Pero la iniciativa parece transitar hacia la dificultad de los municipios (técnica, financiera y humanamente posible) para el cobro de contribuciones y casi casi obligarlos a que celebren convenio con el estado para asumir esta función a un alto costo. Al final, quien termina pagando por decisiones erróneas, improvisadas y mal planeadas son los contribuyentes, pero especialmente los de menores ingresos. ¿Eso es la nueva gobernanza?
