Los años 2020, 2021 y lo que va de 2022 han sido difíciles en muchos sentidos, ya que han sido marcados por la pandemia COVID-19. Además, el 12 de septiembre del 2021 el nuevo gobierno estatal tomó posesión y a finales de 2021 repuntan los contagios con la variante ómicron, aún incontrolable, ya que Zacatecas registra aproximadamente el 90% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos (UCI).
En diciembre de 2021, la ciudad con mayor percepción de inseguridad fue Fresnillo, 96.8%, más alta que en septiembre del mismo año que fue de 94.3 por ciento. Zacatecas inicia el 2022 con un aumento de la violencia; la inflación general anual cerró 2021 en 7.36%, la más alta en los últimos 20 años, mientras que la ciudad de Fresnillo registró la variación anual más alta, de 9.82 por ciento.
Por si fuera poco, desde los primeros días de la nueva administración estatal, se ha observado un elevado número de despidos en forma arbitraria de personal en las diferentes dependencias, así como personal con muchos años de excelente servicio y experiencia lograron un ascenso a un puesto de confianza y ahora los regresan a su base, como parte de una política de austeridad republicana y también de intereses personales.
Acuerdos Administrativos
En el suplemento 2 al número 81 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 9 de octubre de 2021, se publicaron tres acuerdos administrativos, que sintetizaré:
1) Programa de Retiro Digno para servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, que cuenten con sesenta años de edad o más y de treinta años o más de servicio. El Retiro Digno contempla tres meses de salario diario integrado por concepto de indemnización constitucional y las prestaciones proporcionales devengadas en el año 2021.
Adicional y como incentivo económico para las y los servidores públicos que se sujeten a este programa, se les otorgará un estímulo económico por única ocasión que se integra de 10 días de salario diario integrado por año laborado (antigüedad). El Programa de Retiro Digno concluirá el día 31 de diciembre del 2021, o de manera anticipada al agotar el recurso destinado para este fin.
2) Programa de Retiro Voluntario para el Ejercicio Fiscal 2021, dirigido a las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. La cuantificación del finiquito contempla: tres meses de salario diario integrado por concepto de indemnización constitucional y las prestaciones proporcionales devengadas en el año 2021 a pagarse conforme a la legislación vigente.
Adicional y como incentivo económico para las y los servidores públicos que se sujeten a este programa, se les otorgará un estímulo económico por única ocasión tal y como se establece en este Acuerdo, acorde a su antigüedad: de 15 o más años de antigüedad, 9 días por año laborado; de 15 o más años de antigüedad, 7 días por año laborado y, de 0 a 6 años de antigüedad, 5 días por año laborado.
3) que Fomenta la austeridad republicana para el Estado de Zacatecas en materia de recursos humanos.
En el mismo suplemento del periódico oficial, el último párrafo de la página 10, a la letra dice:
“En el entendido que, el compromiso de la presente administración 2021-2027 es lograr la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales, además de tutelar la igualdad sustantiva de trabajadores y trabajadoras”.
Y, en la siguiente página:
“Es por lo que, a través del presente instrumento legal, se busca lograr la justicia social que la sociedad y los trabajadores demandan, buscando el equilibro entre el trabajo y la retribución que se recibe por éste, reiterando sobre todas las cosas el compromiso con el talento humano y el respeto irrestricto de los derechos laborales”.
Llama la atención el que un gobierno en estos Acuerdos se compromete a lograr la justicia social y el respeto irrestricto de los derechos laborales. Hay contradicción, ya que en la práctica vemos que es todo lo contrario, pues se han cometido una serie de injusticias y violaciones de los derechos laborales, atentando contra la dignidad del trabajador.
Legislación laboral en México
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, del título sexto, del trabajo y la previsión social, dispone que: “Toda persona tiene el derecho a un trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.
La Ley Federal del Trabajo, regula las leyes establecidas en el ámbito laboral y deja en claro cuáles son las obligaciones y derechos tanto de patrones, como de colaboradores. Dicha Ley protege y defiende a los trabajadores. Dicha Ley, incorpora en la legislación, la obligación de los centros de trabajo de contar con un “protocolo” para atender casos de hostigamiento y acoso sexual.
Hostigamiento laboral
La Ley Federal del Trabajo define el hostigamiento laboral como “el ejercicio de poder en una relación de subordinación en el ámbito laboral, expresado ya sea en conductas verbales, físicas o ambas”.
El hostigamiento abarca una serie de comportamientos ofensivos como amenazas o acciones de intimidación sistemática o persistente que perturban o alteran al trabajador en el ejercicio de sus labores y muchas veces terminan logrando que el trabajador abandone su lugar de trabajo.
Volviendo a los Acuerdos Administrativos, como alternativa al despido, dentro del Acuerdo se hace una “invitación” a los servidores públicos del Poder Ejecutivo que deseen retirarse, a que lo hagan de una forma “voluntaria”.
Han sucedido casos en los que se les ha intimidado y hostigado diciéndoles: “¡acepta el incentivo económico que te estoy ofreciendo ya!, porque de lo contrario la próxima semana te tendrás que ir y no habrá ningún incentivo” y hasta los han llevado a realizar su trámite sin darles oportunidad de consultarlo con sus familiares o con un abogado. Así los inducen a renunciar.
A algunos trabajadores de confianza les dieron la opción de regresar a su base, muchos de ellos con más de 30 años de servicio y, sin embargo, al no contar con la edad para jubilarse y no soportar el hostigamiento laboral, que va desgastando al trabajador y minando su bienestar emocional con el entorno de un ambiente intolerable, se ven en la necesidad de aceptar las condiciones que les ofrece el gobierno y así este último ejerce el control sobre el trabajador, vulnerando su dignidad.
¿Qué son los derechos humanos?
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “los derechos humanos son valores universales y garantías jurídicas que protegen a personas y grupos contra acciones y omisiones primordialmente de agentes del Estado que interfieren con las libertades fundamentales, los derechos y la dignidad humana. El espectro completo de los derechos humanos implica el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo. Los derechos humanos son universales, es decir, pertenecen intrínsecamente a todos los seres humanos, y son interdependientes e indivisibles”.
Si el Estado es el garante de los derechos humanos, ¿qué pasa cuando el o la titular de la institución responsable de vigilar, defender y garantizar a los ciudadanos el respeto de sus derechos humanos, es quien violenta esos derechos? Entonces, ¿quién los garantiza?
Es preocupante escuchar de personas que me consta que han sido excelentes servidores públicos, que se sienten angustiados, con miedo, aterrorizados por la violencia laboral que se está suscitando en la nueva administración. Otras han tenido que aceptar el “incentivo económico” que dista mucho de ser el que por ley les corresponde que son 3 meses de sueldo más 20 días por año trabajado.
¿En qué se basaron para despedir trabajadores de excelencia? Ya mucho antes que esto ocurriera me había dado cuenta que las evaluaciones del personal no sirven de nada. Solamente legitiman la dependencia que se encarga de realizarlas.
Servicio Civil de Carrera
Muchos trabajadores de base se han superado profesionalmente, algunos han concluido maestrías, doctorados, o se han capacitado a través de una serie de diplomados, cursos y talleres y por sus méritos han logrado escalar a un mejor puesto de confianza. Si existiera estabilidad en el personal calificado, se reduciría la incertidumbre, ya que actualmente no existe certeza sobre el futuro laboral de quienes trabajan en el Gobierno del Estado.
¿Quiere decir que la Ley del Servicio Civil de Carrera, que debería otorgar seguridad y estabilidad laboral, no sirve para nada? Entonces, ¿solo vale la lealtad política? Lo que vemos es que la designación de cargos es en razón de la confianza política otorgada en las urnas y que esté dispuesta a defender los intereses del gobierno en turno.
El gobierno está perdiendo mano de obra calificada y aumentando el desempleo. La profesionalización del capital humano es necesaria para el funcionamiento eficiente y eficaz del gobierno y cuesta, así que, al contratar nuevos servidores públicos improvisados, sin experiencia previa, se tendrá que ejercer un gasto adicional en capacitarlo, lo que llevará tiempo. La profesionalización.
Justicia Laboral
Los organismos responsables de hacer que se cumpla la justicia laboral es el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, que es un organismo descentralizado; el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Sin embargo, se perciben algunos aspectos que afectan el funcionamiento de estas instituciones, tales como la intervención del aparato estatal, prolongación de juicios, discrecionalidad y corrupción.
Cuando los trabajadores se enfrentan a la necesidad de atender un conflicto laboral, se encuentran con una serie de dificultades como, por ejemplo: desconocimiento del marco jurídico que protege sus derechos y falta de recursos económicos, así como deficiencias en el sistema de justicia laboral.
Existe la necesidad de mejorar la eficiencia de estos organismos, para lograr un sistema de justicia apegado a la legalidad, imparcial, oportuno y eficaz en su desempeño ante las violaciones a los derechos de los trabajadores, que brinde certeza jurídica y proteja al trabajador ante un despido injustificado.
Lo anterior es fundamental a fin de que se cumpla lo establecido en la legislación laboral vigente en México, como lo es el derecho al trabajo bajo condiciones que garanticen su integridad física, psicológica y con un salario digno y prestaciones que les permita adquirir los bienes básicos para su familia.
Estimo de suma importancia que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) volviera a realizar la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) diseñada por esa institución en el año 2014, mejorando su diseño para una mejor medición.
Por último, me gustaría conocer, ¿qué empresas trae en cartera el Gobierno del Estado de Zacatecas que generen los empleos que se requieren para las personas que están egresando de sus carreras y se encuentran en la búsqueda de un empleo de calidad? Así como para incorporar a las personas que han sido despedidas de la administración pública estatal.
Muchísimas felicidades, Lic. ENEDINA, Por la información tan completa del respaldo de la vida laboral de un trabajador.