El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sigue quedando corto.
En el primer mes de 2022, la violencia que atraviesa México abrió un nuevo episodio de alerta entre el gremio periodístico del país. Esto ante el asesinato de tres periodistas en apenas 15 días; dos de ellos laboraban en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. El ultimo de ellos, la semana pasada, fue asesinada con arma de fuego, fuera de su casa: la periodista Lourdes Mendoza.
Este suceso provocó una manifestación en todo el país del gremio periodístico que denunció la falta de garantías y seguridad para cumplir con el trabajo periodístico, y es que del 2000 a la fecha más de 148 periodistas han sido asesinados por su labor de reporteros, lo que nos ha posicionado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Dentro de las exigencias que también hicieron eco en diversas partes del planeta, se solicita a la Secretaria de Gobernación y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que cumplan con su labor y se garantice la seguridad de todos las y los periodistas del país, así como justicia laboral y mejores condiciones para ejercer esta necesaria profesión.
En teoría, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debería ser una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Desde su creación y a lo largo de los años, esta política pública ha presentado una serie de retos que transitan, por ejemplo, en la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es solo a través del mecanismo, olvidando así la coparticipación que debe de existir de los tres órdenes de gobierno en la protección a quienes ejercen la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.
Al último informe del 26 de enero de 2022, hay 1 mil 508 personas beneficiarias: 495 periodistas (155 mujeres, 360 hombres) y 1 mil 23 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 551 son mujeres y 472 hombres. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a la fecha se ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80 por ciento.
A pesar de ello, las estadísticas nos muestran que la violencia contra defensores de DDHH y periodistas siguen al alza, y más allá de colores partidistas o posiciones políticas, el mecanismo debería fortalecerse para estar a la altura de lo que la realidad de México demanda, cumplir con los objetivos para los que fue creado y no ser parte del robusto esquema de instituciones y burocracia del país.
Resta reconocer la labor periodística de cientos de reporteros y reporteras que a lo largo y ancho del país dan seguimiento puntual exponiendo diariamente su vida por su vocación y para dar a conocer la realidad que vivimos. En espera de que se reconsidere el rumbo de las estrategias gubernamentales por protegerles.
