El pasado lunes se alcanzó la dramática cifra de 100 mil desaparecidos en el país desde que comenzó a llevarse un registro en 1964, sin embargo, una década atrás nuestro país llevaba 40 mil desaparecidos, es decir, la cifra se duplicó en tan solo 10 años.
Esto se traduce en 100 mil familias que viven en zozobra, desgastados por la búsqueda y la esperanza, por la impunidad e ineficiencia de la mayoría de las autoridades; madres, padres, esposas e hijos que buscan a sus familiares día y noche.
Quizá suene frío hablar de personas desaparecidas como números o estadísticas, pero es importante hablar de cifras como una herramienta de política pública y rendición de cuentas. También para dimensionar el tremendo problema en el que se está convirtiendo para las autoridades de todos los niveles y la sociedad, un problema que ya de por sí era complicado.
Como si la cifra y la realidad no fueran duras, de estas 100 mil personas desaparecidas 24 mil 824 son niñas, adolescentes o mujeres. Con lo que ello implica. Además, estudiando estos números se observa que 16 mil 537 desaparecidos son niñas, niños y adolescentes al momento de la desaparición. Hay un incremento en la desaparición de jóvenes en la ultima década.
Este drama pone en evidencia la falta de una perspectiva integral para generar políticas publicas para intentar enfrentar este problema. Si bien en el Senado recientemente se aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, esto no es suficiente, porque hace falta una verdadera política pública de Estado que detenga las desapariciones en el país, que este oscuro récord lleve a las autoridades a actuar de manera urgente para seguir buscando detener la desaparición de personas y cuidar a los ciudadanos.
La desaparición de personas constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida.
Es tarea de todos, principalmente del Estado, hacer frente a este drama que crece cada día, pues diariamente 20 mexicanos no regresan a su hogar, desaparecen, y es tiempo de que todos hagamos lo que nos corresponde para intentar detener el problema.
Ojalá que la visibilidad que se está dando de la cifra de 100 mil desaparecidos nos orille a ello, por lo pronto ya todos los actores políticos y organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales se han expresado al respecto y esto no puede seguir así.
