El 2021 fue un año de terror para muchas familias de comunidades zacatecanas que se vieron obligadas a desplazarse, al mirar cómo se multiplicaban los números de personas desaparecidas y asesinadas. La mayoría de quienes están ausentes son hombres jóvenes; la sospecha de que son víctimas de trabajo forzado inhibe las denuncias. La violencia que comenzó a extender sus raíces en territorio zacatecano desde hace tiempo tomó nuevos aires.
Una investigación de Quinto Elemento Lab
Texto: Mónica Cerbón
Fotografías: Adolfo Valtierra
Contacto: [email protected]
Luis y Juan recogen los cartuchos percutidos y desperdigados por los costados de la carretera que conduce hacia la comunidad rural de Palmas Altas, en el municipio zacatecano de Jerez. Es abril de 2022 y ambos niños corren por esa vía desierta, custodiada ahora por el Ejército Mexicano. Se guardan algunos entre las bolsas y con otros juegan como si fueran silbatos.
Cómo saber si los casquillos con los que Luis y Juan ahora juegan fueron parte de una bala que hizo blanco en un cuerpo vivo. Los niños soplan el cilindro oscuro y hueco. Ese sonido pareciera ser la dolorida voz zacatecana. En ésta y otras 18 comunidades localizadas en el triángulo que forman los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo, en el centro del estado de Zacatecas, cada cartucho percutido tiene algo que contar.
Así como los casquillos se han integrado al paisaje, la palabra desaparecido se ha escuchado más por estos lares.
Durante 2021, al menos 11 personas —la mayoría hombres de entre 40 y 50 años— fueron desaparecidas en las comunidades de Palmas Altas, Sauz de los García y Sarabia, que juntas suman 557 habitantes, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que por cada 50 personas, hay una ausente.
La cifra exacta de las personas desaparecidas es difícil de conocer, porque en muchos casos no existe una denuncia. El miedo a las represalias ha llevado a los pobladores a optar por el silencio. Aún así, lo que se logra conocer coloca a Zacatecas como uno de los epicentros actuales de la desaparición en México: durante 2021 ocurrieron, al menos, 848 desapariciones en el estado, de acuerdo con los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esa cifra representa 151% más desapariciones que el año anterior. En algunos municipios, como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez, el aumento fue de más del 200%.
El incremento en el número de personas desaparecidas y de los homicidios están entre las principales razones detrás del desplazamiento forzado que se vive en Zacatecas: alrededor de 3 mil 500 personas han abandonado sus hogares en nueve eventos masivos identificados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En la narrativa oficial, parte del territorio zacatecano está en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, por ser una zona desde donde se puede conectar fácilmente con Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila.
Los habitantes de la comunidad de Palmas Altas, una de las varias afectadas por el desplazamiento forzado, huyeron a la cabecera municipal de Jerez, a otros estados del país o a Estados Unidos. Los testigos del terror zacatecano cuentan lo que vivieron desde el anonimato; aseguran que su mundo se vio trastocado en enero de 2021 cuando un grupo de 20 hombres armados llegó al poblado. Dijeron que eran ingenieros y que estaban ahí para construir una carretera. La gente de la comunidad se preguntaba: ¿si son ingenieros, por qué las armas?
Uno de los pobladores de la localidad —cuyo nombre se resguarda por su seguridad— asegura que las desapariciones iniciaron el 28 de febrero de 2021, cuando un comando armado secuestró a seis hombres; tres permanecen desaparecidos.
Los datos del RNPNDO muestran que entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de marzo de ese año ocurrieron, al menos, 15 desapariciones; dos personas fueron localizadas con vida y de las demás, hasta principios de junio de 2022, no se sabía nada.
Entre el 1 y el 4 de marzo asesinaron a dos hombres: un poblador en la comunidad de Juana González y a otro en La Noria, ambas ubicadas a pocos kilómetros de Palmas Altas. La información corrió como pólvora; la gente en esos lugares suele conocerse e incluso son familiares. Enterarse de las desapariciones y asesinatos llevaron a los habitantes de diversas comunidades a dejar sus hogares.
“No sabemos por qué se los llevaron. Unos tenían tienda, otros vivían al día, de peones. A nosotros nos dio miedo y nos hizo irnos. Veníamos (a la comunidad) con las autoridades y en ese tiempo no queríamos tocar mucho el tema porque estaba muy sembrado el pánico. De cualquier denuncia que uno hacía, ellos (la gente de los cárteles) estaban enterados”, dice un poblador, él calcula que sólo el 30% de todos los casos de personas desaparecidas en la región han sido denunciados ante el Ministerio Público.
A mediados de marzo otro hombre fue desaparecido. El 3 de abril, un tendero y uno de sus clientes que lo acompañaba tomando un refresco fueron secuestrados. Ninguno de los tres ha sido localizado. La tienda, ubicada en la carretera hacia Palmas Altas, ahora luce abandonada, sus anaqueles están saqueados, solo quedó la libreta vieja con el registro de los productos fiados.
Poco tiempo después, el 10 de mayo, desaparecieron otros tres hombres de Sauz De Los García, comunidad de apenas 110 habitantes ubicada a 20 minutos de Palmas Altas. Por esas fechas, más de dos mil habitantes de las comunidades de la zona tuvieron que abandonar sus hogares. La prisa y el miedo las orilló a dejar todo. Algunas lograron llevarse sus documentos más importantes.
Algunas personas pudieron regresar a sus comunidades meses después, entre septiembre y octubre. Pero el 14 de noviembre secuestraron a otras ocho personas en Palmas Altas, entre ellas a una mujer delgada y morena que lavaba ropa en el patio de su casa sencilla y oscura, rodeada por ladrillos de adobe, alambres y palos que funcionan como una cerca. Dos días después, los cuerpos de su esposo y de otro de los hombres secuestrados aparecieron molidos a golpes en una zona serrana perteneciente a Fresnillo.
La mujer y un hombre permanecen desaparecidos; otros cuatro lograron regresar, algunos mutilados. Lo que vivieron fue “un infierno”, dijo uno de los sobrevivientes.
El 25 de enero de 2022, otro hombre de 40 años que conducía cerca de la entrada a la comunidad fue asesinado. Su camioneta apareció días después destartalada y marcada con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De las 134 desapariciones ocurridas en el municipio de Jerez desde 2006, 53 de ellas sucedieron en 2021, de acuerdo con los datos del RNPNDO. Los municipios vecinos de Fresnillo y Valparaíso son dos de los más violentos en la entidad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el primero hay registro de 505 reportes por desaparición, y en el otro 102. La mayoría son hombres —padres, hermanos, parejas, hijos— en edad productiva.
Tras las desapariciones, asesinatos y enfrentamientos armados, los campesinos perdieron sus cosechas y, en consecuencia, sus recursos económicos. Tras haber tenido que huir de sus hogares, el gobierno de Jerez —cuyo presidente municipal es el morenista José Humberto Salazar— propuso a los productores contratarlos como barrenderos del ayuntamiento. Nadie aceptó, de hecho, les pareció una burla.
“No había ninguna respuesta del gobierno municipal. Haga de cuenta como si no pasara nada. Pero tan sabían del problema que ni siquiera fueron a hacer campaña el año pasado, no pusieron urnas ni nada. Ellos como si nada, a nadie buscaron para preguntar cómo estábamos”, dice un habitante de Palmas Altas.
En marzo de 2022 y custodiados por la Guardia Nacional, las familias de las comunidades pudieron regresar a recoger algunas de sus cosas, como electrodomésticos y pertenencias de valor. Pero la situación de inseguridad no ha sido solucionada y nada se sabe sobre las investigaciones de las personas desaparecidas que sí fueron denunciadas.
Los habitantes recuerdan con molestia la frase que David Monreal, gobernador morenista de Zacatecas, dijo a inicios de marzo para responder a la pregunta de cuándo las familias desplazadas podrían regresar a sus hogares: “Ojalá tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama”.
Fresnillo, un municipio tocado por las ausencias
De los 58 municipios que tiene Zacatecas, Fresnillo es donde hay un mayor número de desapariciones según los datos oficiales: de las 2 mil 779 ocurridas desde el 2006 en todo el estado, 505 se registraron en Fresnillo. Ahí permanecen desaparecidas 106 mujeres de entre 15 y 29 años de edad, y 399 hombres que oscilan entre los 20 y los 24 años. La mayoría de las personas han desaparecido desde 2017. El 2021 es el año con el mayor número de registros.
Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, asegura que muchos de los desaparecidos en la entidad son obligados a trabajar para los cárteles: “La unidad de análisis de contexto de la Comisión se ha percatado de los perfiles de las víctimas y nos damos cuenta de que, sobre todo, son hombres utilizados como fuerza de trabajo, es reclutamiento para las actividades que ellos (el crimen organizado) realizan”.
En Zacatecas, el número de desapariciones en el RNPDNO pasó de 91 en 2015 a 848 en 2021, un salto diez veces mayor en solamente seis años. Para 2022, la cifra va en 258 desapariciones: 199 son hombres y 59, mujeres.
Incluso en el mapa nacional, durante el 2021, cinco municipios del estado —Zacatecas, Río Grande, Fresnillo, Jerez y Guadalupe— presentaron las tasas de desapariciones más altas por cada 100 mil habitantes, considerando a las poblaciones de más de 5 mil habitantes y con más de 50 casos en cada año.
“Fresnillo, Calera y Río Grande es donde hemos detectado más la desaparición de hombres jóvenes”, dice Everardo Ramírez, de la Comisión Estatal de Búsqueda. Algunos de ellos, asegura, han aparecido con vida; han logrado escapar o se han liberado del trabajo forzado. Una pesadilla de la que poco se conoce en el país. “Hemos intentado dar seguimiento, pero es casi imposible con las víctimas que regresan, nos dicen que ya no quieren nada a pesar de que sufran por toda su vida por falta de atención”.
En el caso de las mujeres que se encuentran desaparecidas, la mayoría tienen entre 17 y 23 años, de acuerdo con las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes no descartan que sean víctimas de trata sexual.
Ciudad de Zacatecas: volver a la guerra
El 2021 ha sido el año más violento que se haya registrado en Zacatecas, incluso si se compara con el 2010, cuando el Cártel de Los Zetas mantuvo asolada la entidad. Durante el periodo 2015-2021, el número de homicidios dolosos aumentó en más del triple, con un incremento de 466%al cierre del año pasado. La guerra no termina, sólo se transforma.
Frente al Palacio de Gobierno en la capital del estado, en la misma explanada donde en enero de 2022 apareció una camioneta con diez cuerpos en su interior, policías estatales se manifestaron dos meses después contra las malas condiciones laborales, la imposición de mandos y la llegada de ex policías federales a la entidad.
Los policías no ocultaban el miedo. Durante la manifestación llevaban el rostro cubierto por temor a represalias y no respondieron cuando se les preguntaba su nombre. Algunos solicitaron portar su arma también en los días de descanso, bajo el argumento de que podían ser atacados, como ha sucedido con algunos de sus compañeros.
“Zacatecas no merece corruptos, necesita gente que ame nuestro estado. La seguridad merece atención”, se leía en una manta colgada en la puerta del edificio donde se encuentran las oficinas del gobernador David Monreal, quien ocupa ese cargo desde septiembre de 2021. Su llegada al gobierno no significó una disminución de las balaceras, los asesinatos o del número de personas desaparecidas.
Aunque el repunte de desapariciones en Zacatecas ocurrió en 2021 —con 848 desapariciones de acuerdo con el registro oficial—, los años anteriores ya contaban la historia de una tragedia. Entre 2010 y 2011, años de la “guerra contra las drogas” implementada por el gobierno de Felipe Calderón, se registraron 216 desapariciones.
En 2016, las desapariciones volvieron a contarse por centenas. Ese año, ya no se supo de al menos 108 personas. Al año siguiente la tragedia incrementó y se registraron 156 desapariciones. Como una ola que va devorando vidas, en 2020 se pasó a un nuevo nivel: se denunciaron 338 casos de desaparición.
Ya en 2021, la tragedia tomó otra dimensión. Zacatecas se coronó como uno de los territorios más violentos en México: ese año fueron desaparecidas al menos 848 personas en el estado.
Jorge Salinas Camacho, de 17 años, desapareció la madrugada del 23 de marzo del 2017 en el centro histórico de la capital de Zacatecas, ubicada a 40 minutos de Jerez y a casi una hora de Fresnillo.
Sus padres, Guillermina Camacho y Alberto Salinas, dicen que ese mismo día desaparecieron otros cinco jóvenes en distintos puntos de la ciudad. Con base en algunos indicios, sospechan que Jorge fue reclutado de manera forzada. En 2019 alguien aseguró haberlo visto en Pachuca, Hidalgo, pero la pista nunca se investigó.
Una semana después de la desaparición de Jorge, Rodrigo Rosas Collazo, actual fiscal especializado en Atención al Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, informó a medios de comunicación que, según su investigación, el adolescente no quería regresar a casa y deambulaba en el centro histórico. Días después, su padre confirmó que la persona a la que se refirió el fiscal era un turista que de lejos se parecía a su hijo.
Sergio Orlando Beltrán Martínez, de entonces 19 años, es otro joven que desapareció en 2017, el 7 de junio, tras asistir a un bar en el centro de la capital de Zacatecas. Rosas Collazo fue el Ministerio Público de la investigación antes de ser designado como fiscal especializado, en 2018. Los padres de Sergio, Martha Angélica Martínez y José Guadalupe Beltrán, afirman que la Fiscalía no realizó ninguna búsqueda, no entregó las grabaciones de las cámaras de vigilancia y a cinco años de la desaparición no han entrevistado a testigos clave.
Jorge Salinas y Sergio Orlando tienen, además de ser jóvenes y haber desaparecido en el centro de la capital zacatecana con dos meses de diferencia, algo más en común: Rodrigo Rosas Collazo cometió graves omisiones en la investigación de sus casos.
En 2018, la familia de Sergio Orlando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHEZ), órgano que en mayo de 2021 determinó que se habían cometido omisiones en la investigación y emitió la recomendación 02/2021 a la Fiscalía de Zacatecas, en la que solicitó iniciar ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un procedimiento de investigación administrativa en contra de Rosas Collazo y tres policías ministeriales.
La comisión también pidió que la familia de Sergio Orlando accediera al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas de Zacatecas, para realizar un pago de indemnización que, hasta ahora, no se ha realizado.
La investigación por la desaparición de Sergio Orlando se encuentra ahora en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Encontrar para volver a perder
En Zacatecas es común que las madres buscadoras cuenten que no asistieron a una búsqueda o no presionaron lo suficiente a la Fiscalía Estatal con alguna pista porque tienen otros hijos e hijas a quienes deben proteger.
Para Everardo Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, la crisis forense es una de las deudas más grandes de la fiscalía zacatecana. “Hemos estado presionando, pidiendo la colaboración con la Fiscalía, para que se hagan los análisis de los restos que se localizaron en ese espacio y en otros”, dice. Otros municipios en donde se han realizado búsquedas desde 2017 son Villa de Cos, Valparaíso, Nochistlán, Jerez y Fresnillo, donde también han buscado en tiros de mina.
De 2020 a septiembre de 2021, la Comisión a su cargo acompañó 27 búsquedas en campo, donde se localizaron de 15 a 18 fosas clandestinas, con un aproximado de 15 cuerpos completos. Además, realizaron otras 14 búsquedas en vida en hospitales, reclusorios y centros de rehabilitación.
Ramírez agrega que el presupuesto estatal para la Comisión de Búsqueda aumentó en más del 300%, pasando de 594 mil 658 pesos en 2020, a 2 millones 384 mil 739 pesos en 2021, cuando también recibieron cerca de 18 millones de pesos de recursos federales.
*Los fragmentos de esta investigación se reproducen con la autorización de Quinto Elemento Lab para Lalalá News.
“Fragmentos de la Desaparición” es una investigación periodística que permite explorar la información sobre cómo México llegó a las 100 mil personas desaparecidas, quiénes faltan, desde cuándo y en qué territorios se resiente su ausencia.
Esta es una serie de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos que puedes ver en: https://quintoelab.org/fragmentos/cien-mil-despariciones-mexico