Hoy se cumple el octavo aniversario de uno de los sucesos más trágicos de nuestro país. Si bien la violencia desde hace más de una década está desbordada y día a día vivimos sucesos violentos que superan el uno del otro, lo que pasó hace 8 años marcó un parteaguas en la historia violenta de nuestro país por todo lo que sucedió en el contexto de la tragedia.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa luego de la trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, hoy está por llegar a su clímax en un ambiente de incertidumbre, pues dos gobiernos de distinto partido político han presentado dos investigaciones en las que todavía no se logra determinar, de forma clara, la verdad de lo que sucedió con los jóvenes. Si bien existen algunos avances, no se ha logrado, o las autoridades no han querido informar sobre el destino final de los estudiantes.
La versión del gobierno peñista, a la cual se le llamó “la verdad histórica”, nos dijo que los agentes realizaron ataques que dejaron seis muertos en el momento y a los 43 jóvenes capturados los entregaron al cártel Guerreros Unidos, el cual los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula.
Sin embargo, esta versión fue desestimándose y las investigaciones indicaron que solo se trató de un montaje para intentar calmar los ánimos caldeados del país y los familiares cercanos a las víctimas.
Por otra parte, el gobierno actual, vía la llamada Comisión para la Verdad, ha presentado, el pasado 18 de agosto, la conclusión del caso que sentencia que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
Mas no se han aclarado aún las dudas legítimas de los familiares sobre los hechos exactos suscitados esa noche de terror, sobre todo el destino final de los estudiantes, de sus cuerpos, incluso la esperanza de que algunos aún se encuentren con vida.
Quizá existía más información y el gobierno decidió no hacerla pública, ya que el pasado fin de semana la periodista Peniley Ramírez publicó su columna en el diario Reforma donde registró el informe sin testar sobre lo que ocurrió en detalle; lo que se narra es horroroso e inhumano, quizá uno de los motivos para no dar a conocer detalles, además de que se señala a servidores públicos y militares como responsables de lo sucedido en esta dramática historia de nuestro país.
Hoy, a 8 años, la justicia aún viene lenta, la esencia del suceso se disuelve en las redes sociales y medios de comunicación por la lamentable polarización que vivimos, “los de derecha” celebran que se haya filtrado esta información, que según dicen, acerca a una verdad; “los de izquierda” lamentan las filtraciones por las posibles consecuencias jurídicas y las violaciones al debido proceso.
Seguro hay puntos válidos en los diferentes argumentos, pero no debemos olvidar que más allá de fobias o preferencias, hace ya 8 años, 43 estudiantes desaparecieron y nunca regresaron a concluir sus estudios, nunca regresaron con sus familias y su historia, que debería servirnos para avanzar en la justicia y que no se vuelvan a cometer esos errores y horrores, se politiza.
