Habría que pensar muy seriamente en abrir un espacio denominado “Las mentiras de Julio César Chávez Padilla”. Y MORENA debería considerar con la misma seriedad la posibilidad de expulsarlo del partido por contravenir los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.
Fue en agosto de 2020 cuando en Lalalá News dimos a conocer que el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, desde el 2008 era accionista de la empresa Piero Sutti S.A. de C.V., señalada por aparecer en los Panama Papers, un listado de empresas con presuntas actividades de evasión fiscal y “lavado de dinero”.
“Casualmente”, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ya no existe registro de alguna declaración patrimonial del susodicho (declaración donde consta el vínculo con dicha empresa), pese a que tiene más de una década en el servicio público, una trayectoria que no ha estado exenta de polémicas y graves observaciones.
A su paso por el Ayuntamiento de Guadalupe no solo no aplicó los principios de “austeridad republicana” de la Cuarta Transformación, sino que también ha tenido una “burocracia dorada” en su administración, con servidores públicos que percibían más ingresos por bonos y compensaciones que por el entero de su salario base, sin olvidar múltiples adquisiciones a sobreprecio cuyo destino no obra en los registros de los inventarios de bienes muebles del municipio (y donde se involucra al entonces contralor, Julio César Nava de la Riva).
El problema es que a pesar de las evidencias, Chávez Padilla sigue mintiendo de manera sistemática y tal parece que la farsa es el signo distintivo de su trayectoria. Cómo olvidar el “montaje” para la contratación ilegal de Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos para privatizar el servicio.
Cuando recién iniciaba la administración 2018-2020, el alcalde de la “honestidad y acciones firmes” se convirtió en el basurero más caro de la historia, al enfrentarse a una protesta de trabajadores de Limpia que le ayudó a justificar la privatización del servicio.
Fue la propia Auditoría Superior del Estado (ASE) la que, en la revisión a la Cuenta Pública 2019, determinó las múltiples irregularidades en la que incurrió el Ayuntamiento con la contratación de la empresa Trash y el posible daño al patrimonio del municipio, sin olvidar la gran cantidad de anomalías que rodean a la empresa duranguense.
Pues no conformes con estos señalamientos, el alcalde Julio César Chávez continuó con el fraude e incluso en diciembre de 2021, diputados de la 64 Legislatura le autorizaron (con el apoyo de la diputada Violeta Cerrillo) la concesión del servicio de recolección de basura hasta por 9 años. ¿Cuál empresa ganó la concesión? Claro: nuevamente Trash, en una licitación simulada en la que solo participaron dos empresas, de las cuales una (la local) no presentó propuesta técnica ni económica ni su registro en el Padrón de Proveedores.
Solo que dicha concesión también está plagada de irregularidades. De inicio, el dictamen se justificaba con un cálculo de gastos mal elaborado, pues incluían en la inversión anual el costo de los camiones recolectores (como si estos fueran una adquisición anual) o el terreno donde serían albergados (como si este se comprara anualmente), lo que duplicaba el costo del servicio concesionado, mucho más que si el Ayuntamiento asumiera esta obligación constitucional con personal a su cargo.
Sin embargo, así lo aprobaron los diputados locales, quienes hoy dudan si mantener el acuerdo o revocar la autorización de la concesión, porque los hace copartícipes de este presunto acto de corrupción. Más aun, cuando el propio contrato multianual revela que los más de 700 millones de pesos a erogar por dicho servicio también incluían el pago del retroactivo en los meses previos a la autorización de la concesión.
Por si no fueran suficientes mentiras, el alcalde Julio César Chávez al que no se le dan las finanzas (ni la honestidad) también ha justificado su falta de pericia culpando a su antecesor, Enrique Flores Mendoza, de tener en quiebra al municipio por haber retenido las cuotas del IMSS e ISR sin haberlas enterado al Servicio de Administración Tributaria.
El problema es que sus “cifras alegres” tampoco cuadran, pues además de que los adeudos han ido creciendo durante su gestión, fue en 2020 cuando el propio alcalde se negó a firmar un acuerdo para regularizar estos adeudos y ponerse al corriente en un plazo de 48 meses (una oportunidad que sí aprovechó el alcalde fresnillense Saúl Monreal y ha sido el primero en saldar su adeudo con este esquema).
Lo de Chávez Padilla es mediatizar su drama (más bien “autosabotaje”) y culpar al pasado (¿le suenan las “herencias malditas”?) para justificar su ineptitud. Baste recordar las finanzas críticas que hoy enfrenta el Ayuntamiento de Guadalupe, producto de una baja en la recaudación propia, pero también en los ingresos por participaciones y aportaciones federales.
Tal vez a ello responden sus recientes declaraciones en las que, aun culpando a su antecesor, afirma que por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de septiembre de 2022 están en riesgo las finanzas del municipio debido a que le serían retenidos hasta 139 millones de pesos de sus participaciones a fin de saldar el adeudo por las cuotas del IMSS y el ISR, que según sus “cifras alegres” ascendería a poco más de 300 millones de pesos, cuando sus propios informes financieros (aprobados por el Cabildo) dicen otra cosa.
Con esta premisa, Chávez Padilla “lamentó” que no se contará con recursos suficientes para pagar la nómina de más de 1 mil 800 trabajadores del municipio, debido a que el SAT (dijo) estaría en condiciones de cobrarse “a lo chino” los créditos fiscales firmes.
Lo que no dice el alcalde de Guadalupe es que el Ayuntamiento no ha figurado en los últimos cinco años en la lista de contribuyentes incumplidos del SAT, según lo establecen los artículos 69 y 69b del Código Fiscal de la Federación, por lo que también sería mentira eso de que el municipio tenga un crédito fiscal firme que pusiera en riesgo las finanzas públicas.
No obstante, todo lo anterior ha sido la excusa perfecta para plantarse ante la base trabajadora en días pasados y amenazarles con la imposibilidad de pagarles el sueldo de los próximos cuatro o cinco meses debido a la insuficiencia presupuestal por el riesgo de que el SAT les retenga sus participaciones.
Pero ahí también ha mentido el alcalde Julio César Chávez, pues según la publicación del DOF del pasado 1 de septiembre, en su artículo Cuarto, Fracción II, inciso b):
“La UCEF analizará la información y determinará los montos máximos a compensar para cada acreedor de manera proporcional, sin que el total a compensar, para todos los acreedores, a nivel de entidad federativa o municipio excedan del 15% de las participaciones que se estimen en el mes que corresponda, con el propósito fundamental de no afectar la operación de los programas o planes de trabajo de las entidades federativas y municipios, y por ende su capacidad para continuar brindando servicios públicos básicos a la población”.
No sorprende que el alcalde de la “honestidad y acciones firmes” incurra en mentira tras mentira, pues esta última coyuntura le permitiría justificar ante la 64 Legislatura la solicitud que remitiera en mayo pasado para la autorización del refinanciamiento de la deuda a largo plazo, la misma que fue contratada en la administración de Roberto Luévano (2013-2016), cuando Chávez Padilla fue secretario de Gobierno.
No hay que olvidar que hoy Guadalupe es el municipio con la mayor deuda pública en el estado. Según el último reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 30 de junio de este año el Ayuntamiento de Guadalupe tendría una deuda pública de 122.6 millones de pesos de los 221.5 millones que representan el total de la deuda pública de los municipios de Zacatecas. Más del 50%, y en el último año apenas habría reducido un 16.4% de sus obligaciones financieras.
Con todos estos señalamientos a cuestas, el alcalde de Guadalupe (reelecto para un segundo periodo) aún piensa que tiene condiciones para seguir aspirando a una candidatura al Senado en 2024, aprovechando sus “padrinos políticos del Bienestar”. A ver si un día no se le revierten las consecuencias de sus mentiras, iniciando por el encono de la base trabajadora a la que hoy tiene amenazada. ¿“Tierra de bien y progreso”? Será más bien tierra de mentiras y desfalcos.
