Con un llamado a las autoridades electorales a hacer valer y proteger los derechos políticos de las mujeres, Gabriela Nieto Castillo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro impartió la conferencia magistral Participación Política de las Mujeres en México.
En el marco del 25 Aniversario de la Fundación del IEEZ y de la conmemoración del 69 Aniversario del Derecho al Voto de la Mujer en México, la magistrada reflexionó sobre el devenir histórico de la participación política de la mujer en el país.
Destacó que, aunque los derechos políticos son derechos de primera generación, su fortalecimiento continúa vigente -en la lucha por los derechos de tercera generación- debido a su inadecuado reconocimiento cuando se trata de las mujeres.
Nieto Castillo recordó que la lucha por los derechos políticos de la mujer inició durante el Constituyente de 1917 por parte de Hermila Galindo, activista cercana a Venustiano Carranza, que propugnó, de forma externa, para que en el texto constitucional se estableciera el derecho de la mujer a participar en los espacios de decisión, solicitud que fue desechada con argumentos como el de que no era una demanda generalizada de la población femenina.
La siguiente iniciativa por el reconocimiento de la participación política de la mujer, indicó la magistrada, la propuso el presidente Lázaro Cárdenas a finales de la década de 1930, pero fue desechada con la tesis de que la mujer se encontraba muy cercana a la religión.
Fue hasta el 17 de octubre de 1953, durante la gestión de Adolfo Ruiz Cortines, cuando se reforma la Constitución y se le reconoce a la mujer el carácter de ciudadana con los correspondientes derechos políticos.
Sin embargo, el siglo XX concluye sin que las legislaciones y las instituciones electorales garanticen una igualdad sustantiva en la materia entre hombres y mujeres, por lo que es hasta las reformas de 2014 y 2019 cuando realmente se establecen mecanismos tendientes a velar por una adecuada participación política de la mujer, quehacer en el que los institutos y tribunales tanto locales como federales están enfocados, subrayó la magistrada.
Al respecto, Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IEEZ, reconoció la necesidad de orientar el trabajo de las autoridades para revertir desigualdades estructurales e históricas dentro del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
Realizan conversatorio sobre mecanismos para reducir desigualdad
En el mismo marco, el IEEZ llevó a cabo el conversatorio «Personas con discapacidad: Mecanismos para reducir la brecha de desigualdad» en el que participaron Miriam García Zamora, directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el estado de Zacatecas; Juan Ignacio Bilbao Vázquez, especialista para la atención de personas con discapacidad e interculturalidad y Juan Enrique López Rodríguez, encargado de Atención Psicológica del Instituto para la Inclusión.
Los participantes coincidieron en la importancia de una reestructura del sistema democrático en el país y en el estado en el que la convivencia de modelos excluyentes, como el médico-rehabilitador que limitan a las personas con discapacidad, han impedido que se apliquen políticas públicas y acciones afirmativas que realmente posibiliten una participación política real de las personas con discapacidad.
En este contexto, Frausto Ruedas, advirtió que en el marco jurídico que reconoce los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, es necesario profundizar la discusión que permita armonizar las visiones sobre los mecanismos para reducir la brecha de desigualdad.
Entre las acciones prioritarias está incluir personas con discapacidad en el cumplimiento de las acciones de los entes gubernamentales y generar mecanismos eficientes de consulta en los procesos de toma de decisiones que les interesa.