¿Corrupción en la JIAPAZ?

Apenas el 23 de marzo de este año rindió protesta como director general de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) y David Octavio García Flores (que en el nombre lleva la penitencia) ya sacó el cobre.

Llegó al cargo tras aceptarse la renuncia de Benjamín de León Mojarro, quien debió enfrentar una intensa campaña en contra ante la intentona de incrementar las tarifas por el servicio de agua potable y alcantarillado, algo que ya lograron en la nueva gobernanza sin el circo mediático del alcalde de Guadalupe y “Chafa-Iron-Man” de medio pelo, Julio César Chávez Padilla, o del hoy presidente de la Mesa Directiva en la 64 Legislatura, Ernesto González Romo.

Ambos muy pronto evidenciaron su cargada en contra de quien entonces presidía la Capital, Ulises Mejía Haro, debido a sus aspiraciones políticas y ahora, sin chistar ni objetar la decisión, permitieron el desfalco a las familias que habitan en los cuatro municipios que integran la Junta.

Pero ya hay señales de que en la JIAPAZ también llegó el cáncer de la nueva gobernanza, con sus malas prácticas al interior del organismo que solo perjudican a los usuarios. Y para muestra, baste citar un solo ejemplo.

Desde el 12 de octubre de 2018, el entonces Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente de Guadalupe, Guillermo Gerardo Dueñas González, había otorgado un permiso de construcción a un particular en el fraccionamiento Santa Rita, a fin de edificar un bardeo perimetral en un terreno.

El mismo funcionario autorizó otro permiso idéntico el 6 de noviembre del 2020 para el mismo particular en la misma propiedad. Y el 17 de mayo del 2021 se repitió el mismo caso.

El problema es que el particular no solo estaba edificando un bardeo perimetral; al interior del predio por el cual había obtenido un permiso de construcción también realizaba diversas obras que en algún momento incluyeron la conexión a la red de agua potable y alcantarillado de la JIAPAZ. Solo que en el proceso, las obras generaron una fuga que terminó por dañar a propiedades aledañas.

Lo anterior derivó a finales el 2021 en la presentación de una demanda en contra del dueño de la finca por daños en las propiedades colindantes y para proceder en consecuencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) que encabeza Francisco Murillo Ruiseco ordenó se hicieran los peritajes a fin de recabar la evidencia documental.

Desde la Dirección de Distribución de la JIAPAZ, entonces encabezada todavía por Benjamín de León Mojarro, se realizó una inspección in situ y se encontraron con la instalación de una toma clandestina en el predio en comento, por no mencionar los metros cuadrados de construcción para los cuales el propietario no tenía el permiso correspondiente de la autoridad municipal, que únicamente había autorizado un bardeo perimetral hasta en tres ocasiones en los últimos cuatro años.

Pues de la supervisión realizada por personal de JIAPAZ se determinó que, efectivamente, debido a esa toma clandestina (pues el propietario del terreno ni siquiera tiene número de registro como usuario) se habían generado daños por trasminación a propiedades contiguas.

Así quedó el dictamen en diciembre de 2021 (cuyos documentos obran en poder de Lalalá News), hasta la llegada de David Octavio García Flores a la dirección de la JIAPAZ en marzo de este año. Desde entonces ha acudido personalmente a verificar el predio en disputa y hoy pretende cambiar el sentido del dictamen, todo indica que con la intención de “hacerse dela vista gorda” y proteger al dueño de la finca con tal de que el propio organismo asuma el costo de los daños y que se repare el daño a las víctimas con recurso público.

¿Pero quién es quién en este entramado? David Octavio García Flores ya había sido director de Distribución y Alcantarillado en la JIAPAZ entre el 2004 y 2018. Posteriormente, del 2018 al 15 de marzo de 2022 (según consta en su declaración patrimonial plagada de irregularidades que deberá indagar la Secretaría de la Función Pública) se desempeñó como constructor, tanto por cuenta propia como siendo socio de otras dos empresas: Nur Freunde S de RL de CV y FAD Desarrollos Programados S de RL de CV, ambas representadas legalmente por Luis Alfonso Miranda Rodríguez y en ambas, García Flores participaba con el 33% de las acciones.

De hecho, como persona física, David Octavio García Flores ya había logrado un par de contratos de obra pública en el Ayuntamiento de Guadalupe, bajo la gestión de Julio César Chávez Padilla. Pero lo más interesante es que, según el registro en el Padrón de Proveedores de la SFP, su domicilio fiscal está a unos cuantos metros del predio hoy en disputa en el fraccionamiento Santa Rita.

Dicho predio, al parecer, sería propiedad de Miguel Ángel Flores Samán, quien ya había laborado como apoyo administrativo en los Servicios de Salud de Zacatecas, luego estuvo del 2019 al 2021 adscrito a la Secretaría General de Gobierno como coordinador Administrativo (periodo en el cual fue responsable del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, vinculado con la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas) y posteriormente volvió a los Servicios de Salud de Zacatecas como apoyo administrativo en la UNEME de Emergencias.

En este caso, Flores Samán no solo se niega a resarcir los daños a los propietarios de predios colindantes, que hasta donde se sabe podrían ascender a varios cientos de miles de pesos; sino que también en complicidad con el director de la JIAPAZ, David Octavio García Flores, busca evadir esta responsabilidad y cargar al organismo la reparación de daños con recurso público, sin olvidar la sanción por la toma clandestina, más el costo de la conexión a la red de agua potable (que según el tarifario, superaría los 11 mil pesos por toma domiciliaria).

¿No había dicho el gobernador David Monreal que se acabaron los privilegios? Porque hasta donde se aprecia, este simple caso denota un tráfico de influencias a costa del erario. ¿Cuántos casos más habrá como este?, ¿serán sancionados?, ¿o amor con amor se paga?

Los anuncios ridículos

Mientras en el puente peatonal de la Plaza Bicentnario era acribillado otro zacatecano a plena luz del día y a la vista de cientos de personas que transitaban en hora pico, el gobernador David Monreal hacía un anuncio por demás irrisorio.

En sus cuentas chinas, adelantó que se tendría “el proyecto de seguridad más ambicioso, con una inversión por el orden de los 700 millones de pesos”, los cuales se destinarían para “robustecer” el Centro de Coordinación Integral, Comando y Comunicaciones (C5), hoy en manos del corruptazo Manuel Eduardo Flores Sonduk.

Solo que, en materia de inteligencia (o al menos en equipamiento para el C5), la nueva gobernanza poco ha hecho para mejorar la seguridad, pues según el documento del primer informe de gobierno, en el último año solo se invirtieron 284 mil pesos para 40 kits de cámaras de vigilancia otorgadas a 40 Mipymes de Zacatecas, Guadalupe, Jerez y Fresnillo conectadas al C5, además de otras 75 cámaras adquiridas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de las que no se reporta inversión.

Sin embargo, estas cifras resultan ridículas (por decir lo menos) cuando en el vecino estado de Jalisco se sabe que existen al menos 6 mil 340 cámaras de videovigilancia (muchísimas más que en Zacatecas).

Y mientras aquí la SSP cuenta con un presupuesto superior a los 1 mil 600 millones de pesos para este año, allá en la tierra de Enrique Alfaro la dependencia encargada de la seguridad, el Escudo Urbano, apenas llega a un presupuesto de 569.6 millones de pesos, la tercera parte de lo destinado a seguridad en Zacatecas.

Tampoco es que los jaliscienses se encuentren mejor en seguridad, sobre todo ante los lamentables hechos registrados recientemente en Zapopan y Guadalajara; sin embargo, es una muestra de que ni en Zacatecas con los miles de millones de pesos en presupuesto ni en Jalisco con las miles de videocámaras de vigilancia han podido hacer frente al fenómeno delictivo. ¿Y si mejor empiezan por cambiar la estrategia de seguridad?