El pasado 6 de octubre, el gobernador David Monreal signó con la Embajada Estadounidense un acuerdo en el que Estados Unidos apoyará al estado con donación de equipo y software para acelerar las investigaciones contra los cárteles, capacitación de policías, funcionarios locales de las áreas de seguridad pública y personal de la Fiscalía General de Justicia de nuestro estado.
Cualquier ayuda contra la lucha que se libra en contra del crimen organizado generalmente es bien recibido por todos los sectores sociales, el apoyo ante la embestida de violencia que se vive pocas veces se cuestiona o es mal vista.
En este caso, la participación el estado con diferentes agencias estadounidenses, como el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) ha levantado “sospechosismo” dentro de varias voces que se cuestionan las facultades del Gobierno del Estado para este tipo de colaboraciones.
El Artículo 117 de nuestra Constitución Política se ha estado citando para señalar los límites legales de las entidades federativas, donde acuerdos como el que firmaron el gobernador David Monreal y el embajador Ken Salazar son descartables, ya que sería trabajo de la federación promoverlos bajo especificaciones particulares que pasen por Presidencia de la República.
Sin embargo, uno de los argumentos para defender esta alianza precisamente es el acuerdo de seguridad de EUA con la Federación, llamado “Entendimiento Bicentenario”, firmado por el Gobierno de México y Estados Unidos en marzo de este año para intensificar la lucha contra el narcotráfico dentro de la cooperación bilateral la aplicación de ese plan.
Otras voces han defendido dicho acuerdo argumentando que es una acción de buena fe, de colaboración, en el que no se infringe ninguna ley, no hay injerencia o intromisión de agentes extranjeros…
Considero que ante el desborde de violencia y la limitada capacidad del estado se deben tomar en cuenta acciones de colaboración con quien de verdad intente ayudar con el problema; sin embargo, ya sabemos que la violencia genera violencia, y que quizá dentro de este apoyo se encuentre un velado interés en el gobierno estadounidense de respaldar y cuidar la inversión de las empresas instaladas en el Estado, sobre todo las empresas mineras que, se dice, han sido afectadas por la violencia que azota a todo el país.
