Desde el inicio de la nueva gobernanza, el Sistema Estatal DIF ha demostrado que las llamadas “herencias malditas” continúan, solo que han cambiado de proveedores.
Ya en marzo de este año, en Lalalá News habíamos dado a conocer un proceso de licitación “amañado” para la adquisición de paquetes alimentarios del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el que Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV habría ganado en el fallo a la Licitación Pública Estatal No. LP-SEDIF.ZAC-EA-2-2022, por un monto de 192 millones 911 mil 273.82 pesos.
Sin embargo, en el Sistema Estatal DIF parecen no respetar los procesos de licitación, como quedó claro recientemente con la licitación pública estatal No. LP-SEDIF.ZAC-EA-34-2022 para la “adquisición de despensas” y la licitación pública nacional No. LP-SEDIF.ZAC-EA-35-2022 para la “adquisición de cobertores”.
En ambos casos, apenas el lunes 5 de diciembre se habría realizado la junta de aclaraciones correspondiente; el martes 13 de diciembre, la apertura de propuestas técnicas y económicas; el 14 de diciembre, el fallo de la licitación; mientras que el próximo 22 de diciembre se realizará la firma de contratos con los ganadores de las licitaciones, y hasta el viernes 23 de diciembre estos harán entrega de los insumos en el Almacén Central de la Subdirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.
El problema es que tanto las despensas como los cobertores recientemente licitados ya se habrían entregado en dicho Almacén Central, como lo demuestra la publicación realizada en las redes sociales del propio SEDIF en fecha del miércoles 7 de diciembre, en la que se informa que la presidenta honorífica del SEDIF, Sara Hernández de Monreal, realizó un visita para verificar la calidad de los insumos que se entregaría como parte de los programas invernales, en conjunto con los Sistemas DIF municipales.
En el caso de la licitación pública estatal No. LP-SEDIF.ZAC-EA-34-2022, el fallo fue a favor de la empresa Comercializadora Camaleón SA de CV, que presentó una propuesta por 9 millones 510 mil 820 pesos, inferior a la propuesta que habría presentado Blanca Yasmín Medellín Saucedo por 9 millones 887 mil 295.20 pesos. La única empresa descalificada habría sido Comercializadora Casa Zac SA de CV, al no presentar copia del recibo de pago por la adquisición de las bases.
No obstante, según la propuesta presentada por Comercializadora Camaleón (una de las “favoritas” de la delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas), el costo de cada una de las 8 mil 500 despensas ascendería a 1 mil 118.92 pesos, un 41.1% más caro que el costo promedio de los productos que debería contener cada despensa (aceite vegetal, arroz, avena, atún, harina de maíz, sopa de pasta, galletas de animalitos, gelatina, café soluble, cereal, sardinas, chocolate, mayonesa, mermelada, harina para hot cakes, azúcar morena, sal, pasta dental y papel higiénico).
Respecto a la licitación pública nacional No. LP-SEDIF.ZAC-EA-35-2022, únicamente habrían participado dos empresas: Distribuidora Damago SA de CV, con una propuesta por 12 millones 920 mil pesos; así como Recursos Navarro SA de CV, que al igual que en la licitación para adquirir despensas, fue descalificada por no presentar copia del recibo de pago por la adquisición de las bases.
Sobra decir qué empresa fue favorecida en el fallo, aunque el costo de cada uno de los 64 mil 600 cobertores ascendería a 200 pesos, un 20.1% más caro que el precio en otras licitaciones también para adquisición de cobertores en las que ha participado Distribuidora Damago SA de CV.
En total, el Sistema Estatal DIF estaría invirtiendo 22 millones 430 mil 820 pesos en sus programas invernales, aunque según las redes sociales de la propia institución, estos ya habrían empezado a distribuirse entre los Sistemas DIF Municipales desde el pasado 8 de diciembre, cuando ni siquiera se había celebrado la sesión para la apertura de propuestas técnicas y económicas de ambas licitaciones, y dos semanas antes de que las empresas ganadoras debieran entregar en Almacén Central los insumos adquiridos, según las bases de la licitación.
Estas anomalías que han quedado demostradas deberían ser investigadas de oficio por la Secretaría de la Función Pública, a fin de dar certeza a otros procesos de licitación y no generar desconfianza entre otras personas físicas y morales que pretendan participar en futuros procedimientos, sin olvidar el posible deslinde de responsabilidad, en caso de detectarlos en la investigación correspondiente.
