Por convicción personal, presenté una iniciativa mediante la cual se exhorta al Senado de la República para que nombre a los Comisionados faltantes en el INAI, ante la inoperancia originada desde la presidencia de la república en complicidad con el partido en el poder.
Pues considero que encuentra vulnerado el derecho humano a la información y la protección de los datos personales, un derecho con la misma jerarquía que el derecho a la salud, a la vivienda o a la educación; el derecho a saber es producto de la lucha ciudadana y es deber del estado garantizar su ejercicio.
Pedí ante el Pleno de la Legislatura el apoyo para a que, a la iniciativa leída, se le diera el carácter de urgente resolución, por ser un tema de interés nacional y por la importancia de que el Congreso Zacatecano emitiera una postura firme a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Lamentablemente los diputados del partido en el poder y sus aliados, votaron en contra, seguramente ya conocían la pretensión que hoy se dio a conocer, la iniciativa presentada por el presidente del senado, para desaparecer de manera definitiva el INAI y seguramente así propiciar la opacidad, la impunidad y la corrupción en el ejercicio gubernamental.
Si bien es cierto, hay excesos en el ejercicio de la función pública, lo ideal es corregirlos, pero no desaparecer lo que por décadas ha costado construir a la ciudadanía.
Desaparecer el INAI implica una reforma constitucional, que no creo que prospere, pero de llegar a nuestra legislatura local, de antemano manifiesto mi total rechazo, pues reitero mi postura a favor de la transparencia para hacer efectivo el derecho a la información pública y a la protección de datos personales.
Nuestra Constitución Federal establece en su artículo primero, que, en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.
El Derecho a la Información en México fue elevado a rango constitucional en una reforma política al artículo 6º de nuestra Carta Magna en 1977[1], al incluir el texto: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, aunque inicialmente hacía referencia a la manifestación de las ideas y a la libertad de la expresión, la doctrina empezó a plantear la cuestión del contenido y naturaleza de este derecho y que se trataba del nacimiento de una nueva garantía.
Con la finalidad de impulsar “el derecho a saber” el Grupo Oaxaca, presentó una Iniciativa Ciudadana de Derecho a la Información Pública, misma que se materializó el 11 de junio del 2002, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, lo que representó el mayor avance legislativo en la materia, que marcó la vida democrática, política e institucional del país, pues justo se logró en los tiempos de la
alternancia política y de la transición democrática de México.
Dicho instrumento legal garantizaba el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos.
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) era un órgano que dependía de la Administración Pública Federal, responsable de garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales; los comisionados que integraban su pleno, eran propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.
A su vez dicha reforma en materia de transparencia, publicada el 7 de febrero del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, tuvo como objetivo fortalecer el Derecho a la Información y el de la Protección de Datos Personales contenidos en el artículo sexto constitucional; misma que amplió el catálogo de sujetos obligados al incluir a los partidos políticos, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos entre otros.
Mediante dicha reforma se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un órgano constitucional autónomo y como máxima autoridad en la materia.
Con ello el acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia, bajo el principio de que todo acto de autoridad debe ser de dominio público, con mayor razón si se trata del ejercicio de recursos públicos.
Partiendo de que toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales y en todo momento tendrá podrá ejercer sus derechos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse al uso de los mismos; también puede otorgar su consentimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento.
Son siete comisionados los que deben de integrarlo, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, los nombra; el nombramiento puede ser objetado por el Presidente de la República.
Los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establecen en su artículo vigésimo primero numeral dos que: “para que exista quórum y se pueda sesionar válidamente, es necesario contar con la presencia de mínimo cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente o al Comisionado que lo supla”.
Desde abril del 2022, el pleno del INAI sesionaba incompleto, apenas el primero de marzo de este año, en ejercicio de sus facultades constitucionales el Senado de la Republica eligió por mayoría calificada a dos comisionados, nombramientos que fueron objetados por el Presidente de la República en el uso de sus facultades constitucionales.
Aunado a lo anterior, recién concluyó el periodo para el cual fue nombrado otro comisionado, lo que ha dejado en incertidumbre la operatividad del Instituto desde el pasado 31 de marzo.
La falta de tres comisionados en el INAI, impide que el Pleno sesione válidamente, lo que compromete el funcionamiento de las actividades del Instituto, pero principalmente vulnera el derecho a la información y a la protección de datos personales, además de atentar en contra de nuestro sistema democrático y debilitar nuestras instituciones.
Entre otras cosas, la falta de comisionados impide reunirse para:
- Interponer, acciones de inconstitucionalidad en contra de normas que vulneren el derecho de acceso a la información;
- Promover controversias constitucionales.
- Resolver recursos de revisión interpuestos por particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados del ámbito federal;
- Resolver recursos de inconformidad que interpongan los particulares en contra de las resoluciones de los Órganos Garantes de las Entidades Federativas;
- Coordinar correctamente el Sistema Nacional de Transparencia; el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; la protección de los datos personales; y establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones a las que se hagan acreedores los sujetos obligados.
Actualmente la corrupción ha ocasionado la pérdida de credibilidad y confianza en las dependencias de la administración pública; impacta en los ámbitos económico, político y social; que además de generar molestia en la población, se les asocia a los altos índices de
impunidad, inseguridad y violencia.
La gente percibe impunidad total en los casos de corrupción y este contexto de malestar, tiene probabilidades de transformarse en violencia.
La transparencia es una herramienta importante que pone en evidencia la corrupción en el ejercicio público, diversas investigaciones periodísticas, permitieron que el INAI ordenara la apertura de la información en casos como la Estafa Maestra, la Casa Blanca, San Fernando, Ayotzinapa y Odebrecht.
En casos como el de SEGALMEX, el fraude del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el homicidio del Instituto Nacional de Migración, la triplicación del costo del tren maya, los subsidios al AIFA, compras a sobreprecio, beneficiarios de los programas sociales, el enriquecimiento de funcionarios, los costos de los viajes del Secretario de la Defensa Nacional y todos los escándalos que igualan a este gobierno con los más opacos de la historia moderna de México; por ende, la transparencia es aliada de la ciudadanía, pues permite exhibir la creciente corrupción en el gobierno.
Pues la corrupción no solo no se combate, ahora también se niega.
La pretensión de desmantelar el Sistema Nacional de Transparencia, afecta el sistema de equilibrios de poderes, afecta nuestra democracia y debilita nuestras instituciones, convirtiendo a México en caprichos de Palacio Nacional.
Nos sumamos a la preocupación de académicos, periodistas, investigadores, sociedad civil, de la Organización de las Naciones Unidas, por el debilitamiento in-justificado del INAI, por la embestida presidencial de la que son objeto el personal del órgano garante, por cuestionar sus resultados, evidenciando el desprecio a la transparencia, y en cambio protegiendo la opacidad, la impunidad y la corrupción que se prometió combatir en este gobierno.
El Derecho a la Información y a la Protección de Datos Personales, fue una conquista ciudadana que propicia su participación en las decisiones de gobierno y como es a la ciudadanía a la que nos debemos, contrario a afectar su buen funcionamiento del INAI, debe fortalecerse.
Por lo anterior hacemos un enérgico llamado al Senado de la República, para que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, lleve a cabo el procedimiento correspondiente para nombrar a los tres comisiona-dos que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; de tal manera que se garantice la autonomía del instituto y como órgano garante que proteja el ejercicio de los derechos humanos a la información y el de la protección de datos personales, como ciudadana y legisladora entiendo el momento histórico, el llamado a la transparencia en un signo de democracia y pluralidad es por ello que, desde la máxima tribuna del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, tomamos postura a favor de las instituciones que garantizan el pleno acceso a la información, obstaculizar la transparencia es el caldo de cultivo idóneo para que el autoritarismo rancio de finales del siglo pasado, se incruste en México nuevamente.
