Ya independizados de España, en la Constitución de 1824 los mexicanos decidimos constituirnos en una República representativa, popular y federal; desde entonces –hace casi 200 años– se establecieron las facultades de las dos Cámaras del Congreso, las del Ejecutivo y las de la Corte.
La Constitución de 1857 fue más enfática, estableció que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; y reiteró: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal (después se agregó la laicidad).
En una República el pueblo ejerce su soberanía no a través de uno de los Poderes, no, la ejerce a través de los tres Poderes de la Unión y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, pero en los términos establecidos por la Constitución Federal y las Constituciones de cada Entidad.
La Constitución de 1917 no modificó nuestra forma de gobierno, hasta la fecha siguen muy claritas las facultades de cada uno de los Poderes de la Unión y de los Poderes de cada Entidad.
Pero en los hechos, durante décadas nuestra verdadera forma de gobierno fue la de un presidencialismo cuasi imperial, por no decir monárquico. El Ejecutivo imponía a los integrantes de los otros Poderes, a los de los Estados, a su sucesor, era además el jefe político de un partido hegemónico y sus facultades eran omnímodas.
La pluralidad generada en 1988 y las alternancias iniciadas en el 2000, han reducido el exacerbado presidencialismo mexicano y fortalecido nuestro sistema republicano, hoy el Congreso y la Corte son auténticos contrapesos que pueden y deben impedir los excesos del pasado.
Esta nueva y afortunada realidad la constatamos esta semana cuando la Corte echó abajo una reforma legal que el Ejecutivo elaboró y su mayoría “simple” aprobó en el Congreso en escasas horas, pasándose por alto el proceso legislativo que establece la Constitución y las leyes reglamentarias.
Obviamente al Presidente y sus legisladores no les gustó el revés, pero las sentencias del Poder Judicial deben respetarse. Insultar a las y los ministros y hasta amenazarlos con llevarlos a juicio político por una sentencia adversa, no es propio de un estadista, de un demócrata, de un juarista que todos los días predica que “al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie”.
Cuando las autoridades toman posesión juran respetar la ley, pues las ejecutorias de la Corte tienen el mismo peso de una ley, así que a respetarlas.
