Ante los frecuentes reveses que la Corte le ha propinado al Ejecutivo Federal y su mayoría en el Congreso, el Presidente sugiere que los Ministros sean electos por voto popular.
Obviamente esta propuesta requeriría de una reforma constitucional en la que algunos legisladores de MORENA, si son juristas y congruentes, forzosamente deberán votar en contra.
Me refiero en particular a la ex Ministra Olga Sánchez Cordero y al Doctor en Derecho Ricardo Monreal, quienes el 13 de septiembre del 2018 presentaron una iniciativa de reformas a la fracción III del artículo 116 constitucional para fortalecer la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales de los Estados. Doña Olga complementó esta iniciativa con otra presentada el 24 de marzo del 2022.
La pacificación del país, dijeron, requiere instituciones de justicia sólidas y transparentes, así como juzgadores con capacidad para dictar resoluciones ajustadas únicamente al mandato de la Constitución y las leyes.
Agregaron: “Para lograr un cambio sustantivo en materia jurisdiccional, es imprescindible avanzar hacia una refundación de la impartición de justicia del país, construir un federalismo judicial”.
Y remataron: “En el marco de un Estado de Derecho pleno, la función de los tribunales debe ejercerse en un marco de equilibrio y respeto, dotando a los jueces de condiciones constitucionales para que impartan justicia sin sometimiento a las consignas de los poderes ejecutivos ni de otros poderes fácticos”.
Cabe señalar que para alcanzar este propósito, en el Poder Judicial Federal se han hecho grandes esfuerzos, como las reformas constitucionales de 1928, 1987 y 1994. Sin embargo, los Poderes Judiciales locales no han tenido los mismos avances, la fracción III del artículo 116 dista mucho de representar una auténtica garantía para su autonomía e independencia.
Doña Olga y Monreal propusieron que los Plenos o los Consejos de las Judicaturas propongan a las Legislaturas locales ternas integradas por aspirantes que representen el mejor perfil de acuerdo a concursos de oposición que al efecto se realicen; que se incluya la figura de la comparecencia pública para que la comunidad conozca el perfil de los aspirantes; y que los nombramientos de magistrados se aprueben por una mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes de las legislaturas locales.
Este sistema evitaría que mediante favores políticos se beneficien aspirantes carentes de perfil.
Propusieron que la decisión del Pleno o del Consejo de la Judicatura local de remover a un Juez, no sea recurrible ante tribunales administrativos, sino ante la Corte y sólo para revisar si se respetó el debido proceso.
Agregaron que disminuir o no incrementar razonablemente el presupuesto a las judicaturas locales, implica una grave vulneración al principio de división de poderes por parte del Ejecutivo y Legislativo, ya que crea una dependencia y subordinación del Poder Judicial. Por ello propusieron que el presupuesto de los Poderes Judiciales no sea inferior al 2% del presupuesto general de cada Estado.
Esta propuesta fue respaldada en Zacatecas por todos los Tribunales del país en agosto del año pasado.
