Cuando Albina Cerrillo Mancinas rindió protesta como titular del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas (INCUFIDEZ) se percibió como uno de los pocos nombramientos que sí representaban un cambio con la actual administración.
El hecho de nombrar a una mujer al frente de una institución donde tradicionalmente figuran los hombres, y que llegara con tan buenas cartas de recomendación, generó una expectativa positiva respecto a esta dependencia no solo por el avance en la inclusión de las mujeres en posiciones de primer nivel, sino por la posibilidad de romper con las mafias del deporte que acaparan los apoyos para unos cuantos.
Sin embargo, algo podrido debe haber en el INCUFIDEZ que Albina Cerrillo no concluyó ni siquiera el primer año de administración cuando fue sustituida, en abril del año pasado, por Javier Núñez Orozco, quien hasta hoy dice encabezar la dependencia. De la extitular del Deporte solo se sabe que regresó a su labor docente.
Al ser un organismo público descentralizado (OPD), poca atención ha tenido en la fiscalización de sus recursos, pero al querer consultar el manejo de sus recursos nos topamos con una de las dependencias con los mayores niveles de opacidad incluso desde el «quinquenio diferente».
Y es que, a propósito del tema, el pasado 14 de junio quien esto escribe denunció que el INCUFIDEZ llevaba tres trimestres consecutivos que no transparentaba sus informes financieros, y en todos los casos recurrían al mismo argumento: el cierre de la Cuenta Pública 2022.
De hecho, los únicos informes disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondían al segundo trimestre de 2022, y si nos vamos a los años anteriores, se repite la misma dinámica: la ausencia de información financiera disponible para consulta pública.
Más pronto que tarde, desde el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información (IZAI) atendieron la denuncia.
Y también de forma rápida y expedita, desde el INCUFIDEZ se publicó en la PNT la información financiera correspondiente al primer trimestre de este año, aunque sigue dejando el vacío de los demás trimestres.
Con mayor razón, nos dimos a la tarea de indagar sobre las finanzas de esta institución, que el año pasado dispuso (en teoría) de un presupuesto por 91.2 millones de pesos y para este año le fueron autorizados 122.8 millones de pesos para su funcionamiento.
Tal como en su momento dimos a conocer en Lalalá News respecto a la opacidad en las finanzas del Sistema Estatal DIF, tal parece que la dinámica se repite en el caso del INCUFIDEZ, cuyos ingreso de gestión han mostrado variaciones poco claras, especialmente en los años 2020 y 2021, cuando se reflejó el impacto por las medidas restrictivas de la pandemia del COVID-19.
Por ejemplo, mientras en 2016 estos ingresos provenientes de la prestación de servicios derivado del uso de instalaciones propiedad del INCUFIDEZ ascendieron a unos 18.1 millones de pesos, para el 2018 aumentaron a 24.8 millones. En el 2020, el llamado «año de la pandemia», estos ingresos disminuyeron a solo 9.9 millones de pesos, pero para el 2021 los ingresos cayeron hasta llegar a un mínimo de 2.3 millones.
Ya en 2022, según los informes financieros, se detecta una recuperación en los ingresos de gestión hasta alcanzar poco más de 26 millones de pesos, mientras en el primer trimestre de este año se recaudaron unos 6.3 millones.
El periodo que más llama la atención, evidentemente, es el 2020-2021, pues aunque la baja en la recaudación de ingresos de gestión en el «año de la pandemia» es comprensible por el cierre de áreas propiedad del INCUFIDEZ, para el 2021 ya no se implementaron las mismas medidas restrictivas, por lo que se hubiera esperado un repunte en estos ingresos.
Rastreando entre la poca información pública disponible, encontramos que al 30 de junio del 2021 el «quinquenio diferente» reportó ingresos de gestión por 307 mil 334 pesos en los primeros seis meses del año. ¡Oh, sorpresa! Una cantidad insignificante en comparación con los ingresos de otros años, incluso en el «año de la pandemia», pero da la casualidad que coincidió con un año electoral, justo en el periodo en el que se desarrollaron las campañas del proceso 2020-2021. ¿Probable desvío de recursos del INCUFIDEZ para campañas?
Continuando con el análisis de las finanzas del Instituto, no solo destacan las anomalías en los ingresos de gestión, sino también la aplicación del recurso, especialmente cuando se trata del Capítulo 4000 donde se incluyen las transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas sociales con las que se pretende apoyar a los deportistas mediante diferentes programas.
Por ejemplo, en el 2016 el recurso destinado a Ayudas sociales ascendió a poco más de 27 millones de pesos; para el 2018 se devengó un máximo histórico de 80.6 millones de pesos (año electoral, no hay que olvidarlo), y para el 2020 («año de la pandemia») estos recursos apenas se redujeron a 55.7 millones de pesos.
A partir del 2021 no se volverían a ver estas cifras, con apenas 23.2 millones ese año; 55.4 millones para el 2022, y unos 8.9 millones de pesos devengados en el primer trimestre de este año.
Nuevamente, llama la atención que en 2021, cuando ya no había las mismas medidas restrictivas que en el «año de la pandemia», las Ayudas sociales se redujeran a menos de la mitad de la asignación que se tuvo en el 2020.
Pero de hecho en el «gobierno de la transformación» han demostrado que tampoco han sido muy eficientes con el gasto, pues aunque en el primer trimestre de este año el INCUFIDEZ le fue asignado un presupuesto de 9.4 millones para Ayudas sociales, esta partida se amplió a 10.5 millones. El problema es que solo devengaron 8.9 millones y al corte del 30 de abril únicamente se habían pagado 5 millones 449 mil 289 pesos.
Otra parte importante en materia de transparencia corresponde a los beneficiarios de estos recursos y ahí nos encontramos con otra sorpresa, pues tampoco se transparentan los padrones de beneficiarios más que en tres casos.
El primero, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, con un apoyo de 2 mil pesos a José Arturo Ortiz Luna por el concepto «Apoyo económico a deportistas con resultados destacados».
El segundo, correspondiente al tercer trimestre de 2022, en el que se ofrece un listado de 35 beneficiarios (incluyendo a la polémica Ilse Guerrero), con pagos de 7 mil 500 a 36 mil pesos bajo el concepto «Becas a deportistas del deporte competitivo».
El tercer caso, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, incluye un listado de 120 beneficiarios con apoyos de 6 mil a 18 mil pesos, bajo el concepto «Pago de becas y apoyos extraordinarios a deportistas», pero en el que se incluyen deportistas, padres de deportistas menores de edad, entrenadores y hasta fisioterapeutas.
De los demás trimestres no existe información del padrón de beneficiarios, por lo que desconocemos realmente en qué se aplicaron los millones de pesos etiquetados para Ayudas sociales. Sin embargo, sí existe en algunos casos la justificación de que el INCUFIDEZ «no ha recibido presupuesto etiquetado para programas sociales», por lo que no se reporta algún padrón de beneficiarios.
Lo anterior hace sospechar que a este OPD también le remitieron un oficio para informarles que «por instrucciones superiores» se les retirarían sus recursos correspondientes al Capítulo 4000, con el que operan sus diferentes programas a la ciudadanía, para canalizarlos a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que entonces encabezaba un tal «Zuñi«.
Esto justificaría la principal razón de la salida de Albina Cerrillo, al no disponer de recursos para la operación de sus programas en el INCUFIDEZ. Y todo indica que este año se repetirá el mismo pichicateo de recursos, pues hasta donde se sabe, ya se han girado sendos oficios a diferentes dependencias del «gobierno de la transformación» para notificarles de la reducción de sus recursos del Capítulo 4000 para que «sean reasignados a propósitos sociales de alto impacto«.
Esta vez ya no fue «por instrucciones superiores» y tampoco se aclara qué dependencia ejecutará dichos recursos. ¿Será que estamos siendo testigos de una estafa de la transformación enfrente de nuestras narices sin que la Función Pública investigue probables hechos de corrupción?
