Por conducto del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, el gobernador David Monreal remitió al Poder Legislativo el informe anual de actividades correspondiente a su segundo año de ejercicio y, más tarde, ofreció un mensaje «ciudadano» en el Palacio de Convenciones, en el que destacó las «100 principales acciones» emprendidas por la «nueva gobernanza».
Cabe aclarar que dicho mensaje es muy diferente a la obligación constitucional (artículo 59) de acudir ante la Legislatura del Estado a entregar por escrito un informe anual de actividades, lo que no se cumplió, como en el primer informe de gobierno.
Las acciones informadas en el mensaje «ciudadano» se desglosan en nueve puntos principales: «Construcción de la paz y fortalecimiento de la seguridad»; «Reordenamiento financiero y austeridad»; «Transparencia y combate a la corrupción»; Obra pública e infraestructura para el bienestar»; «Campo»; «Bienestar social»; «Educación»; «Salud»; así como «Desarrollo económico, Turismo y Cultura».
No todas las acciones ameritan un análisis, pues se trata de hechos concretos, como la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ). El listado completo de las 100 acciones informadas puede consultarse aquí.
Sin embargo, en este análisis nos enfocaremos en las acciones que sí ameritan hacer precisiones, debido a la ambigüedad de la información, inconsistencias respecto a la información oficial y/o datos erróneos o sacados de contexto.
En el «tema de temas», se informa de una inversión de 1 mil 400 millones de pesos destinados a este fin en el último año. Se ignora de dónde resulta esta inversión, pues de octubre de 2022 al 30 de junio de este año, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) había devengado 1 mil 534 millones 444 mil 908 pesos. Faltaría por contabilizar el tercer trimestre de este año, cuyos informes financieros se publicarán en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) hasta el 31 de octubre.
Además, en la estructura programática del presupuesto, la Política Pública «Construcción de la paz y la seguridad», del Eje Rector 1. «Hacia una nueva gobernanza», para este año tiene asignada una inversión de 1 mil 958 millones 656 mil 277 pesos, de los cuales poco más de 1 mil 200 millones de pesos corresponden al Capítulo 1000, para pago de Servicios Personales.
Por otra parte, se informa de una inversión de cerca de 260 millones de pesos para mejorar las coporaciones estatales y municipales con equipamiento. Al respecto, en la estructura programática del presupuesto, en la Política Pública «Construcción de la paz y la seguridad», del Eje Rector 1. «Hacia una nueva gobernanza», los componentes relativos al Sistema Estatal de Seguridad Pública sí se documenta una inversión de 260 millones 94 mil 407 pesos. Sin embargo, al 30 de junio de este año únicamente se habían devengado 13 millones 471 mil 407 pesos (5.17%).
Además, según el mismo componente, se tenía proyectada una meta de entregar 8 uniformes; la meta modificada ascendió a 848 uniformes a entregar. Al 30 de junio se tenía 0% de avance; sin embargo, se precisa que ya se tenía el contrato firmado, sólo se estaba en espera de la entrega de bienes por parte del proveedor.
Sobre estas acciones de equipamiento para fortalecer las corporaciones, hay que tomar en cuenta cuatro licitaciones públicas emitidas este 2023:
- Licitación No. SAD-932079957-11-2023, fallo a favor de Total Parts and Components SA de CV, 58 vehículos tipo patrulla, 73 millones 648 mil 832.45 pesos. Fallo el 6 de abril 2023.
- Licitación No. SAD-932079957-14-2023, fallo a favor de Distribuidora Damago SA de CV, adquisición de uniformes tácticos, prendas de protección y fornitura táctica, 44 millones 386 mil 956.54 pesos. Fallo el 7 de julio 2023.
- Licitación No. SAD-932079957-15-2023, fallo a favor de Total Parts and Components SA de CV, 38 vehículos tipo patrulla, 48 millones 252 mil 683.33 pesos. Fallo el 7 de julio 2023.
- Licitación No. SAD-932079957-22-2023, fallo a favor de Automóviles CGE de Zacatecas SA de CV, 23 motocicletas y 13 vehículos, 14 millones 37 mil 700.09 pesos. Fallo el 5 de septiembre 2023.
En total, entre las cuatro licitaciones suman una inversión global por 180 millones 326 mil 172.41 pesos, una cifra muy inferior a los cerca de 260 millones de pesos que se informaron el pasado 8 de septiembre, sin olvidar que en la última licitación, las unidades serán entregadas hasta el mes de octubre, según consta en las bases de la licitación.
Asimismo, se informó del proceso de homologación salarial para policías estatales y municipales a fin de que ninguno perciba menos de 12 mil pesos de salario al mes, y que a partir del 2024 ningún elemento de ninguna corporación perciba menos de 14 mil pesos mensuales.
Al respecto, en la estructura programática del presupuesto, en la Política Pública «Construcción de la paz y la seguridad», del Eje Rector 1. «Hacia una nueva gobernanza», el componente «Condición salarial de las y los elementos de la policía metropolitana mejorada», tiene una asignación presupuestal de 5.9 millones de pesos para beneficiar a 1 mil 620 elementos, pero sólo de la Policía Metropolitana. No hay registro de la inversión estimada para lograr este objetivo ni evaluar el avance en la meta proyectada (si es que existe).
En el «tema de temas» no podía faltar la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C-5), en el que se invertirían inicialmente 750 millones de pesos y se anunció una inversión adicional por 100 millones de pesos para contar «con tecnología de vanguardia». La operación, se anunció, está prevista para principios de 2024.
Sin embargo, sobre este punto hay que aclarar que el proyecto está detenido porque el Poder Legislativo no ha autorizado la solicitud de donación del terreno por parte del Ayuntamiento de Guadalupe al Gobierno del Estado de Zacatecas. La solicitud fue leída en la síntesis de la correspondencia en sesión del 13 de junio de este año.
Entre las acciones destacadas figura la reducción en la incidencia delictiva, así como los golpes a la delincuencia, como el aumento del 463% en las detenciones del fuero federal, desarticulando 48 células delictivas y la detención de 260 generadores de violencia.
También se reporta un incremento de 644% en el aseguramiento de armas de fuero y de 700% en el caso de granadas; la destrucción de más de 2 mil 230 armas largas y cortas, así como 300 mil municiones y cartuchos incautados por la SEDENA. Todo esto, en comparación con el ejercicio anterior.
Sin embargo, no hay que olvidar que esto compete a las fuerzas federales y es atribución de la Federación, por mucho que haya coordinación en la denominada Mesa Estatal de Construcción de Paz.
Para el caso de los delitos del fuero común, de los cuales no hubo mención entre las «100 principales acciones» de la «nueva gobernanza» y que sí son competencia del estado, según la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí se reporta una disminución en la incidencia de delitos como secuestro y robo (en sus diferentes modalidades).
Por ejemplo, en los primeros 23 meses de la administración de Miguel Alonso se registraron 52 secuestros y 15 mil 634 casos de robo; en la administración de Alejandro Tello, mismo periodo, sumaron 112 secuestros y 15 mil 194 casos de robo; mientras que en la administración de David Monreal van 20 secuestros documentados en los primeros 23 meses y 12 mil 197 casos de robo.
No obstante, sí hay un incremento significativo en el caso de homicidios dolosos: en los primeros 23 meses de Miguel Alonso se documentaron 137 casos, según la misma fuente oficial; en el mismo periodo de Alejandro Tello los casos se dispararon a 999, mientras que en los 23 meses que van de la administración de David Monreal ya acumula 1 mil 871 homicidios dolosos.
Y aunque no es un comparativo ideal, sí permite establecer un parámetro para evaluar el nivel de incidencia, durante el sexenio 2010-2026 se llegaron a documentar 347 casos de homicidios dolosos, mientras en el quinquenio 2016-2021 acumularon 3 mil 295 casos.
Lo anterior significa que en la administración de David Monreal, en solo dos años, hubo un incremento del 539.1% en comparación con el gobierno de Miguel Alonso, y ya lleva contabilizados un 56.7% de los homicidios que se registraron en los cinco años del gobierno de Alejandro Tello.
Otro incremento significativo se registra en el caso de las personas desaparecidas y no localizadas. Durante el sexenio 2010-2026 se documentaron 548 casos de personas desaparecidas y no localizadas, así como 170 de personas ya localizadas. Para el quinquenio 2016-2021, los casos aumentaron a 1 mil 387 personas desaparecidas y no localizadas, así como 1 mil 124 personas localizadas.
En los dos años que van de la actual administración se han llegado a contabilizar 1 mil 210 casos de personas desaparecidas y no localizadas, así como 722 ya localizadas, aunque la cifra puede variar según el flujo de registros en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso significa que se está a nada de igualar la cifra de incidencia del quinquenio anterior y aún no se llega a la mitad de la administración.
Estos delitos, en gran medida, impactan en la percepción de inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Zacatecas no solo encabeza la lista de estados con mayor percepción de inseguridad. También ha ido en incremento esta percepción de la ciudadanía, especialmente en los últimos dos años.
Dichas cifras contrastan con el mensaje del gobernador David Monreal, quien refirió que al inicio de la administración Zacatecas se encontraba en el segundo lugar a nivel nacional con los índices delictivos más altos y actualmente se ubica en el lugar 24, mientras que en la incidencia de homicidios dolosos, hoy se coloca en la posición 16.
Destacó, además, la detención de más de 4 mil personas por faltas administrativas y delitos del fuero común y federal; 2 mil 133 personas fueron vinculadas a proceso y se obtuvieron 425 sentencias para más de 490 personas, con penas desde 3 meses hasta 320 años de cárcel.
Entre las acciones que el gobernador David Monreal destacó en su mensaje «ciudadano» está la puesta en marcha de la Estrategia Estatal de Pacificación, diseñada mediante un foro de consulta ciudadana, a fin de combatir el delito y la violencia desde sus causas.
No obstante, cuando aún se desempeñaba como secretaria general de Gobierno, la actual diputada Gabriela Pinedo Morales señaló que dicho plan fue puesto en marcha mucho después de haber aprobado el Presupuesto de Egresos 2023, por lo que este año se aplicarán únicamente las acciones ya programadas con antelación y hasta el próximo ejercicio fiscal se integrarían las propuestas ciudadanas.
Finalmente, en el «tema de temas», el gobernador David Monreal recordó una iniciativa remitida al Poder Legislativo (que sigue sin ser dictaminada) para tipificar a quienes coloquen ponchallantas en carreteras, y a las personas que los fabriquen, almacenen y transporten. Y anunció una próxima reforma, también al Código Penal, «para hacer frente a una realidad que cambia constantemente».
