Dicen que lo que mal empieza, mal termina, y no es la excepción con el cacareado proyecto para construir un Centro Estatal de Comando, Control de Comunicaciones, Cómputo y Coordinación, mejor conocido como C5 y al que el gobernador David Monreal insistiera en agregarle una «i» de «inteligencia», la misma que ha hecho tanta falta en la «nueva gobernanza».
Ya desde el pasado 21 de junio, en este espacio habíamos advertido del cochinero que había detrás del proyecto, vendido como «el más grande en materia de seguridad en los últimos años» y que contaría con una inversión superior a los 750 millones de pesos.
El tema viene a colación porque en sesión de este martes en la 64 Legislatura, nuestros diputados locales discutirán y votarán el dictamen correspondiente a la solicitud de donación del predio en el que hoy se construye el cacareado C5, el Cerro San Simón. Sí: ocho meses después de que iniciaran formalmente las obras.
El contenido del dictamen también resulta revelador, y eso que no se publica el expediente completo, lo que no impide conocer las irregularidades que hoy ya caracterizan al proyecto más ambicioso en materia de seguridad. Sólo basta hacer una relación cronológica del procedimiento que hoy nos tiene a la expectativa de la votación del dictamen en el pleno legislativo:
- 14 de octubre de 2022: el Ejecutivo remitió al Ayuntamiento de Guadalupe la solicitud para la donación de un predio (1.5 hectáreas) en el Cerro San Simón, para la adecuación del C5.
- 19 de diciembre de 2022: en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Guadalupe autorizó por mayoría la donación del predio a favor del Gobierno del Estado. El expediente incluía un certificado de libertad de gravamen, con nota al pie advirtiendo que del área en donación, una parte estaba comprometida en un fideicomiso: «Certificado número 57648, expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público del Gobierno del Estado, en el sentido de que en un lapso de veinte años anteriores a la fecha, se encuentran libre de gravamen propiedad a nombre del H. Ayuntamiento Municipal de Guadalupe, Zacatecas identificada como Lote de terreno ubicado en la Colonia Luis Donaldo Colosio con superficie de 88,250.09 m2, con respectivas anotaciones registrales al pie de página«. Estas notas hacían referencia a que 3 hectáreas de las más de 8.8 que comprende el Cerro San Simón estaban comprometidas en el Fideicomiso de Administración e Inversión para la Creación de un Fondo para el Desarrollo Económico y Turístico del «Cerro San Simón».
- 10 de febrero de 2023: oficio firmado por el entonces alcalde Julio César Chávez Padilla y el director de Desarrollo Urbano del Municipio, Guillermo Gerardo Dueñas González, por el que se autoriza subdivisión del predio (1.5 hectáreas).
- 6 de marzo de 2023: colocación de la primera piedra (las obras han continuado desde entonces).
- 15 de marzo de 2023: oficio de Junta de Monumentos que certifica que el inmueble materia de la solicitud no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario preservar.
- 21 de abril de 2023: la 64 Legislatura autorizó la solicitud de procedencia de la FGJEZ (entonces encabezada por Francisco Murillo Ruiseco) para retirar la inmunidad procesal a Julio César «N».
- 7 de junio de 2023: dictamen de que el inmueble no está ni estará destinado a un servicio público estatal o municipal.
- 8 de junio de 2023: se recibió en Oficialía de Partes de la 64 Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto expedida por el entonces presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla.
- 13 de junio de 2023: la solicitud referida fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal, que preside la diputada Priscila Benítez.
- 18 de octubre de 2023: oficio de la síndico María de la Luz Morales que incluye copia certificada de la escritura, donde se informa que el 25 de septiembre de 2023 se realizó la reversión de la propiedad y extinción total del Fideicomiso de Administración e Inversión para la Creación de un Fondo para el Desarrollo Económico y Turístico del «Cerro San Simón»; así como un nuevo certificado de libertad de gravamen de fecha 13 de octubre de 2023.
- 7 de noviembre de 2023: la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal autorizó el dictamen correspondiente a la solicitud de donación.
- 8 de noviembre de 2023: publicación del dictamen correspondiente en la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria con la misma fecha.
Esta cronología de hechos, que constan en el dictamen que será discutido y votado este martes en el pleno de la 64 Legislatura, deja ver diversas irregularidades en todo el procedimiento, iniciando por el hecho de que el Gobierno del Estado comenzó las obras sin contar primero con la certeza jurídica correspondiente.
Este dato resulta particularmente preocupante, pues hasta donde se sabe, a la fecha en que el Ayuntamiento de Guadalupe turnó la solicitud de donación al Poder Legislativo, la «nueva gobernanza» ya había invertido al menos 95 millones 83 mil 684 pesos en el referido proyecto, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que al ser recursos federales, bien podrían ameritar sendas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Y si bien la Comisión de Hacienda que preside la diputada Priscila Benítez dictaminó la iniciativa en un plazo cercano a los cuatro meses, en el dictamen queda constancia de que en ese lapso el municipio subsanó las observaciones que aquí se han referido, especialmente el dictamen con la libertad de gravamen y el certificado de que la propiedad no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario preservar, dos documentos que expiden instancias estatales, pero que inicialmente no habían considerado las hectáreas comprometidas en un fideicomiso.
La gran pregunta es: ¿por qué si la solicitud de donación ya había sido autorizada por el Ayuntamiento de Guadalupe desde diciembre del 2022, se turnó la solicitud al Poder Legislativo hasta seis meses después?, ¿el desafuero de Julio César «N» incidió en este retraso? Y finalmente: ¿en qué sentido se votará el dictamen en el pleno de la 64 Legislatura?
Quinteta para titular de la FGJEZ
La sesión de este martes en el Poder Legislativo también será polémica porque hoy finalmente se dará el trámite a la convocatoria para designar titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), luego de la renuncia de Francisco Murillo Ruiseco el pasado 31 de octubre.
Al cierre de la convoctoria se habían registrado 27 aspirantes, como consta en el acta de cierre expedida por la comisión dictaminadora, la Comisión de Justicia que preside el diputado Juan Mendoza.
Dicha comisión sería la responsable de emitir el dictamen de idoneidad de los perfiles registrados en la convocatoria, de no ser por la reserva presentada en su momento por la diputada Gaby Pinedo (y aprobada por mayoría de los diputados) a fin de que sea la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que ella misma preside quien dé el aval a la lista de cinco aspirantes que deberá ser remitida al Ejecutivo para su ratificación.
Sin embargo, tal parece que a la JUCOPO se le adelantó la Comisión de Justicia, que este lunes aprobó un dictamen de procedencia con sólo cinco finalistas: Cristian Paul Camacho Osnaya; Adrian Rodríguez Rodríguez; Mónica Martínez Alvarado; Iván Arturo Casas Figueroa y Fátima Xóchitl Encina Arroyo.
Este dictamen no fue aprobado por unanimidad, pues el diputado Xerardo Ramírez (integrante de dicha comisión) se opuso a que la Comisión de Justicia ejerciera sus facultades con la intención de que los 27 registrados en la convocatoria se incluyeran en la lista que sería sometida al escrutinio de la JUCOPO para su depuración y así tener cinco finalistas palomeados por la secta.
Como la idea de tener un fiscal carnal no es lo mejor para Zacatecas (ni para otro estado y mucho menos para el país), votaron a favor del dictamen con cinco finalistas los diputados Lupe Correa, Jehú Salas, Ernesto González y el presidente de la Comisión, Juan Mendoza. Así que ahora corresponde a la JUCOPO dar el visto bueno a la quinteta, para luego ser remitida a la Mesa Directiva y sometida a consideración del pleno, para después ser turnada al Ejecutivo (en caso de aprobarse) y continuar su proceso constitucional.
A menos que la JUCOPO decida (es un decir) agotar los plazos legales demorando su visto bueno para que, finalmente, sea el Ejecutivo quien ejerza su facultad para designar titular de la Fiscalía. En tal caso, la procuración de justicia corre el riesgo de perder su «autonomía de papel». ¿Cuál será el desenlace?
