A todo México nos sorprendió la noticia de que en Zacatecas 217 mujeres renunciaron a sus candidaturas para participar en el presente proceso electoral. Representan, nada más ni nada menos, que el 4.1 por ciento de los 5 mil 262 lugares reservados para zacatecanas, de los 9 mil 292 aspirantes que obtuvieron la procedencia de su registro.
Se trata de un hecho sin precedente en la historia electoral del país, en los últimos 34 años. Dicha situación verdaderamente prende las alarmas sobre las acciones institucionales para garantizar la participación político-electoral de las mujeres y el grado de inseguridad que las y los candidatos sufren en todo el territorio nacional.
Los motivos señalados ante el órgano electoral local por las zacatecanas para dejar las candidaturas son múltiples: desde registros sin aviso, cambios de partidos, estudios, salud, desinterés y hasta violencia política de género. Sólo una a las aspirantes denunció la última situación.
Según el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) ninguna de las abanderadas alegó motivos de inseguridad para bajarse de las candidaturas. Situación que es de llamar la atención, sobre todo por el dominio de la delincuencia organizada en la entidad y la violencia que todos los días se manifiesta.
No sólo en nuestra entidad, en todo México se vive una crisis de inseguridad, a tal grado que esta ya es considerada la elección más violenta, con el registro hasta ahora de 170 ataques a candidatas y candidatos, de los cuales más de 30 hechos culminaron con el asesinato; 77 fueron amenazados; y 11, secuestrados. De aquí que el trasfondo de muchas declinaciones puede ser motivado por el temor.
El hecho relevante en el caso que nos ocupa es que no se logre la equidad en el proceso electoral y, por lo tanto, las mujeres no ocupemos el 50 por ciento de los espacios que nos corresponden por derecho y en base a la ley.
