Quienes alegaban que no van por cargos ni oficinas demostraron en los últimos días que no sólo van por cargos y oficinas, sino también por los dineros, en una voracidad tan rapaz como no se vio en la 63 Legislatura, la de la «Estafa Legislativa».
Pero a punto de concluir el último periodo ordinario de la 64 Legislatura, los diputados locales se toparon con pared cuando pretendían agenciarse el recurso presupuestado para un bono especial a trabajadores del Poder Legislativo por fin de periodo.
Con montón de dictámenes de lo que no hicieron en tres años, los diputados se disponían a sesionar jueves, viernes y domingo para desahogar los asuntos. Sin embargo, desde el pasado jueves ya había problemas, a tal grado que no hubo ni siquiera quórum legal para instalar la sesión.
La convocatoria a segundo pase de lista se programó para el pasado viernes 28 de junio, pues según la diputada Maribel Galván, como presidenta de la Mesa Directiva, los legisladores estaban ocupados en sesión de comisiones a fin de dictaminar los asuntos pendientes para ser votados antes de concluir el último periodo ordinario.
No fue así. De hecho, los diputados locales permanecían en el estira y afloja del último punto aprobado por la 64 Legislatura, en la última sesión del último periodo ordinario: la ratificación del Decreto número 210, a fin de concesionar nuevamente los libramientos de Fresnillo, Calera y Enrique Estrada a la Grupo PROFREZAC SA de CV, hasta el 12 de marzo de 2052. Nada más 28 años de concesión y todo dizque porque la empresa aún no recuperaba la inversión.
El dictamen a la iniciativa remitida por el gobernador David Monreal desde el pasado 30 de mayo se aprobó con 25 votos a favor, la abstención de José Luis Figueroa El Cepillo, cero abstenciones y la ausencia de los diputados Gerardo Pinedo, José Juan Estrada, Ernesto González Romo y Cuquita Ávalos de la sesión.
Pero aquí hay un detalle. La lectura del dictamen debió darse en la sesión del pasado jueves 27 de junio, el problema es que dicha Gaceta Parlamentaria no existe. Fue ese día que trabajadores del Poder Legislativo se manifestaron porque los diputados locales decidieron agenciarse el bono reclamado por los trabajadores por fin de Legislatura, debido a que ya se habían gastado hasta lo que no durante el proceso electoral.
Así vimos un Congreso tomado por la base trabajadora durante el jueves 27 de junio, y nada pudieron hacer Armando Delgadillo, ni Ernesto González Romo, ni Maribel Galván para destrabar el conflicto, mucho menos sin el apoyo de Herminio Briones como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ni de Jehú Salas como representante legal del Poder Legislativo. Como quien dice, dejaron a los de MORENA que se ahogaran solos.
El viernes 28 de mayo continuó la toma de la sede legislativa, y los trabajos debieron reanudarse hasta el sábado 29 de junio en las instalaciones del COZCYT como sede alterna… hasta que llegaron los trabajadores a interrumpir la sesión improvisada (y donde hubo altercados).
A través del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, se dio a conocer el oficio mediante el cual se autorizaba atender la solicitud de la presidenta de la Mesa Directiva, Maribel Galván, para poder continuar los trabajos en el Edificio J de Ciudad Administrativa, custodiados por elementos policiacos y sin permitir el acceso a personal no autorizado.
El interés tiene pies, y vaya casualidades, pues en la reanudación de la sesión se omitió la lectura del dictamen relativo a la concesión en comento porque «ya estaba publicada en la Gaceta Parlamentaria», Gaceta que a la fecha no existe en los registros electrónicos del Poder Legislativo.
Esta lectura en sede alterna y en sesión custodiada por el Ejecutivo (quien presentó la iniciativa el 30 de mayo) era el paso necesario en el proceso legislativo para que el dictamen fuera votado en sesión del domingo 30 de junio. De ahí la urgencia de sesionar, y más cuando sobre parte de los diputados que aprobaron el dictamen recae la sospecha de que recibirán su moche correspondiente de la empresa favorecida con la concesión.
Pero no es la primera vez que Grupo PROFREZAC SA de CV tiene participación en la «nueva gobernanza». Desde diciembre de 2021, en la licitación por invitación restringida No. INA-CFE1000-0030-2021, se sabe que participaron las empresas Construcción y Mantenimiento Industrial COMAIN SA de CV, con sede en Fresnillo; AGBA Pavimentos SA de CV, sin datos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); así como Terracerías y Pavimentos de Fresnillo SA de CV.
Sólo que esta última es propiedad de José de Jesús Aguirre Campos, al igual que en el caso de Grupo PROFREZAC SA de CV, y fue la ganadora de la licitación, cuyo contrato No. Contrato CFETEIT-IN-0038-2021, para la “Adquisición e instalación de torres de Telecomunicaciones para BTS” fue firmado el 13 de diciembre de 2021 y tendría vigencia del 1 de enero de 2022 hasta el 1 de junio de 2023, por un monto mínimo de 27 millones 161 mil 864 pesos y un máximo de 54 millones 323 mil 728 pesos.
¿Qué fue de ese programa? Ni Obama lo sabe…
Bien raro que, leído el dictamen, por fin los diputados locales llegaron a un acuerdo con los trabajadores del Poder Legislativo para pagarles el bono que, cada fin de Legislatura, han recibido sí o sí como una conquista sindical ya ganada. ¿A cambio de qué? Una ampliación presupeustal que permita a nuestros legisladores llevarse otro cochinito a su despedida.
Sin embargo, dicen, la condición para recibir esos recursos sería la aprobación de la reforma a la Ley del Issstezac, durante la Comisión Permanente y en periodo extraordinario. Y quizá la aprobación de la reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de garantizar una bancada de MORENA plenipotenciaria en la 65 Legislatura.
Y considerando los perfiles electos para integrar la Comisión Permanente, son perfiles de dudosa oposición a lo que diga la secta que tanto daño le ha hecho a Zacatecas.
Más explicaciones tendría que dar el diputado Ernesto González Romo, el zar anticorrupción, que de dientes para afuera alega una cosa, pero en la votación para elegir al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa quedó su cuñado Jimmy Erik Bonilla Miranda. ¡Qué cosas!
Así es, una actuación flagrante entre las promesas y las acciones de los políticos que, a pesar de asegurar que no buscan cargos ni oficinas, han demostrado en los últimos días una avaricia alarmante, mucho peor que la de la 63 Legislatura conocida por la «Estafa Legislativa». En un ejercicio crítico, es fundamental destacar que esta conducta corrupta y voraz no es exclusiva de la actual legislatura. Es esencial reconocer que los políticos que llegarán próximamente no están exentos de esta tendencia; al contrario, podrían perpetuarla o incluso empeorarla.