La separación de poderes es uno de los principios fundamentales que sustentan la vida democrática de un país. Al dividir el poder del Estado en tres ramas —ejecutiva, legislativa y judicial— con ello se evita la concentración de poder en una sola entidad, lo que es crucial para prevenir el abuso de autoridad.
Esta división no solo establece un sistema de pesos y contrapesos, sino que también garantiza que cada poder pueda operar de manera independiente y con un grado de autonomía suficiente para cumplir con su función. El equilibrio entre estos poderes asegura que ninguna de las ramas del gobierno pueda imponerse sobre las otras, preservando así la integridad del sistema democrático.
El equilibrio de poderes es esencial para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando existe un sistema en el que los poderes del Estado se vigilan y limitan entre sí, se fortalece el Estado de derecho, y se promueve la justicia y la igualdad ante la ley. Resulta ocioso decir que, sin un adecuado equilibrio, un poder podría fácilmente usurpar funciones que no le corresponden, lo cual conducirá inevitablemente al debilitamiento de las instituciones democráticas y, en última instancia, minaría la confianza de la ciudadanía en el gobierno.
Por lo tanto, mantener un equilibrio entre los poderes es vital para asegurar que el gobierno sea transparente, responsable y verdaderamente representativo de la voluntad popular. Debo abundar que, la separación de poderes no sólo es una garantía de equilibrio interno dentro del gobierno, sino que también es fundamental para la estabilidad política y social del país.
Un sistema bien equilibrado previene la aparición de regímenes autoritarios y facilita la resolución pacífica de conflictos políticos. Cuando los poderes del Estado trabajan en armonía, respetando sus límites y responsabilidades, se fomenta un ambiente de gobernabilidad que permite el desarrollo y el progreso social. De este modo, la separación y el equilibrio de poderes son pilares imprescindibles para el funcionamiento de una democracia saludable y duradera.
Hoy la Reforma Judicial no es una iniciativa que busque cambios legislativos para garantizar la justicia, es en realidad una reforma que busca modificar la estructura del poder judicial, lo cual significan dos asuntos diferentes, en las líneas de arriba, expuse los peligros y riesgos que representa el debilitamiento de la institucionalidad establecida en la Carta Magna, en cuanto a la separación e independencia de los tres poderes.
A seis años de distancia deseo recordar que el propio AMLO, formuló la siguiente declaración al momento de recibir su constancia de legitimidad el 8 de agosto de 2018:
“Actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en sus resoluciones. En el nuevo gobierno el presidente no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes…”
Sin embargo, hoy la actitud hipócrita y mentirosa del presidente Andrés Manuel López Obrador con su reforma judicial refleja un intento claro de dislocar este delicado equilibrio. Su guerra contra el Poder Judicial traiciona el compromiso que formuló en el pasado, al faltar a su palabra, AMLO no sólo socava la independencia del Poder Judicial, sino que también pone en riesgo la esencia misma de la democracia mexicana, desafiando el principio fundamental de la separación de poderes que él mismo juró respetar.
