México vive la más grave crisis constitucional de su historia.
Jamás, ni en los años más oscuros del régimen hegemónico priista, se había visto un ataque tan despiadado contra nuestra República, nuestras instituciones y el Estado de Derecho.
Hoy, bajo el yugo del “morenato,” la Constitución y la democracia misma están siendo mutiladas, por eso nuevamente el llamado a la ciudadanía a despertar.
La reforma al Poder Judicial y la Ley de Supremacía Constitucional, aprobadas por aplanadora de la mayoría oficialista en el Congreso de la Unión, son las dagas que tienen al borde de la muerte al México Republicano que conocemos. Las navajas fueron asestadas al corazón del sistema democrático de la nación para acabar con la división de poderes y los pesos y contrapesos institucionales.
Por la destrucción y la violación a los derechos humanos y a la Constitución que representa la reforma al Poder Judicial, Ministros, Magistrados y Jueces renunciaron con dignidad a sus cargos y a su derecho a ser aspirantes, en lugar de someterse a la intolerancia y a una farsa de “elección popular” que busca imponer jueces leales al régimen de MORENA y sus parásitos, en una reforma que destruye derechos humanos y viola la Constitución.
Ocho Ministras y Ministros, de 11 que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 30 de octubre con dignidad presentaron su renuncia al cargo y declinaron participar en la simulación electoral. Es una decisión histórica. Mi reconocimiento, principalmente, a los 7 ministros valientes que soportaron la embestida del régimen, una dictadura dispuesta a todo: a amenazar, comprar y extorsionar voluntades a cambio de impunidad; pero, ellos resistieron.
Estamos orgullosos de ustedes que, en ese martes negro para México, mantuvieron su integridad.
Además, señalo con severidad a las tres magistradas afines totalmente al régimen, a MORENA: Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, por mantenerse en el cargo, permanecer calladas y desear reelegirse; mientras, el Poder Judicial es destruido con su complicidad. En congruencia, ellas también deberían ser removidas si en verdad se hablara de una renovación integral del Poder Judicial. ¡Pero no, todo es simulación!
Quiero retomar las palabras de Norma Piña, primera mujer en encabezar la SCJN en dos siglos y que, a un año de su designación, fue obligada a separarse anticipadamente de su cargo, simplemente porque se atrevió a enfrentarse al régimen en turno.
En su carta señala: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre del 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.
Y yo me permito agregar que es una Constitución manoseada por MORENA y adecuada “a modo” para apoderarse del último contrapeso institucional que se detenía.
Me quedo con la frase: «Serví con honestidad; declino con dignidad», expresada en una manifestación donde 853 juzgadores renunciaron al proceso electoral de 2025. Celebro su congruencia y les brindo mi respaldo y solidaridad, ya que muchos de ellos fueron destituidos, y sus derechos laborales violados, en la infame tómbola del Senado.
Es decir, fue vaciado el Poder Judicial, porque la mitad de sus integrantes fueron desechados inhumanamente.
Esos juzgadores de experiencia y trayectoria se niegan a participar en una elección en la que los “dados están cargados” en su contra por años de ataques del Poder Ejecutivo y de acusaciones injustas de corrupción, sueldos exorbitantes y nepotismo. Justo lo que hace MORENA se lo quieren cargar a otros poderes.
No tienen ninguna posibilidad de ser candidatos, debido a un primer filtro en el Comité Técnico Especializado –integrado por allegados al oficialismo–, que seleccionará a los aspirantes “designados” por MORENA; y menos posibilidades tienen de ganar en lo que seguramente serán una elección de Estado, como lo fue la de la Presidencia de la República del 2 de junio.
Por cierto, según datos del INE, los comicios del 2025 para renovar la mitad del Poder Judicial superarán los 13 mil millones de pesos. Es decir, cambiar a 850 juzgadores costará más que la elección histórica del 2 de junio del 2024, en la que se eligieron más de 20 mil cargos, entre ellos la Presidenta, las Cámaras de Senadores y Diputados, nueve gubernaturas, la mayoría de los Congresos estatales y casi 2 mil ayuntamientos.
¡Es una barbaridad, cuando hay tantas necesidades de la gente!
La embestida contra la República, lamentablemente, aún no termina.
Por eso, la oposición nos mantenemos firmes y dignos frente a la intolerancia del régimen, decidida a defender cada organismo autónomo que buscan desaparecer con sus reformas en los próximos días.
¡No cederemos! Seguimos siendo la resistencia.
