En un país donde la política ha sido durante mucho tiempo un terreno fértil para las dinastías familiares y las redes de favoritismo, la propuesta de ley antinepotismo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum es un buen intento por cambiar esta forma de hacer política.
Esta iniciativa, que busca reformar los artículos 55, 82, 115 y 116 de la Constitución mexicana, tiene como objetivo principal erradicar una práctica que ha socavado la meritocracia y la confianza en las instituciones: el nepotismo en los cargos de elección popular. Con un enfoque claro en fortalecer la democracia y garantizar la equidad, esta propuesta representa un paso audaz hacia un futuro más justo.
La esencia de la reforma es simple pero poderosa: prohibir que familiares cercanos –hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad– de quienes ocupan cargos públicos puedan postularse para sucederlos en el mismo puesto dentro de un periodo de tres años posteriores a su gestión.
Esto aplica a la Presidencia, gubernaturas, alcaldías, diputaciones y senadurías, abarcando así los distintos niveles de gobierno. Además, se suma la eliminación de la reelección inmediata en ciertos cargos, un eco del histórico “sufragio efectivo, no reelección” que marcó la Revolución Mexicana. En un contexto donde nombres como Monreal o Salgado han resonado como sinónimos de poder hereditario, esta medida promete romper con las cadenas del privilegio familiar.
Uno de los aspectos más alentadores de esta propuesta es su potencial para democratizar el acceso al poder. En México, el nepotismo no sólo ha sido una práctica común, sino que ha alimentado la percepción de que los cargos públicos son un patrimonio familiar en lugar de una responsabilidad al servicio del pueblo. Al establecer requisitos de elegibilidad más estrictos, la ley antinepotismo abre la puerta a nuevos liderazgos, basados en el mérito y la capacidad, en vez del apellido o las conexiones. Es un mensaje claro: la política debe ser un espacio de competencia justa, no un coto privado de unas pocas familias.
La recepción inicial de esta iniciativa también es motivo de optimismo. Figuras clave de Morena, como los senadores Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, han expresado su apoyo, a pesar de que la reforma podría frenar sus propias aspiraciones para contender por las gubernaturas de Guerrero y Zacatecas en 2027, actualmente ocupadas por sus familiares.
Este respaldo, aunque condicionado por la posibilidad de postularse en elecciones posteriores (como en 2033), demuestra que incluso quienes podrían verse afectados reconocen la necesidad de un cambio estructural. Asimismo, sectores de la opinión pública y legisladores de diversos partidos han celebrado la medida como una respuesta a una demanda ciudadana largamente ignorada.
Otro punto a favor es el timing de la propuesta. Con Morena y sus aliados contando con una mayoría legislativa, las probabilidades de que esta reforma sea aprobada son altas. Si todo avanza según lo previsto, entraría en vigor para las elecciones de 2027, un momento clave en el que se renovarán 16 gubernaturas y cientos de cargos locales. Este horizonte temporal permite una transición ordenada, dando tiempo a los partidos para ajustar sus estrategias y fomentar la emergencia de nuevos rostros en la política mexicana.
Por supuesto, no todo es perfecto. Hay quienes señalan que la reforma podría ser insuficiente si no se extiende a la administración pública, donde el nepotismo también florece, o si su implementación queda a merced de interpretaciones laxas. Sin embargo, lo que no se puede negar es que sienta un precedente valioso. Es un primer paso firme hacia la desmantelación de las estructuras de poder hereditario, algo que muchos mexicanos y sobretodo zacatecanos hemos anhelado durante generaciones.
