El domingo 22 de marzo respondí una Encuesta sobre la intención de voto para la próxima elección judicial. Respeto la decisión de cada persona, sin embargo, yo no tengo ningún interés en acudir a las urnas a votar en un proceso que me parece una farsa. ¿Por qué?
Si bien el Poder Judicial mexicano actual no es perfecto, sí es perfectible, además de que mostraba avances en la impartición de justicia. Los candidatos judiciales eran evaluados mediante rigurosos exámenes orales y escritos, sobre conocimientos generales de jurisprudencia y derecho, así como su capacidad de razonamiento analítico, o sea, se basaban en los méritos, en la competencia, garantizando el nombramiento de los candidatos con más experiencia, competentes e íntegros del país.
Tras un proceso de reforma acelerado y plagado de anomalías se aprobó la polémica reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su último año de gobierno, para que jueces de todos los niveles sean elegidos por voto popular, pasando la prioridad de la competencia e imparcialidad a la popularidad las elecciones de jueces. Esto con la intención de promover la elección de personas alineadas con el partido oficialista, concentrar el poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos y equilibrios del poder.
Así como la Lotería Nacional, se decidió la selección de los perfiles de candidatos para la elección judicial a través de una “tómbola”, lo cual es una ofensa a la justicia y preocupante la politización en que cayó la justicia. La selección judicial por votación popular plagada de inconsistencias socavará la independencia del Poder Judicial, debilitará los contrapesos de la democracia, amenaza los derechos humanos y nada garantiza que disminuirá la corrupción en el Poder Judicial.
La reforma judicial de México, que no tuvo un diagnóstico previo y fue aprobada “al vapor”, significa un claro intento de control político sobre un poder tradicionalmente independiente. La independencia judicial es esencial para la gobernanza democrática, ya que controla los abusos de otros poderes del Estado y garantiza a todas las personas la igualdad de acceso a un juicio justo, que nadie esté por encima de la ley.
Asimismo, esta reforma ha generado preocupaciones e incertidumbre sobre el impacto que pueda tener en el entorno de las inversiones, principalmente por el riesgo de falta de seguridad jurídica que implica un cambio completo del sistema de impartición de justicia y un peligro para el crecimiento económico.
La certidumbre jurídica es esencial para atraer y mantener inversiones y esta reforma ha generado preocupaciones e incertidumbre y pueden desalentar a inversionistas nacionales e internacionales, quienes buscan un entorno confiable para sus operaciones. Existe riesgo de falta de seguridad jurídica que implica un cambio completo del sistema de impartición de justicia y un peligro para el crecimiento económico.
El 30 de marzo supuestamente “arrancarán” las campañas de candidatos a alguno de los cargos de impartición de justicia que incluye ministros magistrados y jueces, aunque ya se han visto campañas anticipadas, en lo personal no estoy de acuerdo con que se realicen campañas, ya que eso es propio de los políticos. Las campañas deben concluir el 28 de mayo.
A poco más de dos meses (01 de junio) de que se lleve a cabo la elección judicial para elegir 881 cargos judiciales (jueces, ministros y magistrados) que integrarán la plantilla en los próximos años, me vienen a la mente algunas preguntas: ¿Quién nos garantiza que en las elecciones no intervendrá el crimen organizado? ¿Habrá transparencia en el proceso? ¿Qué medidas implementarán para garantizar la seguridad de los votantes y del material electoral?
Por si fuera poco, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, cercana al oficialismo, ha perdido credibilidad por las inconsistencias del proceso como los “aspirantes con candidaturas dobles” que no abonan a la transparencia y certidumbre del mismo.
De igual forma, Arturo Saldívar, quien presidió la Suprema Corte y el Comité de Evaluación del Ejecutivo, presuntamente incurrió en un conflicto de interés por ser exministro y evaluador.
Por otra parte, el despido masivo de jueces experimentados en activo por la posesión de los nuevos cargos electos que triunfen en las próximas elecciones, puede retrasar la justicia oportuna a los ciudadanos con casos pendientes, dificultando el funcionamiento adecuado, eficiente y eficaz del sistema de justicia.
El formato de las boletas para emitir el sufragio es confuso y es difícil que los votantes identifiquen o reconozcan entre tantos nombres a quien decidan elegir, lo cual genera falta de certeza en el proceso electoral.
Para quienes decidan votar sería mejor estar bien informado antes de emitir el voto para que sea un voto razonado.
