Aunque el discurso oficial versa en que “estamos ganando la guerra contra la delincuencia”, la verdad es que en la vida cotidiana hay muchas cosas y situaciones que, al menos a mí, me hacen dudar de la veracidad de esa afirmación.
El Gobierno del Estado se ha empeñado en presumir que va ganando la lucha contra la delincuencia, que está pacificando el estado, que estamos en el camino de la paz… insistentes afirmaciones que serían innecesarias si en realidad fueran ciertas. Nadie se esfuerza por demostrar lo que es.
En medio de este discurso poco se tiene en cuenta lo que respecta a los delitos del fuero común, esos que desde siempre se han cometido: robos, riñas, violencia intrafamiliar, etc., al menos no se habla de éstos con bombo y platillo como los detenidos en un enfrentamiento, las personas rescatadas o armas incautadas, todos, delitos de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada.
Los delitos del fuero común se siguen cometiendo un día sí y otro también. En 2024 se registraron 25 mil 698 delitos de este tipo de acuerdo con las estadísticas de Incidencia Delictiva del Fuero Común que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en enero de 2025 fueron dos mil 47. El robo es el delito más denunciado históricamente.
Las policías municipales en muchos casos están rebasadas, en otros es insuficiente y en algunos más es inexistente; en la capital y Guadalupe, aunque hay más de una corporación para cuidar a los residentes de ambos municipios –la municipal, estatal y metropolitana– es innegable que aún hay mucho por hacer ya que habitantes de las colonias donde se puede, contratan seguridad privada, que dicho sea de paso de nada sirven para hacer frente a delitos federales de los que presume el gobierno que ataca frontalmente como narcomenudeo, enfrentamientos armados o secuestros, pero al menos inhiben los robos en las zonas residenciales, tarea que corresponde a las municipales.
La contratación de seguridad privada se ha hecho de uso corriente en nuestros días, al menos en Zacatecas y Guadalupe, tanto que las nuevas colonias o fraccionamientos son construidos pensando en que dispongan de un espacio para albergar al personal de una empresa de seguridad privada, las cuales se han convertido en un negocio lucrativo para los propietarios y una esperanza de empleo para las personas que prestan sus servicios en estas, aunque carezcan de la mínima capacitación para hacerlo.
Se ha vuelto tan necesaria la seguridad privada que el mismo Gobierno del Estado tiene una Dirección de Empresas de Seguridad Privada adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de autorizar o revalidar a dichas empresas de las que el INEGI da cuenta que hasta 2023 son 69.
Pero lo que se supone llevaría tranquilidad a un grupo de ciudadanos, en más de una ocasión se convierte en un dolor de cabeza y motivo de pleitos vecinales, porque como en todo hay cumplidos e incumplidos, comités muy echados pa’delante y que al menos intentan comprender cada situación en particular y comités que miden con la misma vara a todos sus representados sin conocer cada situación financiera particular, compromisos o forma de vida.
He sabido de casos en que se ha impedido la entrada a colonos que residen en este tipo de colonias porque no pagan sus cuotas para saldar el servicio con la empresa que les provee de seguridad sin saber siquiera el motivo –que pueden ser muy variados– o a sus visitantes.
Aunque es verdad que hay obligaciones que se contraen grupalmente, también es cierto que es inaudito que se le niegue el paso a alguien ¡a su propia casa!
En fin, este es uno de “los daños colaterales” de no tener una eficiente seguridad pública, que en teoría debería ser garantizada por los tres niveles de gobierno para que los ciudadanos puedan vivir, trabajar y relacionarse sin temor a la violencia o la delincuencia.
Sin temor a equivocarme este es sólo uno de muchos roces entre vecinos de más de un fraccionamiento por la discusión de quien paga y quien no o quien está de acuerdo o no.
Como vemos, algo está fallando en esta tan cacareada pacificación, pues se está dejando de lado la tranquilidad más próxima del ciudadano: la personal.
La inseguridad, en todas sus facetas o niveles o categorías o escalas, no desaparecerá por decreto, por buenos deseos o por maquillar cifras; ésta es un tema que nos atañe a todos sin distinción de género, clase social o partido político y es un proceso lento, porque no hay fórmulas mágicas.
