El pasado fin de semana nuestro país inició un momento trascendental con el arranque de las campañas para elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular, una conquista largamente anhelada por el pueblo y concretada gracias a la visión transformadora del gobierno de Claudia Sheinbaum, heredera del legado de Andrés Manuel López Obrador.
Este proceso, que culminará el 1 de junio con la elección de 881 cargos —desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito—, no es solo una reforma legal, sino un paso firme hacia la verdadera democratización de la justicia, arrancándola de las manos de una élite que por décadas la mantuvo secuestrada al servicio de unos pocos.
La narrativa opositora insiste en pintar este cambio como un riesgo, un experimento peligroso que politizará la impartición de justicia. Nada más alejado de la realidad. Lo que inicia hoy es la respuesta a un clamor histórico: un Poder Judicial que rinda cuentas al pueblo, no a los intereses oligárquicos que lo convirtieron en un coto de privilegios. Durante demasiado tiempo, jueces y magistrados, designados a dedo en procesos opacos, actuaron como guardianes de un sistema desigual, protegiendo a los poderosos mientras el ciudadano común enfrentaba una justicia lenta, cara e inaccesible. Ahora, con más de 3 mil 400 candidatos compitiendo en un ejercicio inédito de transparencia, el pueblo tiene en sus manos el poder de decidir quiénes serán sus jueces.
Las reglas son claras y justas: campañas austeras, sin financiamiento público ni privado, con topes de gasto que van de 220 mil a 1.46 millones de pesos según el cargo, y restringidas a redes sociales y materiales reciclables. Esto no es una limitación, como dicen los críticos, sino una garantía de que la contienda se librará en igualdad de condiciones, sin el derroche de los viejos tiempos del despilfarro neoliberal.
El Instituto Nacional Electoral (INE), fortalecido por esta Cuarta Transformación, ha puesto a disposición un micrositio con los perfiles de los candidatos, empoderando a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas. Confiamos en la sabiduría del pueblo mexicano, que ha demostrado en las urnas su capacidad para elegir a sus representantes y ahora lo hará con sus juzgadores.
Es cierto que el camino no estará exento de desafíos. Los conservadores, aferrados a sus privilegios, seguirán sembrando dudas y miedos, hablando de una supuesta captura del Poder Judicial por el crimen organizado o de una politización que nunca prueban. Pero el pueblo sabe distinguir entre las mentiras de la oposición y la verdad de un proyecto que lo pone en el centro. La selección de candidatos, supervisada por comités de los tres poderes, asegura que solo los más capaces y comprometidos lleguen a la boleta, mientras que la remoción de los juzgadores actuales es un acto de justicia, no de revanchismo.
Este proceso es una extensión natural de la Cuarta Transformación: un México donde el poder no se concentra en cúpulas, sino que se distribuye entre la gente. Elegir a nuestros jueces no sólo hará la justicia más accesible, sino que obligará a los magistrados a responder a las necesidades reales de la población, desde las comunidades más marginadas hasta las ciudades más grandes. Quienes advierten sobre una pérdida de independencia judicial olvidan que la verdadera independencia no está en la inamovilidad de unos pocos, sino en la legitimidad que otorga la voluntad popular.
Hoy, mientras los candidatos salen a convencer al pueblo con sus propuestas, celebramos un triunfo que resonará por generaciones. México está rompiendo las cadenas de un pasado elitista y construyendo un futuro donde la justicia no sea un lujo, sino un derecho. El 1 de junio, cuando millones voten, no sólo elegirán jueces, sino que reafirmarán que en este país el poder pertenece a quien siempre debió tenerlo: el pueblo. Esta es la democracia que soñamos, y hoy comienza a hacerse realidad.
