Sin pena ni gloria concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año constitucional de la muy gris 65 Legislatura. Los trabajos continuarán en la Comisión Permanente que presidirá (otra vez) el diputado David González, aunque es probable que se tenga que convocar a periodo extraordinario para aprobar las reformas federales que en este momento se discuten en el Congreso de la Unión.
Durante la última jornada legislativa en Zacatecas, quizás el punto que mayor interés había generado era el correspondiente al dictamen relativo a la iniciativa de reforma al Artículo 25 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas presentada por la diputada Ma. Dolores Trejo, con una nueva fórmula para el reparto de diputaciones de representación proporcional, las llamadas pluris.
Y aunque la nueva fórmula resultaba más clara y sencilla de entender que la actual norma, en sus tecnicismos también escondía una intentona de restringir la representatividad de aquellos partidos políticos que no hubieran postulado candidaturas en al menos 13 distritos uninominales o que no hubieran obtenido un 3% de la votación en un proceso electoral.
Esta trampa, como advertíamos la semana pasada, sólo hubiera beneficiado a MORENA y al PRI, a cuya bancada convencieron (o al menos así parecía) de respaldar la iniciativa basándose en hipotéticos ejemplos con los resultados del pasado proceso electoral.
No obstante, esta nueva fórmula para la distribución de pluris afectaba seriamente a grupos como PAN, PRD, MC, Nueva Alianza y hasta aliados del oficialismo como el PVEM y el PT, que tenían sus dudas sobre si respaldar o no el dictamen que sería votado en la última sesión del periodo ordinario de este lunes.
Sorpresivamente, ya casi para concluir la jornada legislativa (y no desde el inicio de la sesión, en la aprobación del orden del día), el diputado Saúl Cordero Becerril, presidente de la Comisión dictaminadora de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, solicitó que el dictamen que en ese momento sería sometido a discusión y votación fuera bajado del orden del día y regresado a la comisión para un estudio más exhaustivo. Y la solicitud se aprobó por unanimidad.
Porque, en el fondo, el dictamen representaba más riesgos que ventajas. Los votos los tenía el oficialismo en la bolsa para aprobar fácilmente el dictamen; sin embargo, la iniciativa movió el avispero en las cúpulas nacionales que tuvieron que intervenir.
El diputado federal Carlos Puente advirtió a sus homólogos zacatecanos que de aprobar el dictamen se pondría fin a la coalición entre MORENA y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un amago similar al del PT que también se vería afectado con la reforma, aunque siendo honestos, desde hace tiempo hay visos de que el Partido del Trabajo no irá con MORENA a la elección de 2027.
Pensar que sólo incidió el eventual escenario del 2027 para dar marcha atrás al dictamen también es ser ingenuo. Actualmente MORENA sólo cuenta con 11 diputaciones, más dos que le prestaron al PVEM para integrar grupo parlamentario.
A ellos se suman la diputada de Nueva Alianza, Karla Rivera; más la diputada independiente (?) Ma. Elena Canales; más los diputados del PT, Alfredo Femat y Renata Ávila; que en conjunto integrarían un oficialismo de 18 votos al menos en teoría, porque en la práctica hubo ocasiones en que se distinguieron por votos diferenciados.
De haber aprobado el dictamen, y cumplidos los amagos de dar por terminada la coalición MORENA-PT-PVEM, en la 65 Legislatura el oficialismo se habría reducido a máximo 15 votos (tal vez menos), insuficientes para tener mayoría simple, y más que insuficientes en caso de reformas constitucionales que requieren mayoría calificada.
Tampoco hay que olvidar que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la semana pasada que, en lugar de dar cauce a la iniciativa presentada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador para eliminar las pluris en el Congreso de la Unión (y luego homologar esta disposición en las entidades federativas), eventualmente ella presentaría una contrapropuesta que llevaba ya el aval de sus partidos aliados, el PT y el PVEM, aunque con la aclaración de que no aplicaría aún para el proceso electoral 2026-2027.
Y tampoco es como que la Presidenta haya estado muy contenta con el Congreso de la Unión luego de aprobar la reforma en materia de nepotismo y reelección con efectos hasta 2030 y no a partir de 2027. Así que por lo pronto, con este desaguisado, lleva mano en la eventual reforma electoral.
Por lo pronto, con ese giro de tuerca concluye otro periodo ordinario de la 65 Legislatura, uno caracterizado por la continuación de reformas constitucionales como la que llevó a la desaparición del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) y a un nuevo marco normativo que facilita la opacidad institucional; o aquellas reformas para terminar de desmantelar lo poco que quedaba de la autonomía (si es que alguna vez la tuvo) del Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
En cambio, esta 65 Legislatura se ha distinguido por impulsar grandes reformas en favor de las mujeres y de las infancias, especialmente tratándose de delitos, pero son reformas que no se han capitalizado ni se han difundido adecuadamente.
Porque al final, en esta muy gris 65 Legislatura no hay cohesión, no hay unidad en torno a una agenda legislativa en común, y cuando la existe, se diluye en montón de iniciativas basura o en discusiones estériles que distraen la atención de los temas de verdad relevantes.
Y en muchos casos, aunque ni siquiera ha concluido su primer año de labores, descuidan su labor constitucional de atender las sesiones de comisiones y del Pleno por estar concentrados (y concentradas) en sus distritos haciendo campaña para la elección de 2027. ¿Y si primero dan resultados?
