Analizar los informes financieros que publica trimestralmente la Secretaría de Finanzas (SEFIN) nos permite no sólo conocer (aunque sea a medias) en qué se gasta el recurso público, sino también vigilar y evaluar la distribución del presupuesto, su aplicación y si las políticas públicas inciden realmente en el bienestar de las y los zacatecanos.
Como parte de esta revisión, llama la atención que en lo que va de la «nueva gobernanza» la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que ha tenido tres titulares en casi cuatro años ha tenido un incremento significativo en la asignación presupuestal a una partida en específico: la 2100, relativa a Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.
En el 2016, al inicio del quinquenio de Alejandro Tello, la SEDESOL devengó 1 millón 282 mil 489 pesos en dicha partida; al término del quinquenio (2021), la asignación presupuestal apenas alcanzó 1 millón 373 mil 999 pesos, aunque el mayor monto devengado durante esa administración para dicha partida en la SEDESOL llegó a los 5 millones 224 mil 590 pesos durante el ejercicio fiscal 2020, el llamado «año de la pandemia».
Sin embargo, a partir del 2022, ya en tiempos de la «nueva gobernanza» y el gobernador David Monreal, el monto asignado a dicha partida en la SEDESOL se disparó hasta los 71 millones 283 mil 163 pesos. Para este ejercicio fiscal, el monto asignado alcanza los 84 millones 156 mil 78 pesos.
De hecho, en esta partida 2100, el mayor monto presupuestado corresponde a la Secretaría de Educación (SEDUZAC), por más de 214 millones de pesos, seguido por la SEFIN con 91.8 millones de pesos.
Junto a la SEDESOL que hoy encabeza Bennelly Hernández, entre las tres dependencias suman 390 millones 30 mil 409 pesos, lo que representa el 93.07% del presupuesto total asignado a dicha partida en la administración central del Gobierno del Estado.
¿Y qué conceptos abarca la dichosa partida 2100? Pues va desde materiales, útiles y equipo de oficina; materiales y útiles de impresión y reproducción; material estadístico y geográfico; materiales, útiles y equipos menores de TIC’s; material impreso e información digital; material de limpieza; materiales para el registro e identificación de bienes y personas; así como materiales y útiles de enseñanza.
Este último concepto es lo que justificaría la ampliación presupuestal que se ha realizado cada año a dicha partida en la SEDESOL en lo que va de la «nueva gobernanza», porque inicialmente, en el Presupuesto de Egresos que aprueba el Poder Legislativo, la asignación presupuestal no rebasa los montos asignados durante el quinquenio de Alejandro Tello.
Desde este espacio, en su momento, no sólo dimos cuenta del negociazo que ha representado el programa de entrega de útiles escolares (y que sólo sirvió para hacerle el caldo gordo a la entonces delegada de Programas para el Desarrollo, la hoy senadora Verónica Díaz Robles), sino también la sospecha de desvío de recursos con licitaciones amañadas y costos inflados que sugerían posible desvío de recursos a través de la empresa Don Cacahuato.
Nadie duda de las buenas intenciones que pueda tener dicha política pública de entrega de útiles escolares (apoyos en especie) al estudiantado del nivel básico en Zacatecas. No obstante, en los hechos se contrapone a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.
Por ejemplo, el Artículo 66 establece que: «Los Entes Públicos deberán determinar claramente en sus dispositivos jurídicos que normen el ejercicio de su gasto, el mecanismo de reducción de su gasto asociado a la adquisición de materiales y suministros, debiendo hacer uso de las tecnologías de la información como apoyo a este precepto; esta reducción deberá impactar en la construcción de los presupuestos de egresos de los subsecuentes ejercicios«.
No es el caso de otro programa de las SEDESOL de apoyos escolares: la entrega de calzado al estudiantado de nivel básico (que tampoco abarca a todos los planteles), pues se presupuestó con cargo al Capítulo 4000, de transferencias de recursos, y que no se contrapone con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera.
Por encima de todo, lo más característico de la SEDESOL en lo que va de la «nueva gobernanza» es que en la escasísima información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) relativa a la contratación de obras, bienes o servicios, no figura lo relativo al dichoso programa de útiles escolares.
La poca información que se conoce ha sido a través del portal de compras de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Ernesto González Romo, quien por cuidar los centavos hace como que no ve el robo de los millones.
¿Lavado de dinero en la FENAZA?
Ante la falta de resultados, dicen que «al pueblo, pan y circo«. Pero ¿a qué costo? Porque la edición 2025 de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), además de tener un cartel muy cutre, tiene costos altísimos en el «Año del Bienestar». Y no es como que la economía familiar vaya de maravilla, como dicen los datos del INEGI sobre la medición multidimensional de la pobreza.
Más allá de que en la «nueva gobernanza» hayan lanzado desde la Secretaría de Administración (SAD) que encabeza Maricarmen Salinas un programa para que la burocracia pueda adquirir vía descuento de nómina sus boletos (carísimos de Zacatecas) para el Palenque (que este año se realizará en el Lienzo Charro «Antonio Aguilar»), lo que llama la atención es un aviso del propio comité organizador de la FENAZA.
Porque en su desglose de costos para el programa musical del Palenque hace una diferenciación entre el pago con tarjeta (más caro) y en efectivo (con descuento), lo que representa una variación aproximada del 5% entre una y otra tarifa.
No obstante, tal parece que se busca fomentar la compra de boletos en efectivo, más que operaciones electrónicas que son parte fundamental de las políticas anticorrupción (la digitalización de trámites y servicios), casi casi para emular el presunto desvío de varias decenas de millones de pesos detectados en el Sistema Estatal DIF de sus ingresos de gestión derivados de los cobros en efectivo en áreas como el Parque y Zoológico La Encantada, el Teleférico, el estacionamiento de la Plaza Bicentenario, entre muchas otras.
Tampoco quisiéramos pensar que eso de privilegiar las transacciones en efectivo durante la FENAZA sea más bien para operaciones de presunto «lavado de dinero» y mucho menos que ciertos grupos delictivos estén entre los patrocinadores de la máxima fiesta de los zacatecanos. ¿Estará al tanto el zar anticorrupción?
