En lugar de cambiar sus criterios para que el programa de entrega de útiles escolares beneficie a pequeños y medianos comercios locales con la compra de insumos y así dinamizar la economía zacatecana, la «nueva gobernanza» opta por adjudicar (vía licitación simulada) el contrato a la empresa Publicidad y Comercializadora Froa SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad de México.
Se trata de la licitación SAD-932079957-15-2025 en la que la citada empresa fue la única participante y se le adjudicó el contrato por un monto de 82 millones 791 mil 678.34 pesos que bien pudieron ser una muy buena derrama económica para proveedores locales, más cuando se promueve una Feria Escolar para que la población adquiera sus útiles con empresas zacatecanas… cuando a la par van a repatir útiles escolares gratuitos.
Más allá del sobreprecio en los insumos de la licitación, o de que la entrega de útiles vaya a comenzar a partir del 1 de septiembre (según anunció la secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Hernández) cuando el contrato se firmará hasta el día 2 (y hasta el día siguiente la empresa deberá entregar los productos), este absurdo en las decisiones ya no sorprende en una «nueva gobernanza» que cacarea un «Año del Bienestar», sin llevar bienestar a los zacatecanos.
Ya desde finales de julio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) daba indicios de que la economía zacatecana no iba por buen camino. Los resultados de la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) 2024 mostraba que en los hogares zacatecanos con ingresos más bajos, los ingresos por transferencias de recursos alcanzaron hasta 78.12%, mientras en el estrato más alto estos ingresos representaron el 15.69 por ciento.
Sin embargo, estas transferencias de recursos incluyen no sólo los programas de gobierno o esquemas de pensión y jubilación, sino también las remesas familiares que envían los migrantes (y que benefician principalmente a los hogares de menos ingresos).
Y considerando que en lo que va de la «nueva gobernanza» los ingresos por transferencias de recursos en el estrato más alto han crecido 5.32% y en el estrato más bajo apenas 3.31%, es posible pensar no sólo que los programas de gobierno no están llegando a los que menos tienen, sino que los más pobres de los pobres dependen mayormente de las remesas que de los programas de gobierno.
Semanas después, el mismo INEGI dio a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza (una medición que antes realizaba el hoy extinto CONEVAL), donde cerca de 100 mil zacatecanos mejoraron sus condiciones de bienestar respecto al 2022, aunque esta proporción contrastaba con un 44.8% de la población zacatecana con ingresos inferiores a las líneas de pobreza por ingresos (y hasta un 13% en el caso de pobreza extrema).
Esta proporción es la base que tomó en cuenta la organización México ¿Cómo Vamos? para la medición de la pobreza laboral, un indicador en el que Zacatecas fue de las primeras cinco entidades con mayor disminución, aunque se mantiene en semáforo rojo, pues hasta 44% de los zacatecanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Y si hablamos de la canasta no alimentaria, esta proporción se dispara al 73.7% de la población estatal cuyos ingresos no alcanzan para tanto gasto.
El mismo INEGI, además, da cuenta de la difícil realidad que enfrentan los zacatecanos, pues con la actualización de información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al segundo trimestre de este año, sabemos que unos 286 mil 73 trabajadores zacatecanos perciben como máximo un salario mínimo. Es decir, el 41.6% de la población económicamente activa.
Y aunque parte de los avances en la disminución de la pobreza se deban al incremento sustancial en el salario mínimo, hoy ese ingreso es insuficiente ante el encarecimiento de productos y servicios. Vivir hoy sale muy caro para las y los zacatecanos.
Si en esa fórmula consideramos que casi 60% de la población económicamente activa labora en la informalidad, se entiende por qué aún persiste un 52.9% de población zacatecana sin acceso a la seguridad social, o hasta 33.8% que carece de acceso a los servicios de salud.
Por si no fuera suficiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestra una errada política que no ha paliado la pérdida de empleos formales en Zacatecas en lo que va de la «nueva gobernanza», pues hoy existen menos trabajadores registrados ante el IMSS que al inicio de la administración, un déficit que ya alcanza los 2 mil 592 empleos formales.
No se puede omitir el impacto que tiene en la economía local la enorme carga fiscal que representa para las empresas no sólo mantener su actividad, sino también generar empleos y, para rematar, que sean bien pagados, mientras la «nueva gobernanza» aumenta la tasa de cobro del Impuesto sobre Nóminas, pero no fondea el Fideicomiso para reinvertir en infraestructura productiva que se traduzca en generación de empleos, desarrollo y bienestar.
A eso súmele una advertencia que hizo en días pasados el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, al haber detectado una mala práctica en las empresas para dar de baja ante el IMSS a sus trabajadores, pagándoles en efectivo, pero evadiendo el pago de impuestos y otras obligaciones (lo que ya de por sí representa un delito), y tenemos un entorno muy complicado que contrasta con el discurso del «Año del Bienestar».
Si a todo lo anterior le suma que hay quien lucra con los programas sociales, e incluso se llegan a condicionar por fines político electorales, mientras el zar anticorrupción Ernesto González Romo se hace de la vista gorda, no hay mucho qué celebrar en el «Año del Bienestar», menos cuando ese bienestar sólo ha beneficiado a unos cuantos (y para colmo, con domicilio fiscal en otras entidades).
Pero, pues, cada quién…
