Aunque hasta 2026 se presentaría la iniciativa de reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el debate público ha comenzado mucho antes de la instalación de mesas de trabajo que coordinará Pablo Gómez Álvarez, al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el pasado 2 de agosto.
Como el miedo no anda en burro, no era de sorprender que la llamada oposición protestara contra la anunciada reforma, particularmente por la posibilidad de desaparecer las candidaturas de representación proporcional, las llamadas «plurinominales» o «pluris».
Mucho antes de que comenzara este proceso de consulta nacional sobre una eventual reforma electoral, en la 65 Legislatura de Zacatecas ya se habían adelantado en un intento de meter mano en las dichosas «pluris».
Como se recordará, en sesión del 26 de junio, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen relativo a diversas reformas a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, derivado de una propuesta que presentara en su momento la diputada Ma. Dolores Trejo Calzada.
Sobra decir que, con las mañosas prácticas parlamentarias de la 65 Legislatura, se aprobó omitir la primera lectura del dictamen para pasar directamente a su segunda lectura, discusión y votación en la siguiente sesión…
Sin embargo, tal punto nunca se satisfizo, pues al final, en la siguiente sesión del 30 de junio (cuando concluía el periodo ordinario), el diputado Saúl Cordero Becerril, presidente de la Comisión dictaminadora de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, solicitó que el dictamen que en ese momento sería sometido a discusión y votación fuera bajado del orden del día y regresado a la comisión para un estudio más exhaustivo. Y la solicitud se aprobó por unanimidad.
Pues ahora, a casi dos meses de haber dado marcha atrás por unanimidad al citado dictamen, el diputado local Martín Álvarez trae el tema a colación al insistir que se debe revisar de manera urgente la fórmula de distribución de las «pluris» en Zacatecas «porque no refleja la voluntad ciudadana en las urnas». En palabras simples: las «pluris» deben ser para las mayorías, no para la representación de minorías.
Y es que la iniciativa de reforma presentada por su homóloga Ma. Dolores Trejo Calzada planteaba una nueva fórmula de distribución en la que únicamente tendrían derecho a «pluris» los partidos que hubieran tenido al menos 3% de votación y hubieran registrado candidaturas en 13 distritos uninominales.
La dichosa iniciativa en su momento contó con el respaldo del PRI porque, con cifras alegres, les convencieron de que con esta nueva fórmula, en el pasado proceso electoral les hubieran tocado hasta cinco diputaciones «pluris» y no tres. Y a MORENA le hubieran tocado tres más y no únicamente la diputación migrante (que ocupa la promovente de la iniciativa).
Nada más que en esas cifras alegres se les olvidó el freno de la sobrerrepresentación. Ya eso de que los demás partidos aliados (PT, PVEM, PAN, PRD y hasta MC) dudaran de respaldar la iniciativa porque se verían afectados, eso ya estaba de más.
No obstante, aún resta tiempo para seguir abriendo al debate público la eventual reforma electoral federal y la local, pues al menos en el caso de la legislación en Zacatecas, la iniciativa se limitaba a redistribuir las «pluris», pero no tocaba el financiamiento público a partidos políticos, un factor clave que sí se contemplaría en la reforma federal.
Y es que no es una morralla los más de 7 mil 368 millones de pesos que se proyecta entregar a los partidos políticos en el próximo ejercicio fiscal para sus actividades ordinarias, de acuerdo con el anteproyecto del Instituto Nacional Electoral (INE). Se trata de un botín presupuestal que durante décadas ha motivado a muchos (y muchas) a vivir del erario a través de los partidos políticos.
Por eso es interesante el planteamiento de eliminar el financiamiento público a partidos políticos en años no electorales. El gran problema es que en México parece que todos los años son electorales, por muchos intentos que se hayan hecho para homologar calendarios en las entidades federativas.
El otro punto que atrae el debate público, evdientemente, es lo tocante a las «pluris». Mientras los radicalismos apuntan a su extinción, por onerosas o porque no representan los intereses de la población (ojo, porque en esa afirmación se esconde el rechazo a la representación de minorías); del otro lado se argumenta el equilibrio de fuerzas y en mucho se pretende retomar los principios sobre los cuales se crearon las «pluris».
En el fondo, la historia ha demostrado que dichas candidaturas han servido más bien para beneficiar a unos cuantos, que son los mismos de siempre. Y eso es en todos los partidos, incluyendo MORENA, por mucho que pretendieran democratizar su asignación mediante «tómbolas».
Más importante aún: no hay que perder de vista que en las dichosas «pluris» se encuentran las recientes disposiciones sobre cuotas afirmativas: para la diversidad sexual, para grupos indígenas, para población afromexicana o personas con discapacidad. Y en algunas entidades, como Zacatecas, hasta para la representación migrante.
Sobre dichas cuotas aún quedan omisiones legislativas de libre interpretación y que han relegado dichas representaciones de los primeros lugares en las listas de «pluris», en el mejor de los casos, porque hemos visto sobre todo en el último proceso electoral cómo éstas son coptadas por quienes no pertenecen a dichos grupos minoritarios, pero usurpan sus espacios de cuotas afirmativas.
Esperaríamos que estos criterios fueran tomados en cuenta para una eventual reforma electoral que de verdad abone a la democracia, que respete la representación de las minorías, que se endurezca la regulación para evitar la usurpación de cuotas afirmativas, y ya de paso que se cierre la llave a los partidos políticos para que dejen de vivir del recurso público, aunque eso implique el riesgo de financiamiento ilícito.
Mientras tanto, a disfrutar lo votado. ¿O cómo era?
