Desde que MORENA es gobierno, cada vez que ocurre un hecho de inseguridad que cimbra al país sale a relucir lo peorcito de la política carroñera. Y hablamos de oficialistas y opositores.
Hacer como que la inseguridad y el crimen organizado surgieron apenas con la llamada 4T es pecar de bastante ingenuidad o pretender jugarle el dedo en la boca a una ciudadanía más informada.
Es la misma ciudadanía más informada la que también cuestiona la política de «abrazos y no balazos» emprendida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que a la par de (dicen) atender las causas de la violencia y la delincuencia, permitió que el actual régimen se aliara con otros grupos delictivos, aquellos opositores a los cárteles de la oposición.
Con estadística oficial, nos pretenden recetar un discurso pacifista con la reducción de homicidios dolosos, y hasta de los feminicidios que hoy llevan subregistros para maquillar la estadística de incidencia delictiva. Lo cierto es que, también con estadísticas oficiales, no ha ido a menos la cifra de personas desaparecidas y no localizadas en el país, un delito que creció exponencialmente desde que MORENA es gobierno.
Paliativos como prohibir los llamados «narcocorridos» para abatir esa cultura de apología del crimen, o ahora con la reciente reforma en materia de extorsión (uno de los delitos menos denunciados, pero cada vez con mayor incidencia), poco abonan a una estrategia que parecía desarticulada.
Pero los errores de hoy no justifican los yerros del pasado, esos que la oposición hace como que no ve.
El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, es una herida que cala hondo en la sociedad, pero al final es una herida más en un país lastimado por una violencia que, aunque no nació con la 4T, sí ha evolucionado hasta perderle el miedo al Estado (y en una de esas hasta ha perdido el temor de Dios).
Ingenuas resultan las declaraciones del gobernador David Monreal al asegurar que en Zacatecas no hay alcaldes que hayan solicitado protección por amenazas del crimen organizado, pues eso no necesariamente significa que no ocurran.
Recuérdese el caso de la exalcaldesa de Apulco, Yanet Morales Huizar, quien se vio obligada a gobernar sin estar en su municipio por amenazas del crimen organizado. Y casualmente es el mismo municipio que enfrentó ya el desafuero de su alcalde Mauro «N» por presuntos vínculos con grupos delictivos.
De hecho, el proceso electoral 2023-2024 fue atípico en lo relativo a las sustituciones de candidaturas, pues aunque oficialmente se dijo que las renuncias de candidaturas propietarias eran por motivos personales, extraoficialmente se sabe que en muchos casos se debió a amenazas del crimen organizado.
Más recientemente, esta violencia ya ha tocado a otros alcaldes, como el presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, cuyo hijo Joshua Jafet Zambrano Hernández sigue desaparecido desde junio de este año.
A estos casos que han tocado a figuras públicas, o que han abonado al incremento en el número de personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas, se suman las sospechas de participación de grupos delictivos en la organización de ferias y fiestas patronales, aunado al supuesto «impuesto» en la venta de materiales de construcción (denunciado recientemente por materialistas), o el condicionamiento en la venta de bebidas alcohólicas y cigarros en determinados establecimientos, y hasta la sospecha de negociar las cuentas públicas para quedar con cero observaciones, como presumió recientemente el zar anticorrupción, Ernesto González Romo. Y la lista sigue y sigue…
Sin garantías para su protección, como ya ocurrió con el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ¿de verdad hay el cinismo para llamar a la población a denunciar, más cuando existe la sospecha de colusión entre los gobiernos y los grupos delictivos? Porque no es gratuito que nueve de cada 10 delitos queden sin denunciar, según cifras del INEGI. Pero, pues, cada quién…
Ya viene la reforma electoral
Para cumplir con el requisito de parlamento abierto y máxima difusión, el próximo 12 de de noviembre, a las 10 de la mañana en el Museo Rafael Coronel, se realizará el foro de consulta sobre la llamada reforma electoral al que se espera la presencia de la secretaria de Gobernación (y aspirante a la canddiatura a la gubernatura de San Luis Potosí), Rosa Icela Rodríguez.
De acuerdo con el secretario general de Gobierno (y aspirante a la candidatura a la gubernatura de Zacatecas), Rodrigo Reyes Mugüerza, este foro «permitirá a especialistas, investigadores y ciudadanía en general construir un sistema electoral más justo y equitativo, con reglas más claras; un sistema que brinde la oportunidad de elegir a los mejores perfiles, pero, sobre todo, que permita fortalecer la democracia«.
Además, se espera recabar opiniones respecto a la democracia participativa, el financiamiento a organismos electorales y partidos políticos, el sistema de partidos, la efectividad del sufragio, la justicia electoral, las autoridades electorales, las libertades políticas, entre otros.
A diferencia del foro utilizado para la integración del plan de pacificación estatal (de nombre larguísimo imposible de recordad), el Palacio de Convenciones, en esta ocasión se recurre a un espacio de limitado acceso donde difícilmente podrá intervenir la población, pero sí permitirá al estado decir que «cumplieron» con realizar el foro haiga sido como haiga sido.
Total, el Congreso de la Unión está listísimo para votar como instruyan en Palacio Nacional y firmar cuanto desplegado sea necesario con tal de defender sus propios intereses, así vayan en contra de los intereses de la ciudadanía. Pero, pues, cada quién…
