Este jueves 27 de noviembre se cumple el plazo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del decreto correspondiente a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, por el que en teoría debía concluir la transferencia de personal y recursos materiales al nuevo órgano garante: Transparencia para el Pueblo de Zacatecas.
Sin embargo, ya desde el pasado 10 de noviembre en este espacio advertíamos sobre el incumplimiento del Ejecutivo estatal a diversas disposiciones del decreto aprobado por la 65 Legislatura en junio de este año, principalmente la designación de la persona titular del nuevo órgano garante, cuyo plazo había vencido desde el pasado 5 de noviembre.
La exigencia en el cumplimiento de estas disposiciones legales no es mero capricho. Los actos de omisión en los que ha incurrido la «nueva gobernanza» han motivado el incumplimiento en materia de transparencia (y hasta en la protección de datos personales) de los sujetos obligados, y las faltas han sido más recurrentes y más graves conforme pasa el tiempo.
Cuando se aprobó la nueva legislación que daba paso a la extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), se argumentó lo mismo que con la extinción del órgano garante federal: que la transparencia era muy onerosa. No obstante, a muchos nos queda claro que «la transparencia no sale cara, sale más cara la corrupción».
A diferencia del INAI, en el órgano garante local no pudieron encontrar visos de corrupción como los hubo con algunos comisionados del INAI, por lo que en la argumentación en el decreto correspondiente a la extinción del IZAI nuestros diputados y diputadas se limitaron a señalar que los 29 millones de pesos de presupuesto anual para la transparencia eran muy onerosos.
¿Pero a quién le quieren ver la cara? Sin máscaras, hubiera salido más fácil que dijeran que la «nueva gobernanza» (y hasta la 4T) no querían más transparencia porque habían salido igual (o peor) de corruptos que los gobiernos del PRIAN. Total, cuentan con el 240 y tantos por ciento de aprobación del «pueblo bueno y sabio».
No obstante, las omisiones en las que ha incurrido la «nueva gobernanza» podrían ser más graves de lo que parecen a simple vista, pues incluso implicarían responsabilidades administrativas que alcanzarían al gobernador David Monreal.
Porque a más de cuatro meses de aprobada la nueva legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, y semanas después de su entrada en vigor, la «nueva gobernanza» ha incumplido con el nombramiento del titular del nuevo órgano garante.
Además, la Secretaría de la Función Pública (SFP) que encabeza el zar anticorrupción Ernesto González Romo no ha concluido con la transferencia de personal, archivos y recursos materiales del extinto IZAI, un plazo que vence este jueves 27 de noviembre según el artículo cuarto transitorio del decreto correspondiente.
Estas omisiones han generado un vacío institucional y operativo ante la falta de un órgano garante en funciones, lo que ha vulnerado el derecho humano de acceso a la información consagrado en el artículo 6 Constitucional.
Lo anterior ha impedido la resolución de recursos de revisión (y habrá qué ver cuántos asuntos se han acumulado desde la extinción del IZAI), la atención de medios de impugnación, la vigilancia en el cumplimiento de obligaciones de tranparencia y la continuidad institucional tras la extinción del IZAI.
Tales omisiones y violaciones a derechos humanos podrían constituir faltas administrativas por omisión en el cumplimiento de funciones públicas; negligencia grave al incumplir plazos expresamente establecidos por la ley; violación a principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad; así como la afectación al funcionamiento de un organismo encargado de un derecho constitucional.
Todo ello podría derivar en investigaciones administrativas y responsabilidades para servidores públicos implicados, como lo señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto a la omisión en el cumplimiento de funciones legales asignadas, el retraso en la traminitación o atención de asuntos oficiales y la violación al principio de legalidad por falta de ejecución de una obligación normativa.
Y aunque a simple vista podrían ser faltas administrativas «no graves», también pudieran implicar «faltas graves» si de considera una negligencia manifiesta al paralizar el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información; al generar afectaciones institucionales, o al impedir la operación de un órgano garante.
Bastaría con remitirse a la omisión en el nombramiento de la nueva persona titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, un nombramiento del que, según Ernesto González Romo, ya se turnó al gobernador David Monreal la terna correspondiente. ¿En fecha previa o posterior a que venciera el plazo legal?
Además, podría haber responsabilidades por afectar el derecho constitucional de acceso a la información, pues con las omisiones en las que ha incurrido la «nueva gobernanza» se hga interrumpido la cadena operativa del derecho; se ha impedido la resolución de recursos de revisión; se ha paralizado el funcionamiento del órgano garante estatal; y se ha dejado en la indefención a solicitantes de información durante un periodo fuera de lo permitido por la leuy.
Tales omisiones podrían derivar en responsabilidades administrativas y/o políticas, pero también en acciones de inconstitucionalidad por omisión y hasta posibles reclamaciones por violación de derechos humanos.
Tan sólo el gobernador David Monreal, por la cadena de omisiones, sería sujeto a responsabilidades por no nombrar al titular del órgano garante en el plazo legal; por no garantizar la instalación de dicho órgano; por no ejecutar el decreto correspondiente; y hasta por desacato (y negligencia) a una disposición legal en los términos señalados.
En el caso de la SFP, su titular estaría sujeto a responsabilidades por no ejecutar la transferencia de personal y recursos del IZAI en los plazos establecidos; por no garantizar la continuidad institucional; y por no asegurar la recepción de medios de impugnación durante la transición. Y podría ser aún más grave si se acredita que estas omisiones impidieron la operación del nuevo órgano garante.
¿Y qué puede hacer la ciudadanía ante estas omisiones? La ruta legal sugiere presentar quejas administrativas ante la SFP; solicitar investigaciones ante el Órgano Interno de Control; promover procedimietnos ante la CDHEZ; interponer amparos indirectos por omisión de actos de una autoridad; y hasta solicitar la intervención del Poder Legislativo para evaluar responsabilidades políticas de quienes incurrieron en omisiones.
El problema es que la SFP no puede ser juez y parte, al estar entre las instituciones que han incurrido en omisiones que violan derechos constitucionales, por lo que restaría apelar a que nuestros diputados y diputadas atraigan el caso y resuelvan en consecuencia.
No podría decirse lo mismo de la CDHEZ, que se encuentra en proceso de relevo en su presidencia; no obstante, también quedaría la ruta del amparo indirecto, si es que en el Poder Judicial aún conservan su autonomía.
Pero más allá de que, incluso fuera de los plazos, la «nueva gobernanza» cumpliera con la designación de titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, o de concluir la transferencia de personal y recursos materiales al nuevo órgano garante, preocupa en sí la nueva Ley de Transparencia, particularmente las nuevas disposiciones para clasificar la información como «reservada», como lo advertimos en este espacio desde junio pasado.
Pues entre estas disposiciones, se podría reservar la información «por el daño que pueda producirse con la publicación de la información, cuando sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, sólo en procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; lo mismo para el caso de divulgación de estudios o proyectos, cuando su divulgación pueda causar daños al interés del estado o supongan un riesgo para su realización«. Hagan de cuenta, como la Presa Milpillas, el Viaducto elevado que nadie pidió, y hasta el Platabús.
Lo bueno es que ya nos rindieron un informe súper transparente sobre la austeridad de la «nueva gobernanza». Lástima que, sin órgano garante, dicha transparencia sea muy cuestionable….
