¿Falta disciplina financiera en municipios?

Frente al moderado optimismo en el proyecto de Paquete Económico 2026 presentado en días pasados ante la 65 Legislatura, la realidad de buena parte de los municipios se encamina más a la asfixia, con compromisos financieros que representarían casi el 20% del total de recursos que recibirían los 58 municipios en 2026 y que ascienden a 7 mil 497 millones 58 mil 499 pesos.

Ese porcentaje equivale a 1 mil 449 millones 434 mil 672.50 pesos y abarca desde los saldos de deuda pública, adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR), además del endeudamiento solicitado en sus respectivas leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

Por una parte, el principal impacto a las finanzas de los municipios corresponde a los adeudos al IMSS, que implican algo así como 941 millones de pesos y que en algunos casos superan su capacidad de pago frente a las participaciones ya comprometidas. Sin embargo, los casos más graves corresponden a Sombrerete, Trancoso, Ojocaliente, Jerez y Villa González Ortega, que concentrarían el 54% del total de estos adeudos.

Además, cinco municipios también concentran el 62% de los adeudos con el SAT por concepto de ISR que en total ascienden a 343 millones de pesos: Sombrerete, Loreto, Luis Moya, Villa González Ortega y Tlaltenango.

A lo anterior hay que agregar lo proyectado en las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2026 respecto a las solicitudes de endeudamiento, pues mientras para este año sólo 18 municipios pedían unos 65.6 millones de pesos, para el próximo ejercicio fiscal ahora serán 20 municipios que en total solicitarían 110.7 millones de pesos, aunque los casos más emblemáticos corresponden a Loreto, Pinos, Villanueva, Nochistlán, Río Grande y Tlaltenango, con montos que oscilan entre 8 y 21.2 millones de pesos.

Conviene precisar, no obstante, que los montos solicitados pueden corresponden ya sea a la contratación de créditos de largo plazo o a solicitudes de adelanto de participaciones, que en cualquier caso implicarían ingresos comprometidos.

Y en este escenario, aún falta considerar los registros de deuda pública ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues aunque la deuda global de los municipios apenas representaba unos 54 millones 684 mil 672.50 pesos al 30 de junio de este año, en algunos casos las obligaciones de corto plazo y pasivos con proveedores y contratistas incluso duplicaba los saldos de la deuda de largo plazo.

De acuerdo con la información publicada por la SHCP, los saldos de la deuda pública (créditos de largo plazo) de los municipios al 30 de junio se distribuía de la siguiente manera:

  • Guadalupe: $35,475,000.00
  • Zacatecas: 16,097,977.30
  • Florencia de Benito Juárez: $1,529,639.90
  • Tepechitlán: $617,717.80
  • Jerez: $580.718.20
  • Monte Escobedo: $383,619.30

Probablemente en los casos de Jerez, Monte Escobedo y Tepechitlán dichos créditos sean pagados en su totalidad durante el segundo semestre de este 2025 que está por concluir. Sin embargo, no deberían seguir el ejemplo de Pánfilo Natera, Saín Alto o Tlaltenango, donde a pesar de haber liquidado sus financiamientos, aún no han tramitado la baja del registro de deuda pública ante la SHCP.

Asimismo, según la información de la SHCP, hay casos importantes como los de Guadalupe y Zacatecas, cuyas obligaciones de corto plazo y pasivos con proveedores y contratistas superaba los saldos de su deuda de largo plazo.

En el primer caso, estas obligaciones financieras ascendían a 54 millones 117 mil 663.40 pesos cuando su deuda de largo plazo era de 35.4 millones. En el segundo caso, sus obligaciones financieras sumaban unos 36 millones 944 mil 816 pesos, cuando su deuda de largo plazo se ubicaba en poco más de 16 millones de pesos. O jinetean el dinero, o los recursos no fluyen como debieran.

Por supuesto que no todo es malo. Según las proyecciones económicas, para el 2026 se espera una reducción en las tasas de interés que podrían incentivar la contratación de nueva deuda, que en el caso de los municipios de Zacatecas se encuentra en semáforo verde con niveles sostenibles. Y si este endeudamiento se aplica en inversión pública productiva, mucho mejor, sobre todo porque contribuiría a dinamizar la economía local (cuando no se contrata a empresas foráneas).

Sin embargo, no en todos los casos se pueden permitir nuevo endeudamiento, sobre todo aquellos municipios que tienen comprometidas más del 100% de sus participaciones, mucho menos cuando este endeudamiento se detinaría a gasto corriente o al pago de otros adeudos. Porque en cualquier hogar es bien sabido las terribles consecuencias de contratar nueva deuda para pagar viejas deudas.

Tal vez sería importante que las y los diputados de la 65 Legislatura le dieran una revisada a los instrumentos «antiquebranto» para los municipios y se evaluara la pertinencia de modificar los criterios para el endeudamiento. No sea que por laxitud se comprometan las finanzas municipales por varias administraciones más…