El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifica una vez más la importancia de vigilar el quehacer de los poderes legislativos en todo el país. Porque ahí no sólo se aprueban presupuestos; también se impulsan nuevas leyes o se autorizan cambios a la normatividad que nos rige. Y, últimamente, se declara la extinción de organismos autónomos en un pretendido afán de concentración del poder y de las instituciones.
Si bien desde los poderes legislativos (incluyendo el Congreso de la Unión) se han tenido avances, como la tipificación de diversos delitos acorde a nuestros tiempos, o la aprobación de los llamados matrimonions igualitarios, la despenalización del aborto, la tipificación de delitos cibernéticos, digitales e incluso con el uso de herramientas de inteligencia artificial; y hasta la elevación de los programas sociales a rango constitucional, como un derecho humano; también ha habido retrocesos y serias fallas con la política de «aprobación exprés» de iniciativas que, se ha visto, en algunos casos ni siquiera son leídas por las y los legisladores.
Pensemos, por un momento, en el caso de la Legislatura de Zacatecas. Más allá de las acciones positivas (y el sinfín de puntos de acuerdo que rara vez han tenido consecuencias), ahí se ha aprobado el mayor endeudamiento en la historia del estado, pero también han deliberado sobre procesos de desafuero en torno a alcaldes presuntamente responsables en la comisión de delitos, como el homicidio.
Y hasta se han hecho de la vista gorda en procesos de juicio político en contra de servidoras y servidores públicos que incurrieron en fallas graves, o han dictaminado cuentas públicas con criterios dispares en las observaciones a los municipios, ahí donde se ensañan particularmente contra opositores al régimen en turno.
En su urgencia por cumplir caprichos presidenciales, diputados y diputadas locales declararon la extinción del entonces Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), sin ofrecer garantías de que el derecho de acceso a la información y protección de datos personales no se vería vulnerado por omisiones del Poder Ejecutivo, como ocurre actualmente, al no crear Transparencia para el Pueblo de Zacatecas ni mucho menos designar a su titular, pese a que ya han transcurrido varios meses desde que venció el plazo.
Más recientemente, en el orden federal, se aprobó una reforma por la que se obliga al registro de líneas telefónicas y desde el primer día fue evidente la vulneración en la protección de datos personales, todo por la política de «aprobación exprés» de iniciativas que no son analizadas a fondo, como ha advertido en diversas ocasiones la excomisionada del INAI, Julieta del Río.
Hoy, en medio de escándalos como las bolsas millonarias del senador Adán Augusto López (el de «La Barredora«) manejadas a discreción, o los pleitos de mercado que terminan en legisladores y legisladoras lesionados, en el Congreso de la Unión hay una reforma en puerta que mucho debe preocupar: la llamada reforma electoral.
Luego de quién sabe cuántos foros realizados en todo el país dizque para recabar propuestas (que en el caso de Zacatecas, fue mera simulación institucional, viendo las personalidades invitadas como ponentes), esta semana la Comisión Presidencial encargada de la reforma, encabezada por Pablo Gónez, presentó ante el Congreso de la Unión un listado de posibles reformas que serán incluidas en la iniciativa correspondiente.
Y entre las pocas declaraciones que ofreció el titular de la comisión, hay una especialmente preocupante: «Un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones«, una declaración con la que coincidió la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Lo anterior sugiere un retroceso de varias décadas en la vida democrática del país.
Sin embargo, aún falta un trecho para tener una iniciativa completa, en forma, antes de ser presentada al Congreso de la Unión de manera oficial. Por una parte, el diputado federal Ricardo Monreal ya ha advertido que para la aprobación de la iniciativa se requiere, de inicio, el acuerdo con los partidos coaligados: el PT y el PVEM. Sin ellos, la reforma no pasará.
No es gratuito que la llamada «Ley Esposa» impulsada en San Luis Potosí, en un intento por facilitar el camino a la esposa del gobernador Ricardo Gallardo en la sucesión, haya sido detenida por este último en espera de la iniciativa de reforma electoral que se discutirá a partir de febrero en el Congreso de la Unión.
Esta preocupación seguramente se expondrá este miércoles 14 de enero en la reunión privada que sostendrán diputados federales y senadores en Palacio Nacional para conocer el contenido final de la iniciativa y la Cámara a la que se turnará para comenzar su proceso de análisis y discusión.
Y es muy probable que dicha iniciativa también sirva en las mesas de negociación para asignar candidaturas en el próximo proceso electoral 2026-2027, incluyendo si se mantiene o no la coalición MORENA-PT-PVEM, lo que sin duda impactará en las decisiones que se tomen sobre Zacatecas y la sucesión gubernamental.
No hay que dejar de lado que, entre las posibles reformas que incluiría la iniciativa, se sigue planteando la reducción de espacios plurinominales, la reducción del financiamiento público a partidos políticos (especialmente en años no electorales), y en una de esas hasta se cuelan modificaciones a la sobrerrepresentación que hoy rige en el Congreso de la Unión.
La advertencia es una sola: entre más ojos haya para vigilar lo que se decide en el Legislativo federal, en esa medida será el actuar del Legislativo en Zacatecas para armonizar la normatividad, si es que aún se está en tiempo antes de iniciado el siguiente proceso electoral. Pero, pues, cada quién…
Los congresos Federal y Local están muy contaminados por la 4T, solo legislan aquellos temas que les ordenan el Ejecutivo y levantan el dedo en aprobación sin siquiera leer las propuestas, estamos en parálisis si no es que en retroceso del concepto Democrático.