El Consejo de las Naciones Unidas ha declarado que el acceso a un medio ambiente, limpio, sano y sostenible es un derecho universal. Este derecho ambiental está directamente relacionado con los seres vivos y el medio ambiente en el que se desarrollan, incluye el derecho al aire limpio, a un clima estable, a una biodiversidad próspera y a ecosistemas saludables, tomando estos principios como la base para el desarrollo económico, la sostenibilidad y la justicia social.
Es, por tanto, esencial sostener y mejorar nuestro entorno para poder garantizar el resto de derechos, particularmente el de alimentación, el agua o la salud. Para este último se tienen estudios de que la contaminación atmosférica provoca más de 8 millones de muertes al año y una cuarta parte de las enfermedades mundiales se genera por riesgos relacionados con el medio ambiente.
Este derecho a un medio ambiente sano goza de un estatus constitucional en más de 100 países; además, al menos 130 Estados han ratificado tratados regionales de derechos humanos que incluyen países de África, América Latina y el Caribe, Oriente Medio, algunas partes de Asia y Europa.
El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental que garantiza a todas las personas disfrutar de un entorno limpio, sostenible y libre de contaminación, esencial para la salud y el bienestar. Al ser reconocido por la ONU, obliga al Estado a proteger los ecosistemas y permite a la ciudadanía a acceder a la justicia, información y participación ambiental.
Los aspectos clave de este derecho son:
Fundamento Constitucional. En México, el artiículo 4to de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Relación con otros derechos: Está intrínsicamente vinculado con el derecho a la vida, la salud, el agua potable y la alimentación.
Protección y Responsabilidad: incluye la conservación de recursos naturales, bosques, ríos, mares y el combate al cambio climático.
Acceso a la Justicia: permite a la ciudadanía denunciar y actuar para prevenir o reparar daños ambientales.
Intergeneracional: protege la naturaleza tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
Las obligaciones del Estado son:
Preventivas: implementar evaluaciones de impacto ambiental y ordenamiento ecológico.
Reparadoras: garantizar la responsabilidad de quien provoque daño ambiental.
Correctivas: actuar ante la crisis climática mediante el principio de precaución.
Los principios claves del derecho ambiental se conocen como:
Principio de Prevención: obliga a las autoridades a tomar medidas de protección ambiental incluso si no existe certeza científica absoluta sobre los riesgos de una actividad.
Principio de no regresión: prohíbe reducir los niveles de protección ambiental ya alcanzados por el Estado, exigiendo una mejora continua.
Principio In Dubio Pro Natura: establece que, en caso de duda sobre el impacto ambiental, siempre debe prevalecer la protección de la naturaleza sobre otros intereses.
Principio de participación ciudadana: garantiza que los ciudadanos tengan acceso a la información y participen en la toma de decisiones sobre su entorno.
Principio de Responsabilidad: establece que quien contamine o dañe el medio ambiente debe asumir la reparación del daño.
Estos principios buscan la sostenibilidad, protegiendo los recursos para las generaciones presentes y futuras, reconociendo la interdependencia entre la salud humana y la integridad de la naturaleza.
Si bien las leyes se tornan un poco complicadas para quien no las entiende, la diferencias entre reglamento, ley o norma ambiental se basan en estos principios; si realmente los aplicáramos, nuestro planeta sería mejor conservado.
Este derecho al medio ambiente sano es universal, único y con una importancia que no debemos dejar pasar.
