Hay una pregunta que la filosofía ha evitado con demasiada comodidad durante siglos: ¿a quién pertenece el agua? No en términos jurídicos, esa conversación ya la tienen los abogados y quienes manejan el negocio del agua, sino en términos ontológicos, morales, radicalmente humanos. ¿Puede algo que antecede a la civilización, a la especie, a la vida misma, pertenecer a alguien? Hoy, en el marco del Día Mundial del Agua, esa pregunta ya no es académica. Es urgente. Es, en el sentido más estricto de la palabra, una cuestión de vida o muerte.
Cuando René Descartes separó al sujeto del objeto, al pensador del mundo pensado, nos regaló la modernidad y, con ella, una trampa epistemológica de consecuencias civilizatorias: la naturaleza como recurso. No como sujeto de derechos, no como condición de posibilidad de la existencia, sino como materia disponible para la voluntad humana. El agua, en esa lógica cartesiana, es H₂O: una fórmula, un insumo, una mercancía. Durante tres siglos hemos operado desde esa premisa. El resultado está a la vista, o más bien, está desapareciendo ante nuestros ojos.
Más de 2,200 millones de personas en el mundo carecen hoy de acceso a agua potable segura. Los acuíferos que tardaron millones de años en formarse se agotan en décadas. El Lago de Chapala, el Mar de Aral, el Río Colorado: cuerpos de agua que fueron civilizaciones enteras, reducidos a cicatrices geográficas.
Y aquí, en Zacatecas, en el semidesierto que habitamos con una soberbia que debería avergonzarnos, los mantos freáticos ceden mientras la minería bebe y bebe sin rendir cuentas a nadie. No es descuido. Es una decisión sostenida en el tiempo, y las decisiones sostenidas en el tiempo tienen un nombre: política. Tienen también otro nombre: responsabilidad.
La bioética nació para pensar los límites de la intervención sobre la vida. Pero su horizonte se ha ido expandiendo, necesariamente, hacia la vida en su conjunto, y aquí está su aportación más radical al debate hídrico: el agua no es sólo un derecho humano, es la condición de posibilidad de todo derecho. No puede haber dignidad sin hidratación. No puede haber salud sin saneamiento.
No puede haber justicia social en un territorio donde el acceso al agua está mediado por el dinero, la geografía o la etnia. Cuando una comunidad indígena en la Sierra Madre pierde su manantial por la expansión de un proyecto extractivo, no se viola un artículo de una ley: se viola la condición misma de su existencia como pueblo.
Hans Jonas, el filósofo que nos legó el principio de responsabilidad, lo dijo con total claridad: tenemos obligaciones hacia el futuro aunque el futuro no pueda reclamárnoslas. Las generaciones que vendrán no tienen voz en nuestros congresos, no votan, no protestan. Y sin embargo, somos sus fiduciarios. Cada acuífero que agotamos es una deuda que no podrá pagarse, contraída en silencio con quienes aún no pueden protestar porque todavía no nacen.
En 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Fue un momento histórico y fue, también, insuficiente. Porque mientras los tratados declaran derechos, los mercados los desmienten. Las empresas transnacionales del agua operan bajo una lógica impecablemente racional desde el punto de vista capitalista: el agua vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella.
Lo que esa lógica no puede procesar es que hay quienes no pueden pagar nada, y que su sed no es menos real por eso. La filósofa Vandana Shiva lo ha llamado el fascismo del agua: la apropiación privada de un bien que es, por naturaleza, de todos y de nadie. El agua no tiene patria, no respeta fronteras, no reconoce títulos de propiedad. Cae del cielo con una democracia que nosotros nos hemos encargado de pervertir.
De ahí la idea incómoda que propongo: no podemos hablar de crisis hídrica sin hablar de crisis moral. El agua no se está acabando por accidente. Se agota por decisiones: de gobiernos que priorizan la rentabilidad sobre la sustentabilidad, de industrias que externalizan sus costos ambientales, de sociedades que normalizaron el desperdicio como símbolo de prosperidad.
Cuidar el agua es, en este sentido, un acto político y ético al mismo tiempo. Es reconocer que nuestra libertad termina donde comienza la sed del otro. Que el río que atraviesa nuestra ciudad no nos pertenece: lo habitamos, lo usamos, lo atravesamos, pero estamos obligados a devolverlo. Los griegos tenían razón en algo: el bien común no es la suma de los bienes individuales. Es algo cualitativamente distinto. El agua es, quizás, el ejemplo más puro de esa idea: nadie puede poseerla realmente porque todos la necesitamos absolutamente.
Hoy, mientras el calendario marca el Día Mundial del Agua con la puntualidad inútil de los rituales vacíos, 2,200 millones de personas esperan. Los ríos subterráneos de Zacatecas esperan. Los niños que aún no han nacido esperan. La pregunta no es si podemos resolver la crisis hídrica; técnicamente, podemos. La pregunta es si estamos dispuestos a querer hacerlo: a renunciar a la comodidad del olvido, a exigir a nuestros gobiernos que gobiernen para la vida y no para el Capital, a reconocer que en cada gota de agua que desperdiciamos hay una decisión ética encubierta de hábito.
Tales de Mileto dijo en el siglo VI antes de Cristo que el agua es el principio de todas las cosas. Veintiséis siglos después, seguimos sin escucharlo. El agua no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella. Y ya es tiempo de que lo recordemos antes de que sea demasiado tarde para recordar cualquier cosa.
