Reza un viejo dicho: «divide y vencerás«. Y sí: finalmente sacaron el cobre productores de frijol que llevaban más de cinco meses en manifestación por ser relegados del programa Precios de Garantía ante un voraz coyotaje institucional. Pero finjamos sorpresa.
Ya desde el pasado 7 de mayo, cuando las y los productores irrumpieron en el Pleno de la 65 Legislatura y comenzaron la toma del Congreso del Estado (y otras instituciones federales y estatales), había la sospecha de que en las protestas se habían colado otros intereses.
No pasó mucho tiempo para confirmar esta intromisión cuando se anunció la intermediación del alcalde capitalino Miguel Varela y la supuesta oferta de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, para comprar el grano a los manifestantes inicialmente a 20 pesos el kilo, que luego dijeron que no, que sería a 14 pesos (o sea, un costo más bajo que la segunda oferta de Alimentación para el Bienestar).
Luego vinieron las detenciones arbitrarias y la brutalidad policiaca del pasado 9 de mayo, detenciones cuyos protagonistas fueron los hermanos Isaías y Abraham Castro Trejo, que luego capitalizaron el respaldo social en la megamarcha del 11 de mayo.
En apariencia, ambos líderes parecían encabezar una lucha legítima con demandas justas que en mucho se justificaban ante la opacidad de la autoridad federal, pero también con evidencias de coyotaje institucional a manos de servidores públicos y representantes populares a quienes, al día de hoy, no se les ha tocado ni con el pétalo de un expediente de investigación.
Sin embargo, todo lo anterior sugería otro escenario: si los hermanos Castro Trejo ya habían dado visos de ser corrompibles (porque vaya manera de hacerle juego a los panistas), también eran el eslabón más frágil para neutralizar las manifestaciones.
De hecho, la última minuta de acuerdos firmada en la madrugada del 20 de mayo entre productores y autoridades federales dejaba serias dudas respecto a la aparente solución al conflicto.
De acuerdo con el documento dado a conocer, este 25 de mayo se cumple el plazo para el acopio de unas 2 mil toneladas del grano que se pagarán a 27 pesos el kilogramo, y el próximo 1 de junio es el plazo para otras 75 toneladas de otras variedades.
Pero el beneficio no sería generalizado. Según la minuta, sólo se recibiría el grano de las personas cuyo nombre apareciera en «las listas» que se adjuntaban en el documento, pero que curiosamente no se dieron a conocer. Y hablamos de unos 300 productores, aproximadamente.
En particular, desde este espacio hacíamos énfasis en la importancia de transparentar no sólo los padrones de beneficiarios durante el 2025 y las 98 mil toneladas acopiadas con el programa federal; o las personas beneficiadas con el costo de 16 pesos por kilo para acopiar unas 10 mil toneladas de frijol negro y pinto (según las reglas de operación publicadas el 1 de mayo); sino también que se transparentaran los apoyos entregados incluso entre las y los productores que mantenían su manifestación en los últimos meses.
Y alguien (no se sabe si del gobierno federal o estatal) entendió que para vencer hay que dividir. Y si alguien ya había dado muestras de ser corruptible, ahí estaba su área de oportunidad, como se confirmó este fin de semana en el municipio de Calera, donde los hermanos Castro Trejo fueron el centro de las acusaciones porque en las dichosas listas de la minuta de acuerdos (que nunca se dieron a conocer) no figuraban todas y todos los productores que habían participado en las manifestaciones.
Hoy los hermanos Castro Trejo se dicen víctimas de una campaña de golpeteo orquestada desde la «nueva gobernanza». ¿Pero quién se dejó corromper primero?
Lo más lamentable es que, luego de lo ocurrido en Calera (que era predecible, viendo los antecedentes), no sólo afectaron en lo inmediato a las y los productores relegados de las listas de la última minuta de acuerdos; también deslegitiman una lucha que contaba con todo el respaldo social y que, como rara vez ocurre, aglutinó el respaldo de todos los gremios en Zacatecas. Pero, pues, cada quién…
Entes públicos omisos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer recientemente la actualización de sus listas (oooootras listas) de contribuyentes inclumplidos, de acuerdo con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Y hay sorpresas.
Porque en la lista correspondiente a Entes Públicos y Gobiernos Omisos, tan sólo en la actualización del mes de abril, figura la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que no ha enterado sus impuestos a la Federación en el último periodo reportado.
El tema no es menor, considerando que este martes será el último informe de actividades de Jenny González Arenas antes de ceder la secretaría general del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) a Carlos Aréchiga, y luego de las recientes declaraciones del rector Ángel Román donde daba a conocer que el adeudo histórico con el ISSSTE crecía 3 millones de pesos por día.
Pero no es el único caso en las listas de contribuyentes inclumplidos del SAT. En la última actualización, también de Entes Públicos y Gobiernos Omisos, figuran los Ayuntamientos de Pinos (MORENA), Trinidad García de la Cadena (PRI), Río Grande (PRI) y Luis Moya (PVEM), todos con dos periodos consecutivos.
Ojalá no sigan el ominoso ejemplo de Sombrerete que ante estas omisiones, ya desde hace rato que tienen la soga al cuello en sus obligaciones financieras. Y se ve difícil que salga de esa situación en el corto plazo. En fin…
