Un año y medio después, en el olvido quedó aquella reunión del 19 de noviembre de 2024 a la que se denominó «Tercera Sesión 2024 de la Agenda Nacional de Coordinación de Derechos Humanos» y que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Porque en aquella reunión con secretarios de gobierno de todo el país (incluyendo Zacatecas) se puso énfasis en la aplicación del Protocolo de Atención a manifestantes en vías primarias y el Protocolo de Prevención de Violencias en Manifestaciones, impulsados por Claudia Sheinbaum cuando fungía como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
E incluso se integró lo que llamaron «Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social» que pretendían enriquecer para así diseñar un «Protocolo Tipo» que sirviera para todo el país.
Dicha reunión fue posterior a la brutalidad policiaca documentada en Zacatecas durante la marcha conmemorativa del 8 de Marzo de 2024 en el marco del Día Internacional de la Mujer que contrastaba no sólo con el denominado «Año de la Paz», sino también con el inicio de la estrategia de posicionamiento sobre la reducción de homicidios dolosos que pretendían que impactara en una mejora en la percepción de seguridad.
Sin embargo, este 9 de mayo de 2026 marcó un parteaguas y, quizá, la crisis más profunda para la «nueva gobernanza». Porque los actos de represión a la protesta de productores de frijol en las inmediaciones del Multiforo (a propósito del concierto de Ricardo Montaner con motivo del Día de las Madres) fue más allá: hoy el estado ya no sólo violenta a quienes protestan, sino también a quienes apoyan las protestas. Pero sería muy injusto atribuir el problema únicamente a la «nueva gobernanza».
Desde finales de 2025, productores de frijol zacatecanos denunciaban una especie de coyotaje institucional en el que se acusaba a diversos sevidores públicos y actores políticos de estar involucrados para favorecer a unos cuantos con el programa de Precios de Garantía.
Desde entonces han sido constantes las manifestaciones con todo y el bloqueo de vialidades por parte de productores y productoras que han sido relegados del programa. Y por más que han tocado puertas, no hay institución que resuelva.
Ante los oídos sordos de la Federación, los únicos interlocutores entre productores y el Gobierno de México han sido la Secretaría General de Gobierno que encabeza Rodrigo Reyes Mugüerza y la 65 Legislatura de Zacatecas. Pero su interlocución está amarrada de manos (y en alcunos casos viciada), pues la principal responsabilidad recae en la Federación y en nadie más.
El gran problema es que a nivel federal no hubo espacio al diálogo y mucho menos para la acción. Eso quedó claro con la última visita de María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, en la que no dio la cara a productores, pero sí dio un balance de cifras alegres para declarar un éxito el cierre del programa de Precios de Garantía 2025. Y a quien le cayó agua, le cayó agua, y a quien no, que Dios el ayude.
Evidentemente, se trata de un tema federal porque es un programa exclusivamente federal, no local ni mucho menos convenido o de coparticipación. Sin embargo, la Federación no se hace cargo de los errores, ni mucho menos corrige.
En consecuencia, se delega al estado la responsabilidad de asumir el costo de esa omisión federal, incluso sin tener injerencia en el programa federal (aunque eso también es cuestionable, pues se llegó a acusar a funcionarios estatales y hasta legisladores del oficialismo de participar en el esquema de coyotaje). Como quien dice: ahí que se arreglen y que se ahoguen solos.
Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque en medio de esta crisis no faltó el oportunismo político como el del diputado Carlos Peña o el del alcalde Miguel Varela, o los ataques particularmente dirigidos al secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, en la antesala del proceso electoral 2026-2027, pero que también tiene muchos cuestionamientos que responder.
Por encima de todo, queda claro que en esta crisis con productores de frijol no existe la coordinación interinstitucional, pero tampoco entre niveles de gobierno. Y al final nadie se hace responsable de los errores que originalmente son de la Federación.
Recordemos que son más de 15 mil 300 millones de pesos de desfalcos en una SEGALMEX entonces encabezada por Ignacio Ovalle, durante cuya gestión se sirvió con la cuchara grande (y se sigue sirviendo) un tal Ángel Olais, hoy responsable del acopio de frijol y principal acusado de coyotaje institucional. Y de todo ello no ha habido consecuencias, mucho menos para servidores públicos y legisladores federales involucrados, cuya sanción estaría en manos de la Secretaría de la Función Pública o dependerían de un juicio político ante la 65 Legislatura.
Hasta antes de los actos de represión del pasado 9 de mayo, la ruta jurídica para las y los productores habría sido la denuncia por actos de corrupción de servidores públicos y la solicitud de juicio político contra legisladors involucrados.
No obstante, tras la protesta de este fin de semana y la brutalidad policiaca (que ya parece característica en esta «nueva gobernanza»), a esta ruta se suman las denuncias por abuso de la fuerza policial, lesiones y lo que resulte, así como las quejas correspondientes ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) por violación a sus derechos humanos, valga la redundancia.
Y aún así, seguiríamos como al inicio: con una Federación omisa que no asume el costo de sus omisiones, pero tampoco parece dispuesta al diálogo ni los acuerdos, mucho menos para sancionar a los responsables de estos errores. Y las y los productores seguirían sin solución.
Por lo pronto, merece especial reconocimiento personal de la CDHEZ que en todo momento acompañó a las víctimas de la represión de este 9 de mayo, lo mismo que periodistas y ciudadanía que documentó en el momento las agresiones.
Más que apagar la llama, la represión de este fin de semana avivó la lucha y se ha convocado a una Megamarcha de protesta este lunes a las 10 de la mañana partiendo de diversos puntos de la zona conurbada, una marcha a la que se han sumado productores de diversas regiones, asociaciones, colectivos feministas, sindicatos, mineros, jóvenes universitarios y, por encima de todos, zacatecanas y zacatecanos que ven tremenda alerta en el hecho de que ya no sólo se violenta a quienes protestan, sino también a quienes apoyan las protestas.
En medio de esta coyuntura, no hay que olvidar lo más importante: las y los responsables ya se van. No sólo porque es el final de un sexenio fallido. Ya se van quienes pretenden contender en el próximo proceso electoral y, para aspirar a una candidatura, deberán separarse del cargo con antelación. Pero, pues, cada quién… porque la lucha sigue.
