Tiro por viaje, la Capital del estado se ha vuelto escenario de disputas entre el oficialismo y la oposición, a veces con discusiones baratas y un bajo nivel argumentativo, muy en sintonía con el préambulo del proceso electoral 2026-2027.
Bien curioso que el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo se sigue desgastando en el pleito con el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, cuando éste apenas aspira a una candidatura a la presidencia municipal mientras el primero, dicen, juran y perjuran, que es el cambiotan anhelado para el relevo en la gubernatura. Pero, pues, cada quién…
El nuevo pleito fue porque, a través de sus redes sociales, el panista calificó al secretario de Gobierno como «pepenador», en una expresión que no sólo deja ver el clasismo del albiazul, sino que también ratifica la pobreza argumentativa pare demostrar que su gobierno municipal sí está cumpliendo con sus obligaciones.
No hay que ir muy lejos para saber qué exigir a cada cual: Reyes Mugüerza tiene facultades y obligaciones específicas establecidas en el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de zacatecas. Mientras Valera Pinedo está sujeto a las disposiciones del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas.
Y mientras el segundo al mando en la «nueva gobernanza» vaya que ha aguantado tener que dar la cara ante cada crisis en la actual administración (y no han sido pocas), quien gobierna la Capital (eso dice él) parece que vive montado en su macho y con su característica mecha corta, se rehusa a la crítica para corregir lo que haya que corregir en su administración.
De hecho, el pretexto, la excusa, han sido síntoma distintivo del gobierno panista, más caracterizado por la improvisación, la falta de proyecto e identidad, los gastos onerosos e innecesarios, la opacidad, la mentira y las sospechas de desvío de recursos, más que ofrecer soluciones a las probelmáticas que viven día a día las y los capitalinos.
Ya en otros momentos, en este y otros medios de comuniación, se han dado a conocer diversas irregularidades que han marcado la administración de Varela Pinedo, desde la opacidad al no cumplir con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información; contratación de servicios y compras (que a menudo no tienen justificación) a costos inflados, una nómina obesa e improductiva, turismo institucional con cargo al erario (sin resultados contantes y sonantes), y por encima de todo, el incumplimiento a sus obligaciones constitucionales.
Ya si a lo anterior le quiere agregar sus expresiones clasistas o misóginas (incluso incurriendo en violencia política en razón de género, como aquella vez que dijo que instruyó a su esposa la diputada Karla Estrada votar en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos del Estado), pues tenemos un bonito aspirante a la candidatura a la gubernatura.
Ahora que si nos ponemos a analizar la eficiencia en la planeación del gasto público en el municipio, preocupa la disposición de los recursos que ha debilitado el cumplimiento de obligaciones constitucionales.
Por ejemplo, al comparar el Presupuesto de Egresos 2025 y 2026 para el municipio de Zacatceas, llamaría la atención el incremento en el Capítulo 1000 correspondiente a Servicios Personales, pues en un año la nómina se habría incrementado en 48 millones 906 mil 579.03 pesos, es decir, un crecimiento de casi 10.5% en el último año.
Sin embargo, al revisar a detalle cada partida, vemos que las remuneraciones al personal de carácter permanente tuvieron un recorte de 3 millones 665 mil 466.82 pesos (-1.69%), mientras las remuneraciones al personal transitorio o eventual crecieron en 9 millones de pesos (es decir, un 300%, así como lo lee).
De hecho, el principal incremento en el Capítulo 1000 correspondió a la partida de Seguridad Social, que aumentó en 49 millones 610 mil 984.44 pesos (50.59%) en el último año.
En cambio, se aprecian limitaciones presupuestales para el cumplimiento en la prestación de servicios municipales. Por ejemplo, en el Capítulo 2000 correspondiente a Materiales y Suministros, en el último año la Capital redujo la asignación en 38 millones 639 mil 494 pesos (-38.21%).
En el Capítulo 3000, correspondiente a Servicios Generales, la asignación se incrementó en apenas 18 millones 248 mil 29.08 pesos (12.47%). Y el Capítulo 6000, relativo a Inversión Pública (y que mucho incide en garantizar los servicios públicos), la asignación se incrementó en apenas 5 millones 160 mil pesos (un 28.66%).
Así que, en buena medida, tiene razón el secretario Rodrigo Reyes al cuestionar decisiones presupuestales que han impactado en un deterioro en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, un cumplimiento que iría más allá de las limitaciones presupuestales porque también requeriría de voluntad y eficiencia administrativa para garantizar los servicios públicos que demanda la población.
Que Miguel Varela se concentre nada más en desestimar la crítica del (aún) funcionario estatal y haga oídos sordos a lo que demanda la población (que básicamente es lo mismo), ya dice mucho de quien aspira a gobernar el estado de Zacatecas. Dicen que «hay quien se monta en un ladrillo y se marea«, nada más que a veces no es ladrillo, sino un adobe que se desmorona a la primera lluvia. Pero, pues, cada quién…
Eso sí: que Rodrigo Reyes cuestione los contratos inflados para el arrendamiento (y no adquisición) de vehículos en el municipio también le obligaría a cuestionar el mismo esquema en la «nueva gobernanza», como hemos demostrado en varias ocasiones en este espacio. O todos coludos, o todos rabones…
